Otra de las vetas que los cárteles latinoamericanos de las drogas explotan es la minería ilegal, en la que también causan daños económicos, sociales y ambientales; el fenómeno aún no recibe la atención debida de las autoridades.
Golpeados
en sus principales actividades delictivas, los cárteles mexicanos y colombianos
del narcotráfico han puesto la mira en una nueva fuente de financiamiento: la
minería ilegal para extraer oro y otros minerales en todo el continente
americano, y fabricar de manera ilícita explosivos.
Lo mismo
en México que en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Panamá, esta nueva faceta de
los capos de las drogas se ha ido expandiendo de manera sigilosa y contundente,
por lo que las autoridades de cada una de estas naciones ha comenzado a
intercambiar información de inteligencia con el fin de cerrarle el paso a esta
nueva fuente de recursos millonarios.
En
entrevista con M Semanal, el general José Roberto León Riaño, director general
de la Policía Nacional de Colombia, aseguró que el flujo de información ha
permitido detectar el modus operandi de los cárteles de las drogas en este
nuevo rubro. El 12 de junio pasado, al darle posesión de su encomienda, el
presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió al general León “ponerse las
pilas para combatir este nuevo frente que ha abierto el crimen organizado en
cuanto a la explotación de la minería ilegal”.
En la
entrevista con este semanario, realizada en las instalaciones de la Escuela de
Cadetes de la Policía General Santander, ubicada al sur de Bogotá, León Riaño
sostuvo que en el tema de seguridad nacional e internacional “ahora tenemos
unos nuevos retos… cortarle esa fuente de financiación que cada día crece y que
es la minería ilegal”.
Y es
que, comentó, una vez que la era de los grandes capos quedó en el pasado y en la
medida en que hay menos recursos derivados del narcotráfico, “los ilegales
buscan nuevas fuentes para financiarse, y algunas de ellas son la extorsión y
la minería ilegal; ése es nuestro gran reto, nuestro gran desafío. Sabemos que
la barrera está alta, pero vamos a superarla con creces”.
Este
general —quien realizó estudios en el Colegio Interamericano de Defensa (CID)
de Estados Unidos, realizó una Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica del
CID en la Universidad de El Salvador, en Argentina, y un diplomado en Alta
Gerencia de la Universidad de los Andes, Colombia— asegura que ya se tienen
ubicadas las regiones del continente americano en donde los narcotraficantes se
dedican a exlotar este nuevo rubro.
Debido
al intercambio de información, se sabe que, por ejemplo, la minería ilegal en
Perú se realiza sin control ni regulación social por parte del Estado peruano,
particularmente en regiones como Madre de Dios, Puno y la Libertad. Se trata de
lugares de difícil acceso, zonas remotas, lo que hace fácil la operación de los
cárteles de las drogas debido a que no hay actividad policial permanente y
mucho menos un proceso de fiscalización en cuanto a la práctica de la minería
de gran escala y hasta artesanal.
Tanto en
Perú como en Ecuador, Colombia, Brasil y Panamá, el crimen organizado ha
logrado integrar a los habitantes y trabajadores de esas minas, ofreciéndoles
apoyo económico y maquinaria de punta, lo que coloca a estas personas en
verdadero estado de indefensión.
Además
del oro, uno de los principales objetivos del crimen organizado es producir de
manera ilícita explosivos, para engrosar el arsenal de armas con que cuentan
los delincuentes que hacen frente a las corporaciones policiales y militares.
Tan sólo
en Perú, cada año las autoridades policiales decomisan cientos de cartuchos de
dinamita que la mafia oculta en viviendas lejanas a poblaciones, y que no sólo
son utilizados para sostener la guerra en contra de los ejércitos y las
policías del continente, sino también para extraer de manera ilegal oro y
cobre.
Por si
eso fuera poco, los cárteles, al explotar las minas de manera ilegal, lo hacen
con poca recuperación y un alto grado de depredación de las mismas, pasando por
alto el cuidado al medio ambiente. Cuando agricultores, ganaderos y otros
sectores que viven en la periferia de esos lugares explotados por el crimen
organizado, han buscado manifestarse en contra del daño ambiental que se
genera, han sufrido represalias que han llegado incluso hasta la muerte. Todo,
pues, bajo el control y dominio absoluto de los capos de la mafia, que en esta
nueva faceta hacen uso de microextractores ilegales que utilizan cianuro,
mercurio y elementos químicos, sin reparar en las normas y protocolos de
protección al medio ambiente.
Esa
situación ha llegado a tal extremo que José Antonio Málaga, presidente de la
Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riesgo del Perú, ha considerado
que las áreas afectadas por la minería ilegal deberían ser declaradas en
desastre natural debido a la “explotación insensata”, que genera contaminación
de ríos subterráneos y zonas verdes. Aunado a ello, refiere Málaga en un
estudio de investigación sobre esta nueva faceta del crimen organizado, se está
“desintegrando lenta y contundentemente el proceso productivo”.
Esta es
parte de la radiografía con que cuentan altos mandos castrenses de México,
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, principalmente, países en donde la
vorágine del crimen organizado por allegarse recursos ilegales no tiene reparo.
En esos reportes de la inteligencia militar que se han constituido en un solo
Comando, salvaguardando las respectivas soberanías de sus países de origen, los
militares indican que toda el área de explotación ilegal de minerales se
constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema, que pone en
riesgo la integridad y la salud de las personas.
También
refieren que la minería ilegal en donde el narcotráfico ha hundido sus dientes,
ocurre como consecuencia de problemas socioeconómicos. Como ejemplo de ello,
diversos estudios de sociedades de investigación indican que la agresiva
expansión de esta actividad registrada en los últimos años, ha sido alentada
por la falta de empleo en el área rural, situación que es aprovechada por el
crimen organizado para hacer de las suyas, ya que aprovecha la ausencia del
Estado para actuar al margen de la ley y para volver a estadios de esclavitud
no sólo de personas adultas, sino también de niños y niñas.
SEPULTADOS
Y DESAPARECIDOS
Del
intercambio de inteligencia militar se desprende que la minería ilegal logra
integrar verdaderos ejércitos de familias que, en forma directa o indirecta, se
relacionan con esa actividad pero sin sguridad social alguna, y mucho menos con
un sistema de salud, misma que se ve perjudicada por carecer de estándares de
protección al trabajador. Esas personas, adultas y menores de edad, pueden
perecer sepultadas y abandonadas bajo tierra, ya que para los “patrones” estos
peones no existen en ningún registro oficial, además de que los llamados
“campamentos” en que sobreviven son hechos de carpas de plástico, cartón,
follaje y troncos.
Adicionalmente,
la comida que ingieren tampoco es balanceada, lo que les genera un estado de
desnutrición aguda. Peor aún: al realizar ese trabajo forzado, las personas
están a merced de derrumbes, deslizamiento de rocas y otros riesgos propios de
esta actividad. Por ejemplo, en Perú el Estudio de Investigación de la Minería
Ilegal estima en 60 mil el número de familias que laboran para el crimen
organizado, que producen anualmente al menos 24 toneladas de oro que van a
parar al mercado negro, ya sea para su venta directa o para canjearlo por
armamento y tecnología de punta. El mismo estudio valora su monto en 500
millones de dólares, de los cuales el Estado peruano no percibe un solo centavo
por concepto de impuestos.
Más aún,
la minería ilegal también está provocando grandes movimientos de tierras como
consecuencia de la extracción ilegal de los recursos mineros, lo que afecta la
topología de las zonas en donde se practica esta actividad ilícita, provocando
la alteración de ecosistemas y la pérdida de hábitat para algunas especies. Por
si fuera poco, en las zonas mineras se han creado infames prostíbulos, en los
que impera la explotación sexual infantil.
En la
radiografía continental, el Comando militar ha detectado que la mayoría de las
rutas utilizadas por el contrabando de armas, de personas y de drogas,
coinciden con la mayoría de las zonas de explotación minera ilegal. Para hacer
frente a este escenario, las naciones referidas han comenzado a reforzar el
intercambio de información en el ámbito militar con el compromiso de proteger
sus respectivas fronteras de este nuevo ilícito internacional.
Se trata
de reuniones como la tripartita entre los jefes de los Estados Mayores de las
Fuerzas Armadas de Brasil, Colombia y Perú, celebrada el 29 de mayo pasado en
Manaos. “La palabra clave es cooperación”, dijo el anfitrión del encuentro, el
jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Carlos De
Nardi, quien sostiene que el apoyo mutuo entre las naciones es fundamental para
que Sudamérica pueda encontrar las soluciones a amenazas comunes, en especial
en la zona de la frontera.
Tanto en
ese encuentro como en otros, según León Riaño, la intención es fortalecer el
intercambio de inteligencia. Además de esto, el almirante peruano José Cueto
Aservi ha propuesto la implementación de programas de entrenamiento conjunto en
sectores como el de innovación tecnológico-militar, operaciones especiales (del
tipo de reconocimiento y combate nocturno) y en los sistemas de simulación.
El
general Barrero Gordillo, en representación de Colombia, ya había mencionado la
importancia del intercambio para el mantenimiento y la revitalización de los
equipamientos militares, como los vehículos brasileños Urutu y Cascavel, que se
utilizan en su país, además de la necesidad de contar con medios que
posibiliten el intercambio de la información “en tiempo real”.
Al
debatir algunas de las ideas presentadas, el general De Nardi recordó que el
tratamiento de cuestiones de seguridad en las fronteras no se limita a la
actuación de las Fuerzas Armadas, y que un abordaje más amplio para tratar los
problemas que hay que enfrentar implica la participación de otros actores
institucionales, como los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia,
en el caso de Brasil.
MICHOACÁN
Y LA FAMILIA
México
no es ajeno a este nuevo fenómeno que alientan los cárteles de las drogas.
Según reportes de la Procuraduría General de la República (PGR), se han ubicado
zonas de minería ilegal, como en Michoacán en donde proliferan el fierro, oro,
cobre, plata y zinc, minerales que son extraídos de forma ilegal principalmente
por el cártel de la Familia Michoacana que luego envía a China, con ganancias
de hasta 42 millones de dólares anuales.
“El robo
de mineral en la zona es una actividad que se ha venido acrecentando en los
últimos años”, ha referido la PGR en algunas respuestas a través de la Ley de
Acceso a la Información. La dependencia federal ha registrado que de 2008 a la
fecha inició siete averiguaciones previas por robo de cargamentos a mineras del
país que el crimen organizado hurta para luego vender y posteriormente lavar el
dinero; incluso el oro robado lo convierten en joyería fina que colocan en el
mercado negro.
El robo
de minerales en territorio mexicano ha sido reportado en los estados de Sonora,
Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas. La Asociación de Mineros de
Sonora informó a M Semanal que los costos de producción se han incrementado
hasta en 15 por ciento porque invierten en más seguridad y transportación aérea
para blindarse, a grado tal que ya cuentan con grupos armados para hacer frente
al crimen organizado.
Para
comparar, es menester mencionar que en Colombia la producción de las cerca de
seis mil minas colombianas generó unos dos mil 400 millones de dólares en
utilidades en 2011, según el Instituto Colombiano de Geología y Minería. Sin
embargo, esta realidad presenta dos irregularidades: primero, la explotación
ilegal de yacimientos mineros, y segundo, el acoso de grupos terroristas a la
minería del país, especialmente de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia.
M
Semanal fue testigo, el 12 de junio pasado, de cómo el presidente Juan Manuel
Santos sostuvo ante las Fuerzas Armadas y policiales de Colombia, que “todos
tenemos que ser muy firmes en combatir la minería ilegal que está siendo, en
buena forma, controlada por los grupos al margen de la ley”.