Este tipo de iniciativas dan la impresión de recursos aislados y de poca eficacia para combatir la inseguridad ciudadana. Ante momentos críticos por el azote delictivo, surgen respuestas aisladas que apelan, en el plano legal, al endurecimiento de las penas y otras medidas como cambiar la caducidad de la prisión preventiva o restringir las medidas sustitutivas a esta prisión o, en el plano inmediato represivo, se responde con la presencia de militares en las calles para controlar la delincuencia o de fuerzas especiales de la Policía o recursos como el que se empieza a aplicar para capturar a los delincuentes más buscados. Sin embargo, no conoce la ciudadanía un plan estratégico integral eficaz contra la inseguridad.

En los últimos 20 años, los homicidios se han duplicado en el país, como señaló Philip Alston, el relator de la ONU que examinó las ejecuciones extrajudiciales: en 1990 se registraron 10,3 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2009 ese registro fue de 18,7 y los estimados para 2010 sugieren un incremento a 20. Al aumento de los homicidios, se suman tanto el mayor número de delitos contra la propiedad como el aparecimiento de delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, como los secuestros y sicariato. Además, la mayor violencia y audacia criminal genera una percepción mayor de inseguridad. Frente a todo ello, la experiencia del fracaso o los poco eficaces resultados de las medidas parciales y aisladas que se adoptan y de declaraciones de emergencia policial, incrementos de presupuestos, inducen a mirar con desconfianza y escepticismo cuestionadas estrategias represivas, mientras no se responda con una política integral de seguridad.