Estos datos se suman a aquellos que dicen que el 51,3% de la PEA está en el desempleo y arrojan el duro número: 2 778 400 ecuatorianos no tienen trabajo formal.

La cifra indica que el impacto de la contracción económica surtió su efecto negativo.

Los datos ya no sirven para comparar la situación en el tiempo, puesto que en 2007 se cambió la metodología. El resultado arroja la poca efectiva reactivación económica anunciada y las flaquezas de un modelo que el Gobierno no acaba de definir, sus autoridades de explicar y sus ejecutores de aplicar.

Nadie sabe si hay una economía abierta o una tendencia a buscar más preponderancia del Estado. Nos dijeron desde la cúpula del poder que la reactivación vendría por un mayor protagonismo del Estado en los procesos. La fórmula era dinamizar la economía desde el aparato del poder público.

Lo cierto es que para que una economía funcione se debe alentar la inversión interna y extranjera, es indispensable generar confianza, garantizar seguridad jurídica y no ahuyentar capitales sino atraerlos. 

Es preferible contar con un manejo tan austero como pulcro de los gastos oficiales sin derroche ni clientelismo ineficaz, de aquel que da votos pero que, después de la espuma, deja una estela: pobreza.

Se trata de un tema pendiente para el Gobierno.