Croacia se convierte hoy en el socio número 28 de la Unión Europea (UE). Desde una perspectiva histórica esta nueva adhesión confirma la existencia de una persistente demanda de Europa, un factor estimulante para los alicaídos ánimos de una ciudadanía atrapada por la recesión y el aumento del desempleo. Todo indica que hay más fe en Europa fuera de ella que dentro de sus confines.

La adhesión de Croacia se produce a los diez años de que esta la hubiera solicitado. Tan largo período preparatorio debería acreditar que la preparación del segundo miembro balcánico de la Unión, tras Eslovenia, lo ha dejado perfectamente equipado para asumir los costes de integración económica a un marco más amplio y dinámico, como el europeo.

Para la Unión que le recibe, esta octava operación de ampliación no presenta problemas económicos dado el limitado tamaño de la economía absorbida. Constituye más bien un reto político, el de adaptar sus hechuras institucionales a un socio nuevo.

Simultáneamente, el Consejo Europeo de la semana pasada decidió abrir las negociaciones de adhesión con Serbia, una vez diluidas sus actitudes autoritarias respecto a Kosovo, así como el inicio de la discusión con este nuevo Estado de cara a integrarlo en el Pacto de Asociación UE-Balcanes.

Estas novedades aconsejan que, antes de que culmine cualquier proceso adicional de adhesión, la UE se plantee el grado de madurez real de los candidatos, que debe ser muy superior al exhibido —cuando ya están dentro— por Hungría, Rumanía o Bulgaria: no es cierto que los déficits democráticos o económicos de los Estados miembros corran todos a cargo de los nuevos adheridos de Europa del Este, ahí destacan por ejemplo las distorsiones al Estado de derecho provocadas por el berlusconismo o los repentinos brotes xenófobos en Francia o el Reino Unido. Pero también es cierto que las debilidades institucionales de los nuevos miembros, ya sea en el vector constitucional, en el sistema judicial o en el tratamiento a las minorías, suelen resultar más enquistadas y de mayor profundidad. Y la Unión debe proponerse también una reflexión sobre los efectos de la ampliación en la funcionalidad de sus instituciones, en aras de incrementarla.

La perspectiva de integrarse en la UE opera en los países candidatos como un acicate para su liberalización política y su modernización económica, como se ha comprobado ampliamente en el caso de Turquía, en un doble sentido: a más cercanía de la UE, mayores progresos; a más lejanía, retrocesos. Pero Europa debe pensar también en sus intereses. Y el primero de ellos, porque de lo contrario desaparecería, es evitar la complicación de sus procesos de decisión. Cualquier nueva ampliación debería ir acompañada, o precedida, de la supresión general del requisito de unanimidad en votaciones clave, puesto que el derecho al veto paraliza las decisiones de un club con tantos socios.