Así las cosas, sería de suponer que los políticos más importantes presentarían sus respectivas declaraciones juradas antes de la fecha estipulada, aunque sólo fuera para ahorrarse polémicas que podrían perjudicarlos. Sin embargo, parecería que los integrantes del gobierno nacional, encabezados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, creen que les convendría más que la ciudadanía no supiera el estado actual de sus finanzas particulares hasta después de las primarias del 22 de agosto, motivo por el que la Oficina Anticorrupción les ha otorgado una segunda prórroga. Como era de prever, distintos voceros opositores no han vacilado en aprovechar la oportunidad para echar más dudas sobre la honestidad de la presidenta. Según el diputado nacional de la Coalición Cívica, Carlos Morán: "Postergaron la fecha de declaración de bienes porque Cristina está escondiendo la herencia escandalosa de la corrupción". Dadas las circunstancias, tales sospechas son lógicas ya que, si bien a fines del 2009 el juez Norberto Oyarbide falló que el matrimonio Kirchner no violó la ley para hacer crecer más del 700% su patrimonio conjunto en los siete años anteriores, otros siguen convencidos de que el cambio se debió a algo más que la innegable habilidad financiera de la pareja santacruceña. Por lo demás, no es ningún secreto que a partir de mayo del 2003 muchos personajes relacionados con los Kirchner se hayan transformado en aunténticos magnates merced a las ventajas que les ha supuesto su proximidad al poder.

Con todo, es poco probable que el escandalete motivado por la actitud sumamente comprensiva de la Oficina Anticorrupción incida mucho en la campaña electoral que está en marcha. Puede que muchos se sientan sinceramente preocupados por la desprolijidad, por decirlo así, de tantos personajes vinculados con el gobierno kirchnerista, pero a esta altura es legítimo suponer que a juicio del aproximadamente 40% que según las encuestas se ha propuesto votar por Cristina, el 23 de octubre, el tema carece de importancia, acaso porque da por descontado que todos los políticos son iguales y que por lo tanto sería injusto oponerse a uno determinado sólo porque le tocó aumentar de forma espectacular su patrimonio mientras estaba en el poder. En cuanto a la decisión de la Oficina Anticorrupción de permitirles a la presidenta y los miembros de su gobierno a esperar algunas semanas más antes de poner sus papeles en regla, la tomará por un detalle anecdótico. Asimismo, los comprometidos con el kirchnerismo se resistirán a atribuir la indignación de políticos como Morán y sus compañeros de la Coalición Cívica a la gravedad del asunto; desde su punto de vista, será cuestión de un esfuerzo desesperado de perdedores natos por descalificar a quienes parecen estar por conseguir otro triunfo aplastante.

La corrupción, lo mismo que la inflación, golpea con más fuerza a los pobres, si bien por lo común lo hace de manera indirecta al distorsionar el reparto de los recursos disponibles e impedir que la economía se diversifique lo suficiente como para generar más fuentes de trabajo adecuadamente remuneradas. No se trata sólo de un problema "ético", pues, sino también de uno práctico, ya que no cabe duda de que la corrupción endémica ha contribuido enormemente al atraso de nuestra economía y a la inequidad que es una de sus características principales. Pero aunque los más perjudicados por la cultura de la corrupción que se ha instalado en el país son los millones que perciben ingresos muy bajos, muchos se han habituado a minimizar su significado por suponer que es natural que políticos poderosos se las ingenien para enriquecerse, mientras que los hay que celebrarán las proezas en tal sentido de sus dirigentes favoritos imputándolas a su "viveza", cualidad que, lejos de parecerles indigna, merece su plena aprobación. Huelga decir que el que las víctimas principales de la corrupción formen el grueso del electorado populista brinda al gobierno un motivo adicional para mofarse de las denuncias que seguirán formulando distintos líderes opositores.