La intervención de YPF por el Estado nacional y el anuncio del proyecto de ley tendiente a imponer la confiscación del 51 por ciento de su patrimonio constituyen un nuevo avance sobre el sector privado de un gobierno que ha demostrado cabalmente su incapacidad para operar empresas comerciales.

Es, además, una fiel demostración del fracaso de la política en materia energética de los gobiernos kirchneristas, caracterizada por una clara falta de rumbo, evidenciada en la fuerte caída de la producción de gas y petróleo y en la pérdida del autoabastecimiento.

Hasta antes de las últimas elecciones presidenciales, la crisis energética no existía en el libreto oficial. Era apenas un invento de la prensa o una muestra de los intentos destituyentes de ciertos sectores críticos del Gobierno, de acuerdo con el relato gubernamental.

Sin embargo, la crisis era inocultable. Durante el año último, a título de simple muestra, la producción de petróleo crudo sólo alcanzó los 29,8 millones de metros cúbicos, cuando en 2003, año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, había sido de 43 millones de metros cúbicos.

La Argentina concluyó el año pasado con un déficit energético cercano a los 4000 millones de dólares, con exportaciones que cayeron en una cuarta parte e importaciones que crecieron más del 50 por ciento. Una situación que dista mucho de la de 2006, cuando el país podía ostentar un superávit comercial de combustibles y energía cercano a los 6000 millones de dólares, casi la mitad del saldo positivo de la balanza comercial total.

Como hemos señalado en esta columna editorial un mes atrás, la Argentina estuvo alegremente importando energía a precios internacionales con el propósito de satisfacer la demanda doméstica, mientras los precios locales, regulados, no tenían relación alguna con los costos de producción y distribución ni con el costo de las importaciones.

La exportación de petróleo crudo estuvo sometida al pago de un derecho móvil que mantuvo el precio interno en un valor muy inferior al internacional. De este modo, los precios en boca de pozo siguieron rezagados, desalentándose fuertemente la inversión en exploración, al igual que lo ocurrido con el gas. Las grandes inversiones se desviaron, como no podía ser de otra manera, hacia aquellos países que reconocían precios equivalente o cercanos a los del mercado internacional. El daño al país se hizo notorio en los últimos años y se reflejó en las costosas importaciones de gas licuado y combustibles y en el fin del autoabastecimiento.

A todo esto se sumó la política de distribución masiva de dividendos en YPF tendiente a que el grupo local Petersen, de la familia Eskenazi, que acababa de desembarcar con el apoyo del Gobierno en la compañía, pudiera pagar sin dificultades el 25 por ciento de las acciones que había adquirido. Se trató de otro factor que ayudó a reducir el nivel de inversiones y que constituyó lo contrario del riesgo empresarial.

El fracaso de esta política gubernamental derivó durante las últimas semanas en un desesperado pero calculado proceso piloteado desde el Gobierno para bajarle el precio a YPF, que concluyó ayer con el anuncio presidencial de la intervención de la empresa y de una iniciativa legal para confiscarla.

No puede esperarse nada bueno del procedimiento elegido, que amenaza con colocarnos al borde de la peor crisis bilateral con España desde los tiempos de la colonia.

Y poco podrá esperarse de la forma en que este gobierno administraría en el futuro YPF. Basta con observar las fuertes pérdidas que le ocasiona hoy al Estado el manejo de Aerolíneas Argentinas. El estruendoso aplauso con que los seguidores de la Presidenta festejaron el anuncio hizo acordar al que precedió a la declaración del default en 2001.

El remedio a la desafortunada política energética de los últimos años podría ser mucho peor que la enfermedad, especialmente en términos de seguridad jurídica. Difícilmente pueda esperarse del kirchnerismo, que en 1992 había apoyado fervientemente la privatización de YPF, otra cosa que la utilización de la petrolera como otra caja política, similar a las de la Anses o Aerolíneas.