Es decir, todos, sin excepciones, según un reciente relevamiento de LA NACION a partir de información pública de la justicia electoral, que reúne datos de todo el país, incumplen con la obligación elemental de transparentar sus ingresos y sus gastos.

Para esos incumplimientos, la ley dispone diversos tipos de sanciones, que varían de acuerdo con la gravedad de la falta, y que van desde un porcentaje que se descuenta del Fondo Partidario Permanente (FPP), que el Estado otorga a cada partido, hasta la pérdida total de aportes, ya sea los destinados a su funcionamiento diario como a campañas proselitistas.

Ante este panorama, legisladores nacionales de varios signos políticos impulsan modificar la ley de financiamiento de partidos políticos, por considerar excesivas sus exigencias. Algunos propondrían, incluso, sancionar una amnistía total o parcial para esas gruesas irregularidades.

De conseguirse ese perdón, estaríamos ante un hecho absolutamente deplorable. Los partidos políticos, como ocurre con cualquier ciudadano, deben acatar las leyes. Pero su responsabilidad es, incluso, todavía mayor, pues se conforman y funcionan con aportes públicos y privados que tienen la obligación de dar a conocer en una detallada y transparente rendición de cuentas.

La transparencia es una vieja deuda de la política de nuestro país. Con este tipo de actitudes, los dirigentes políticos no hacen más que confirmar las fundadas sospechas sobre manejos espurios en el desarrollo de sus tareas.

La ley es clara: entre otras obligaciones, deben presentar ante la justicia federal electoral de su distrito el estado anual de su patrimonio o balance general y una lista completa de las personas físicas y jurídicas que les realicen aportes, e informes pre y poselectorales de cómo se usaron esos dineros, con las correspondientes facturas de egresos de gastos.

La realidad es que la enorme mayoría de las agrupaciones políticas todavía no han presentado los balances de 2013, pese a que ya está vencido el plazo de 90 días para hacerlo. Y hay agrupaciones que ni siquiera han presentado declaraciones anteriores, como el Frente Grande -aliado del kirchnerismo- en Santa Fe, que viene omitiendo esa información desde 2008. Igual retraso presenta Pro en esa provincia. El partido GEN de Corrientes adeuda balances desde 2007. El PJ santacruceño no entregó los de 2006, 2011 y 2012, al igual que el socialismo de ese distrito y, en Tierra del Fuego, la UCR está en deuda desde 2011. Un caso aparte lo representa el PJ santiagueño, que no sólo no presentó sus balances desde 2010, sino que le fueron reprobados todos los anteriores desde 2006. La lista es mucho más extensa y, como puede apreciarse, no distingue entre colores partidarios.

Otro tema que no puede menos que generar suspicacias son las declaraciones de aportantes a las distintas fuerzas. Según otra reciente investigación de este diario, en las últimas elecciones legislativas de octubre de 2013, el 40 por ciento del total de las contribuciones privadas fueron al Frente para la Victoria (FPV), fondos que mayoritaria y llamativamente provinieron de funcionarios de la administración pública, de legisladores y de empleados contratados por el Estado. También aparecen donaciones del empresario del juego Cristóbal López, cuando la ley prohíbe expresamente las donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Y, entre los casos más curiosos, el equipo de la nacion Data descubrió un aporte a la campaña kirchnerista de 30.000 pesos por parte de un cadete de Propyme, la financiera que recientemente quedó envuelta en un escándalo cuando su dueño, Guillermo Greppi, llamó al subsecretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, segundo de Zannini, para frenar un allanamiento ordenado por el juez Norberto Oyarbide.

En el caso de los aportes de empleados del Estado, si bien no violan la ley, pues fueron hechos a título personal, llama la atención que representen el grueso de las donaciones privadas. En tanto, en una situación irregular, además de los aportes de empresarios del juego, se encuentran los que realizan contratistas del Estado y concesionarios de servicios u obras públicas.

Es habitual que la dirigencia política se pronuncie en favor de la transparencia de los gastos de los Estados. Sin embargo, cuando se trata de la propia rendición de cuentas, los reclamos no aparecen ni tan claros ni tan contundentes y hasta se analizan posibles amnistías que borren de un plumazo las violaciones a las leyes.

El respeto por las leyes es la base del desarrollo de una sociedad.

La transparencia de los actos públicos y el acceso a la correspondiente información debe abandonar definitivamente el ámbito de los discursos para afincarse en el terreno de las concreciones.