La admisión del ministro de Planificación, Julio De Vido, de la existencia de 2000 cortes de energía eléctrica durante el último colapso energético, que dejó a oscuras a decenas de barrios y partidos del Gran Buenos Aires, viene a blanquear una situación que, está visto, nada tiene que ver con que alguien haya "bajado la palanca", sino con la imprevisión de un gobierno que en los últimos diez años ha hecho muy poco por reforzar, mantener e invertir en un sistema cada vez más demandado.

Se podría decir que es la segunda admisión pública del Gobierno de que las cosas se hicieron mal. A fines de noviembre del año pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció una mejora en el precio para el gas en boca de pozo. Como ya hemos dicho desde estas columnas, fue otro tardío reconocimiento del fracaso de la política intervencionista, que desalentó la inversión productiva y pulverizó las reservas poniendo en riesgo todo el sistema.

Probablemente, De Vido hubiera deseado seguir atribuyendo los cortes de energía eléctrica a supuestos sabotajes y teorías conspirativas. Pero no pudo. La realidad resultó demoledora: en apenas dos meses se registraron tres extendidos apagones que provocaron una airada respuesta de los usuarios que, en algunos casos, tuvieron que soportar la falta de luz por varios días en medio de intensas olas de calor.

La referencia a un sabotaje fue hecha por el ministro el 7 de noviembre pasado, cuando un enorme apagón afectó a millones de usuarios en la Capital como consecuencia de la caída de líneas de media y alta tensión. En esa oportunidad quedó en evidencia que el sistema ha venido trabajando al límite. No tuvo una rápida capacidad de reacción, básicamente como producto de estar trabajando con reservas insuficientes.

En la víspera de la última Navidad, los cortes se extendieron a muchos más barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires e, incluso, a zonas de veraneo. Para entonces, el Gobierno volvió a eludir sus responsabilidades directas en la crisis energética al hacer caer todo el peso de lo ocurrido en el excesivo calor (45 grados de sensación térmica), como si no fueran esperables picos de magnitud durante los veranos.

El primer día de este mes, se registró una nueva ola de calor y volvieron los cortes, a los que De Vido calificó eufemísticamente como "interrupciones puntuales de distribución".

Para los miles de vecinos nuevamente afectados, esas explicaciones supieron a poco. Familias enteras, con hijos pequeños y adultos mayores imposibilitados de movilizarse con facilidad se sintieron atrapados por esta mezcla entre desinterés y desidia de las autoridades.

Fue así como comenzaron a cortar calles y, entonces, sobrevino la admisión oficial de que las "interrupciones puntuales" eran unas 2000 y que no son más porque, desde la creación de nuevos cargos tarifarios fijos vigentes desde el 1° de noviembre pasado, se están realizando obras que han permitido reducirlos. "Si no los hubiéramos reducido, hoy habría entre 25.000 y 30.000 usuarios sin luz", se jactó el funcionario.

Con ese incremento tarifario, que significó aumentos de entre 4 y 150 pesos por bimestre para los usuarios del servicio, el Gobierno espera que las distribuidoras cuenten con unos 1000 millones de pesos extras para dedicar a obras de mantenimiento y ampliación de la red.

Hasta que estos tres cortes sucesivos hicieron eclosión, la crisis energética prácticamente no existió en los discursos oficiales. Por esa misma razón se rechazaba sistemáticamente la necesidad de reconocer que se necesitaba un plan destinado a invertir para dejar atrás la constante emergencia.

Justificar los cortes de luz en los récords de consumo de electricidad en verano cada vez que se presenta una ola de calor resulta tan pueril como escudarse en el gélido frío del invierno para explicar por qué nos sigue faltando gas.

El país necesita de una verdadera política de Estado en materia energética y no de parches como ha venido sucediendo hasta hoy.

Los mil millones de pesos que se espera recaudar como consecuencia del nuevo impuesto deberían ser parte de ese plan estratégico amplio y perdurable que la Argentina demanda desde hace muchos años, cuando se autoabastecía, prescindiendo de cualquier tipo de política intervencionista o demagógica.