La Argentina es considerada en el ámbito internacional un país transgresor de las normas que rigen las relaciones políticas y financieras . Este comportamiento en lo externo no ha sido distinto del que el Gobierno ha mostrado en los últimos años en su gestión doméstica. Tal vez lo más notorio ha sido el incumplimiento de sentencias firmes, tanto de la justicia local como de tribunales arbitrales internacionales. De esto pueden dar fe miles de jubilados que obtuvieron fallos favorables en segunda instancia para corregir la falta de ajustes de sus haberes según lo establecían la ley y la jurisprudencia. En varias oportunidades la Corte Suprema emplazó al Poder Ejecutivo a hacer los pagos ordenados por la Justicia. Sin embargo, este pedido fue desoído y miles de jubilados de edad avanzada, muchos de ellos padeciendo enfermedades, esperan desde hace años que se les pague lo que los jueces determinaron.

La ruptura de contratos por congelamientos tarifarios, así como las expropiaciones en el área de concesiones de servicios públicos, habilitó un conjunto numeroso de reclamos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta instancia de resolución de conflictos había sido acordada por el gobierno argentino en los convenios de protección de inversiones y también en oportunidad de la firma de los contratos respectivos. El compromiso oficial de acatar los fallos arbitrales no fue negado ni desconocido a lo largo del proceso de arbitraje. Simplemente, cuando se produjo el fallo, el gobierno argentino no cumplió con su obligación de pagar. Circunstancias similares de desprecio por los compromisos asumidos se pueden encontrar en las formas que nuestro gobierno adoptó desde la declaración del default y en el proceso de renegociación de la deuda pública. En el inicio de su gestión, el entonces presidente Néstor Kirchner maltrató de palabra a los poseedores de títulos argentinos en default y en 2005 realizó una propuesta de reestructuración de extrema agresividad bajo la consigna de "acepten o nunca más se les pagará nada".

El Estado de Derecho ha quedado desvirtuado por este y muchos otros comportamientos oficiales. La ausencia de seguridad jurídica ha tenido efectos fuertemente negativos; entre ellos, el aislamiento de nuestro país y el desaliento de la inversión. En varias oportunidades el gobierno de los Estados Unidos y otros representados en el G-20 y en organismos internacionales solicitaron al gobierno argentino dar cumplimiento a las sentencias del Ciadi. Como medida punitoria votaron negativamente los créditos para la Argentina en el Banco Mundial. En el mismo sentido, se han recibido reiterados reclamos por el incumplimiento de dar la información del artículo IV del Fondo Monetario Internacional y por la falta de propuestas por la deuda impaga del Club de París. Debido a todos estos incumplimientos y a las interferencias al comercio contrarias a los acuerdos multilaterales, nuestro país recibió sanciones, entre ellas la exclusión del Sistema General de Preferencias comerciales de los Estados Unidos y la reconvención de 40 países dentro de la Organización Mundial de Comercio.

El aislamiento económico y financiero ha tenido su correlato en el cúmulo de conflictos políticos con diversos países, de lo que sólo parecen exceptuarse los del eje bolivariano.

La soledad financiera de nuestro país dejó de ser soportable desde que se han perdido los superávits gemelos. Actualmente hay un desequilibrio fiscal que no se puede cubrir con los excedentes de caja de reparticiones públicas y que ante la falta de acceso a los mercados de deuda debe ser financiado por el Banco Central con emisión monetaria. Por otro lado, el balance de divisas se ha hecho negativo y se pierden reservas. A diferencia de otros países de la región, que reciben flujos fuertemente positivos de capitales externos, el nuestro los expulsa debido a la ausencia de confianza originada en todos aquellos incumplimientos, agravados por el cepo cambiario.

La criticidad de esta realidad se ha hecho notoria y el Gobierno parece haberla percibido, o al menos esto sería lo deseable. Una señal positiva en este sentido ha sido el arreglo alcanzado con quienes habían obtenido laudos favorables del Ciadi. El paso dado por las autoridades nacionales no tuvo en cuenta si se trataba de los afectados originalmente o si los beneficiados ahora son fondos que adquirieron los derechos de cobro a valores menores. No diferenciar este carácter es lo que corresponde de acuerdo a derecho, aunque no guste a las visiones populistas. También es una señal positiva que la Presidenta haya archivado la medida oportunamente anunciada de dar la opción de Buenos Aires como lugar de pago de la deuda reestructurada. La intención, luego descartada, era eludir la probable sentencia adversa de la Corte de Apelaciones de Nueva York. Sólo queda por ver si estas señales respondieron a la necesidad puntual de destrabar la aprobación de un crédito de 3000 millones de dólares del Banco Mundial o bien implican una reorientación más profunda hacia el retorno de la Argentina al mundo. El resultado de las elecciones legislativas y la necesidad de completar los dos próximos años de gestión deberían convencer al Gobierno de recorrer seriamente este último cambio de rumbo.