Las recientes declaraciones realizadas por nuestra Presidenta sobre la minería llaman a la reflexión.

Sin duda, se trata de una actividad imprescindible pero siempre que se desarrolle en el marco del cumplimiento de la legislación en vigor, que exige a las autoridades la implementación de herramientas estratégicas, como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, con participación ciudadana, procesos que deben necesariamente incluir al conjunto de la ciudadanía y de los sectores involucrados para evitar que se produzcan dicotomías entre los incluidos y excluidos, entre los trabajadores y quienes reclaman porque su derecho al ambiente sea respetado y garantizado.

Como lo hemos mencionado en estas columnas, es preciso resaltar que no existe un solo tipo de minería, sino que hay varias modalidades que resulta imprescindible diferenciar a efectos de poder abordar un amplio debate sobre el modelo extractivo vigente.

Es necesario diferenciar los minerales de distintas categorías, la actividad hidrocarburífera y gasífera. No es posible asimilar los riesgos de una simple explotación de áridos a la llamada megaminería a cielo abierto.

En los 90, la actividad minera cobró auge mediante la explotación de minerales metalíferos llevada a cabo por grandes empresas internacionales en la modalidad a cielo abierto, sobre vastas extensiones de territorio.

Esta modalidad implica una serie de impactos ambientales sobre el paisaje, el agua, el suelo y el aire, principalmente por las sustancias usadas para la explotación. Por otra parte, los beneficios impositivos que recibe esta actividad también se contraponen a la generación de una fuerte externalización de costos ambientales y sociales. Son aspectos clave que deben ser evaluados al decidir qué desarrollo queremos para el país.

De modo especial debe contemplarse la protección del agua y sus fuentes por constituir un recurso estratégico de especial relevancia para las principales provincias mineras de la Argentina. Allí el agua es escasa y muy apreciada ya que resulta vital para el consumo humano y de otras actividades productivas como la agricultura.

Como lo hemos destacado al discutirse la ley de protección de glaciares, en muchas zonas aledañas a proyectos mineros existen además valiosos glaciares andinos que alimentan los cursos de agua presentes en la región andina del país y que se ven amenazados por un número cada vez mayor de proyectos mineros a gran escala que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es por eso que resulta preocupante que el gobierno nacional esté demorando la definición de las zonas prioritarias que exige la ley de glaciares, aprobada en septiembre de 2010. Esa norma debe comenzar a ejecutarse sin más demoras e iniciarse de manera urgente el inventario y la revisión de los proyectos mineros en ejecución en las áreas afectadas.

Por lo anterior, estimamos que resulta indispensable promover un debate sobre minería y megaminería, de modo de que todas las voces sean incluidas y que no primen los intereses de unos pocos sobre el de la sociedad y, especialmente, de los sectores más vulnerables.