En uno de los correos, Lorente discutía en julio de 2005 con su socio Vázquez el precio de la venta. "No es presentable que el pasado viernes aparezcan unos costes políticos que triplican el millón de dólares del que habías hablado. El efecto de eso ha sido demoledor sobre Juan Barba [director general comercial y financiero de P4R]. Aquí eso es delito penal y más para una empresa pública", decía Lorente.

En otro correo, el intermediario español comentó lo que Barba le habría dicho: "Es una vergüenza que los políticos de ahí pidan dinero y luego se hagan los dignos. Aquí, nadie del Gobierno ni de Renfe se lleva un duro". Vázquez le contestó el correo a Lorente y acabó por determinar que la factura de la compra ascendería a 32,7 millones de euros y detallaba algunos conceptos: "Cyaes, 1,4 millones de euros; desguace, 1 millón (según gente que entiende mucho de esto el coste no supera los 400.000); materiales y asistencia técnica, 10 millones (nunca se habló de más de 7,5 millones). Los restantes 1.611.000 solo Dios sabe cómo lo explicarán".

En otro correo, Vázquez atacó a Barba: "La verdad es que quieren robar descaradamente en nuestras narices a costa de la república sudaca de Argentina".

Lorente, que confirmó la veracidad de los mensajes, muestra a este periódico el contrato que firmó en abril de 2007 con P4R por 32,6 millones. "Esta operación fue absolutamente legal", se defendió Lorente ante el periódico argentino La Nación, que junto con su competidor Clarín ha desvelado el contenido de los correos. Barba negó que hubiera firmado un contrato con la consultora de Lorente y Vázquez y añadió: "Nunca se habló de pagos políticos". En Renfe y FEVE se desligaron de la responsabilidad de la venta a Argentina al alegar que ambas habían transferido las locomotoras y vagones a P4R.

Los correos del asesor del ex secretario de Transporte argentino también se refieren a una petición de fondos para la campaña de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en 2005 se postulaba a senadora. La legislación argentina prohíbe la financiación política con aportes de empresas extranjeras. Vázquez le dio a Lorente una lista de 21 grandes compañías españolas (incluida PRISA, editora de EL PAÍS) que, según él, el "presidente" -entonces era Néstor Kirchner- le había dado para que se les pidiera dinero.

Lorente le respondió: "Todos coinciden: queremos entregarlo personalmente a quien nos indique directamente el número uno. Imagínate la involucración directa que tengo con el banco [no aclara cuál], Indra o Telefónica y la respuesta ha sido similar: que lo pida directamente".

Lorente declaró al diario La Nación que, finalmente, ninguna empresa aportó dinero. El presidente de Telefónica Latinoamérica, José María Álvarez Pallete, dijo que todo euro que entra y sale de su empresa está auditado en su informe de responsabilidad social. En Indra argumentaron que las normas éticas del grupo impiden la financiación de campañas políticas.

Vázquez también se jacta en los correos sobre su habilidad para diseñar contratos a medida del Gobierno argentino con empresas como Indra. Uno de ellos es la creación del billete electrónico para el transporte público, un contrato que Indra obtiene muchos años después y por subasta pública. Una portavoz de la empresa española asegura que no conocen a Vázquez ni a Lorente.

La constructora española Isolux Corsán, que logró el contrato con el Estado argentino para construir un tren de alta velocidad que nunca se ejecutó por la falta de financiación, también aparece mencionada. "Las negociaciones con Isolux van relativamente bien. El atasco está en la cifra total (que incluye coste político)", le decía Lorente a Vázquez antes de que un consorcio integrado por esta empresa y la francesa Alstom ganaran la subasta. "No tuvimos ningún contrato con Vázquez ni con Lorente", dice el presidente de Isolux en Argentina, Juan Carlos de Goycoechea.

En 2006, LAN, la empresa de la que Sebastián Piñera era director y socio, pagó un contrato de asesoría de 1,15 millones de dólares a Vázquez, según los correos. Fue dos meses después de que el Gobierno de Kirchner resolviera que el grupo chileno podía aumentar la participación en su filial argentina. Ni LAN ni el Gobierno de Piñera han querido hacer comentarios al respecto, pese a que diputados de la oposición chilena reclamaron explicaciones al actual presidente.