Desde el retorno de la democracia ningún gobierno ha mostrado, como el kirchnerista, un grado tan enfermizo de autosuficiencia, de visceral desprecio por la opinión ajena y de franco rechazo a los aportes críticos y enriquecedores de otros sectores. Por desgracia, estas características se han ido acentuando con el tiempo y han conformado un estilo de gestión que se consolida en las antípodas del ejercicio democrático. Basta hacer un somero repaso de las últimas decisiones para advertir que, a medida que se han ido sucediendo, han generado cada vez mayores críticas. La razón es clara: el Gobierno no sólo desaira y rechaza el parecer ajeno, sino que lo utiliza como arma para acrecentar sus enfrentamientos imponiendo su voluntad.

El tan cuestionado acuerdo firmado en secreto con el régimen de Irán es uno de los últimos ejemplos de enorme gravedad. Fue gestado en las sombras y, cuando trascendieron las primeras sospechas, el canciller Héctor Timerman lo negó tajantemente, para luego anunciarlo con bombos y platillos. Ese engendro, porque no cabe llamarlo de otra manera, no sólo chocó contra la voluntad de la AMIA y de la DAIA -entidades que se han constituido como querellantes en la causa judicial que investiga el atentado contra la mutual judía-, sino también con la oposición política.

Tan hermético se mostró el Gobierno en torno de ese acuerdo que no escuchó ni siquiera la opinión de Irán, pues se ha visto en las últimas semanas que Buenos Aires y Teherán disienten en aspectos tan elementales como los alcances y las consecuencias del convenio, por el momento sólo ratificado con apuro por nuestros parlamentarios.

Con la misma celeridad, el Congreso viene dando muestras de una impúdica y avasallante obediencia debida para con los proyectos de reforma judicial presentados por el Poder Ejecutivo. Casi no hubo representantes de la sociedad civil que no criticaran la explícita intención del Gobierno de amoldar las leyes a sus designios, de modo de conseguir una Justicia adicta e impunidad absoluta.

Incluso, las escasas modificaciones que el oficialismo aceptó introducir a esas iniciativas fueron resultado de una decisión discriminatoria, pues tuvieron en cuenta sólo la voz del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que, a través, de su presidente, el periodista oficialista Horacio Verbitsky, había tildado de "dudosa constitucionalidad" a la reforma de las medidas cautelares.

Afuera de todo debate, quedaron las decenas de manifestaciones contrarias al paquete de leyes de la pretendida "democratización" de la Justicia. Entre ellas, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) ha expresado que tales iniciativas "parecen responder a las necesidades de la coyuntura política actual, vulnerando derechos constitucionales y poniendo en riesgo valores esenciales". La ACDE suscribió así a la declaración de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Argentina -que debido a la gravedad del hecho adelantó su habitual pronunciamiento- en el sentido de que "la Argentina no ha elegido para sí cualquier forma de democracia: ha elegido la República, donde es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción".

No menos contundentes han sido con sus manifestaciones el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ("La reforma no viene a mejorar el sistema, sino más bien a someterlo)"; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ("Su propósito se orienta a obtener el alineamiento de los jueces a la causa oficial con el claro designio de que se desempeñen con la afinidad esperada en las causas sensibles al interés oficial)", y la Asociación de Magistrados, que tildó de inconstitucional a la reforma, pues "su objetivo -dijo- es eliminar el sistema de un poder [el Judicial] que controla la legitimidad de los actos de los otros poderes".

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) opinó que la reforma que acelera el PE "es una grave amenaza a las garantías constitucionales", mientras que para la Sociedad Rural Argentina (SRA) se trata de "leyes que ponen en grave peligro la división de poderes" al poner al país "en la antesala de una autocracia".

La DAIA también alzó su voz para reclamar por la protección de los derechos y la libertad de los ciudadanos, en especial, frente a abusos del Estado", y otro tanto hizo el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) al pedir "un amplio y plural debate previo (a la sanción de las leyes) de todos los sectores de la sociedad".

A esas manifestaciones se han sumado las críticas de prestigiosas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Consumidores Libres, la Fundación Directorio Legislativo, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Unidos por la Justicia, y las fundaciones Para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Fecic).

También cabe destacar el férreo rechazo a la reforma de parte de numerosos dirigentes opositores que rubricaron un documento que denuncia "la politización de la Justicia", de sindicalistas y de otras muchas organizaciones que, como se dijo, el Gobierno ha decidido ignorar.

Finalmente, resulta lamentable que en el Congreso, el ámbito natural para producir los debates y enriquecer las ideas, el kirchnerismo y sus escasos aliados en esta materia hayan decidido avanzar a libro cerrado en un tema tan sensible que vulnera derechos esenciales de los ciudadanos y representa un artero ataque contra la República.