¿Cuál es la realidad? ¿Obedece la sensación manifestada por la mayoría de los españoles a hechos objetivos o sólo se trata de un prejuicio? La respuesta varía tanto según la fuente consultada como los datos sobre delincuentes extranjeros. No obstante, se debe adelantar que los españoles somos los responsables de la inmensa mayoría de los delitos cometidos en nuestro país.

Para avanzar en este asunto es preciso aclarar que está aceptado por todas las policías del mundo que la proliferación de pequeños delitos callejeros comporta una gran sensación de inseguridad entre la ciudadanía. En otras palabras, un clan mafioso que trafique con personas, drogas o armas a gran escala provoca menos sensación de peligro que una racha callejera de tirones de bolsos y asaltos con arma blanca. Sin embargo, es obvio que los primeros son mucho más nocivos y letales que los segundos.

Otros elementos que forman parte de este rompecabezas son el incremento real del número de delitos y el hecho de que en España faltan policías. El primer aserto resulta del fracaso de los planes policiales para reducir la pequeña delincuencia, tal como evidencia el incremento de este tipo de delitos, superior al 13% durante el 2001, situando a España -según el Sindicato Unificado de Policía (SUP)- en "los más altos niveles nunca antes alcanzados".

En cuanto al segundo punto, en la policía española faltan 12.000 puestos por cubrir debido en parte al descenso del gasto en esta materia y al altísimo costo, tanto en dinero como en medios humanos y técnicos, de la lucha antiterrorista.

La suma de ambos factores (menos policías y más delitos) está también en el origen de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) determinara en noviembre del 2001, por primera vez en España, que la delincuencia había superado a las drogas como tercer problema más acuciante para la ciudadanía. Por delante, como siempre, siguen el terrorismo y el paro.

Baile de cifras

La atribución del avance de la delincuencia al aumento de extranjeros en España aparece en el documento anual que sobre estadísticas policiales publica la dirección general de la Policía. Fue el pasado 2 de febrero cuando los responsables policiales adujeron la llegada a España de "más de medio millón de personas" en referencia a los emigrantes como explicación al incremento de delitos.

Poco después comenzó el baile de cifras con los inmigrantes de protagonistas. Así, el 24 de abril, el presidente José María Aznar dijo en el Congreso de los Diputados que "el 89% de los presos preventivos en este primer trimestre son inmigrantes". Cinco días después el ministro del Interior, Mariano Rajoy, corrigió el dato y lo redujo al 74%. En mayo Interior habló del 53% e incluso del 40% y otros dos días después se hicieron públicas nuevas cifras aún más reducidas: sólo un 28% de los detenidos durante el año 2001 eran foráneos.

La fuente de este último dato es el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía, cuyo secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, rechaza de plano que el aumento de inmigración comporte mayor delincuencia. Al contrario, los datos del IESP muestran que entre 1999 y 2000 la delincuencia descendió, mientras que la inmigración creció sobre el 17%.

Dos direcciones

Lo cierto es que, según las cifras que se manejen y según a qué se refieran, el asunto apunta en distintas direcciones. Por ejemplo, cuando la estadística se refiere a delitos más graves, como puede ser el homicidio, entonces la balanza se inclina nuevamente en contra de los españoles con un 71% de las detenciones. Sin embargo, una observación más local apunta en otra dirección.

Tomando el caso de Barcelona, que es un foco de atracción de la inmigración, y ciñéndose al concepto "detención" sin especificar, el aumento es espectacular. Así, mientras en 1994 un 28% de los detenidos eran extranjeros, en lo que llevamos de 2002 el porcentaje se ha elevado al 63%. Y no hace falta acudir a la estadística para percibir este hecho. Los propios policías barceloneses con los que "La Vanguardia" ha hablado de este asunto -y que desconocían estas cifras- han coincidido al afirmar: "Nos pasamos el día deteniendo extranjeros, a muchos de los cuales ya estamos hartos de detener una y otra vez".

La frase aludida puede encerrar una trampa estadística, pues si los detienen "una y otra vez", los porcentajes aumentan, de modo que un grupo de delincuentes extranjeros puede incrementar engañosamente el recuento. Pero hay más factores que adulteran la percepción ciudadana de la delincuencia. Recientemente la socióloga francesa Dominique Monjardet (directora en el Centre d'Études et de Recherches de Science Administrative, Universidad de París II) comentaba en "Temas de Debate" en "La Vanguardia" el aumento de las denuncias de delitos violentos en los países más avanzados de la UE y, precisamente, analizaba la posibilidad de utilización partidista de las estadísticas y la variación de éstas en función de la acción policial.

"Si la policía se movilizara más sobre los consumidores de droga, por ejemplo, el número de delitos registrados aumentaría", escribía Monjardet, que argumentaba que si la nueva policía de proximidad francesa implantada desde 1999 estrecha su relación con los ciudadanos debe esperarse un aumento de la presentación de denuncias y, por lo tanto, un incremento aparente de la delincuencia.

Es decir, las pautas políticas de actuación policial pueden variar la percepción de la realidad delictiva. Lo mismo puede decirse por lo que respecta a los encarcelamientos a los que se refería el presidente del Gobierno español. El estudio del primer trimestre del año sobre población reclusa muestra, efectivamente, un incremento del 53% de los extranjeros en prisión preventiva, resultado que coincide con el aumento de peticiones de cárcel para los extranjeros con el fin de facilitar los trámites de expulsión.

Es perfectamente sabido en el mundo jurídico que en el caso de dos personas autoras de idéntico delito, una puede ingresar en prisión preventiva y la otra no en función de sus condiciones sociales y familiares. O lo que es lo mismo, un extranjero que cometa un hurto, que no pueda demostrar su trabajo clandestino y que no se atreva a explicar cuál es el domicilio en el que convive con otros irregulares, tiene todas las papeletas para acabar en prisión preventiva. En cambio, un español autor del mismo hurto tiene muchas posibilidades de esperar el juicio en su casa.

Los que no hacen colas

Una de las conclusiones a las que llegan todas las fuentes consultadas es que la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven o tratan de instalarse en España -con o sin papeles- no llegaron aquí con la intención de delinquir. Igualmente admiten que una parte de la minoría que ha cometido delitos lo ha hecho después de vagar meses o años en busca de trabajo y papeles. Dicho eso, sin duda queda un grupo de extranjeros que sí vinieron a cometer fechorías o que delinquen y comparten con otros españoles el dudoso honor de elevar los índices de delincuencia y la sensación de inseguridad ciudadana.

Esos delincuentes suelen estar bien estructurados en grupos mafiosos, con todo tipo de negocios y víctimas como objetivo, los propios inmigrantes incluidos.

Hay organizaciones internacionales que trafican con los inmigrantes, con mujeres para prostituirlas o que falsifican documentos que venden a los que quieren emigrar. Las hay que trafican con drogas, con armas, con dinero, o que se dedican a asaltar joyerías. En todas ellas hay extranjeros y también españoles. Es la delincuencia organizada, y sus miembros nunca forman colas en espera de papeles y tampoco llegan en patera.

Para ellos, los "eurocuerpos de policía de fronteras", como el anunciado en Roma el pasado 30 de mayo, no significan nada y los bloqueos e impermeabilizaciones fronterizas o los radares de vigilancia sobre el estrecho de Gibraltar no son más que un trámite. Llegan a España sin problemas, con la documentación en regla y un lugar donde alojarse, y si no lo tienen, sus propias organizaciones los ocultan y cobijan.