Hace aproximadamente un año y medio, la Auditoría anunció que realizaría una revisión de las actuaciones de la APE, pero este relevamiento no ha podido concluirse por la resistencia de la APE a entregar información, obligando al cuerpo de contralor a recurrir a la Justicia para que por esa vía se obligue al organismo administrativo a la entrega de datos. Las dificultades para acceder a la información necesaria impiden avanzar en la supervisión del uso de los fondos; sin embargo, ha quedado en evidencia que en la APE se mantiene un sistema de ocultamiento de la información que ampara irregularidades graves en la disposición de recursos públicos, los cuales, en 2010, ascendieron a mil millones de pesos.

Es imperioso, entonces, que el Estado en todas sus dependencias garantice la transparencia y el acceso a la información, como modo de control y de lucha contra la arbitrariedad y la corrupción. También es imprescindible que se arbitren dispositivos de control interno profesionales, que impulsen un uso legal y racional de los recursos estatales y que los diferentes organismos cooperen en los controles externos.