En una audiencia dominada por escenas de dolor y por recriminaciones del congresista Darrel Issa contra funcionarios del Departamento de Justicia que se han resistido a entregar la documentación solicitada en torno al operativo Rápido y furioso, los intentos por descubrir a los principales responsables alcanzaban ayer al director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, quien fue señalado como uno de los involucrados en el esquema de tráfico controlado que intentaba poner al descubierto las redes de contrabando de armas de los cárteles en México.

Además de Keneth Melson, el subdirector de la ATF, Billy Hoover, y el director adjunto de Operaciones, William McMahon, fueron señalados como funcionarios de la administración Obama que recibían información puntual sobre Rápido y furioso, según el contenido de tres correos electrónicos dados a conocer ayer durante una audiencia que duró casi cuatro horas.

Durante su intervención, el presidente del comité de Supervisión, Darrel Issa, dejó en claro que la ATF era supervisada en “altos niveles” desde el Departamento de Justicia en Washington, al que han acusado de entorpecer la indagatoria. “¿Quién fue el que, desde Washington, autorizó este programa estúpido y criminal que causó muertes?”, le increpó Issa a Ronald Weich, representante del Departamento de Justicia, quien ayer soportó una lluvia de críticas y reprimendas ante la negativa de sus superiores a entregar información que hoy forma parte de una investigación criminal en la que se han acumulado un total de 20 acusados.

Agentes alzan sus voces

Durante la audiencia de ayer, los agentes de la ATF que se han convertido en “testigos de cargo” del comité que investiga desde el Congreso estadounidense, cerraron filas con los familiares del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, abatido el 14 de diciembre de 2010 con un arma de asalto AK-47 que formaba parte de los lotes que cruzaron ilegalmente hacia México.

“Pedimos que si un funcionario tomó una decisión errada, que lo admita y que se responsabilice de sus actos”, pidió con voz entrecortada y casi al borde de las lágrimas Robert Heyer, primo del agente asesinado.

Durante la audiencia de ayer se hizo público, además, un reporte elaborado por la oficina de Issa, en el que se acusó a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de haber solapado el tráfico ilegal de armas hacia México, de fracasar en todas las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos países.

En el informe de más de 50 páginas se destacan los testimonios de los agentes que han decidido dar un paso al frente para acusar a sus superiores de haber actuado con “insensibilidad” y de haber optado por una estrategia arriesgada que permitió el tráfico de más de mil 800 armas entre 2009 y 2010.

El reporte acusa al Departamento de Justicia no sólo de escamotear la información que se ha solicitado de forma reiterada, sino de mantenerse en una posición de negación cuando se le ha confrontado con los testimonios de algunos de los agentes de la ATF que acusan a sus superiores de haber actuado de forma insensible e incluso de haber echado mano de expresiones como “para hacer un omelette, hay que romper huevos”, en alusión a los daños colaterales que provocaría la operación Rápido y furioso.

Operativo “provocó más muertes”

El dossier, un compendio de las denuncias y las declaraciones de agentes como Pete Forcelli, Olindo Casa, Larry Alt y John Dodson —que ayer participaron en la audiencia—, establece que en el otoño de 2009 la oficina de ATF en Phoenix decidió echar mano de una nueva estrategia bautizada bajo el sobrenombre de Gunwalkin.

El objetivo de ese esquema arriesgado era permitir que testaferros compraran armas en Estados Unidos con el fin de revenderlas en México.

“El liderazgo de ATF y el Departamento de Justicia estaba interesado en ver dónde terminaban estas armas de fuego al final. Ellos esperaban establecer una conexión entre los compradores locales en Arizona y los cárteles de las drogas en México”, dice el reporte.

“Desafortunadamente, la ATF nunca logró la meta loable de desmantelar a un cártel de las drogas. De hecho, ATF nunca estuvo cerca. Luego de meses y meses de trabajo de investigación, Rápido y furioso resultó sólo en acusaciones contra 20 compradores locales.