No hay otra manera de llamar a esta condición: México está enfrentando una crisis de Estado. 

El asesinato del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, es síntoma de la espiral de violencia experimentada por nuestra sociedad. Frente a tal desgracia el presidente Felipe Calderón aceptó por fin lo que desde el primer día de su mandato era obvio: que la lucha contra la inseguridad debía ser una batalla del Estado mexicano y no sólo del gobierno panista. 

La petición de ayuda dirigida a los partidos de la oposición, principalmente el PRI, llegó tarde y se estrelló contra el muro de la indolencia del viejo partido. Sus pares tricolores, responsables también de la política tanto nacional como local reaccionaron con un portazo. Declaró ayer Beatriz Paredes, presidenta nacional del Revolucionario Institucional, que la lista de ofensas del gobierno federal es larga y, por ello, su partido ya no le otorga confianza al jefe del Ejecutivo. Peor aún, considera su llamado como oportunista. 

Ayer el tricolor, con todo lo que pesa políticamente en nuestro país, se colocó como víctima, no solamente del crimen organizado que asesinó a uno de sus más destacados líderes locales, sino igualmente de la política presidencial. 

Lo alarmante del asunto radica en que, si bien Felipe Calderón continuará siendo la cabeza del Estado mexicano durante los próximos treinta meses, su partido es minoritario en el complejo mosaico de la Federación, y, por tanto, su capacidad institucional es insuficiente para reconducir, por sí solo, la convulsa política nacional. 

¿Cómo resolver una grave crisis de Estado en el contexto de un gobierno dividido, cuando la principal oposición le dice al jefe del Ejecutivo, justificada o injustificadamente, un rotundo no? 

Del otro lado del escenario político, a las y los mexicanos de a pie sólo nos queda administrar individualmente la incertidumbre y la angustia. Hoy no contamos con nuestros gobernantes.