El caso se destapa, además, cuando no hace ni un mes que Conde-Pumpido denegó al fiscal jefe de Baleares la prórroga para seguir investigando a Jaume Matas, después de seis meses de intensas pesquisas -interesadamente aireadas- sin resultados aparentes.

Sorprende, por tanto, que la operación se centre en la última obra emblemática del ex presidente balear, el velódromo Palma Arena. Pero además, se salda con la detención de dos nombres de peso: José Luis Ballester, campeón olímpico de vela y director general de Deportes del último Gobierno del PP; y Rafael Durán, portavoz de este partido en Palma. Habrá que valorar hasta qué punto el fiscal anticorrupción ha conseguido convencer al juez para dar este paso, que ha conllevado la detención preventiva de Ballester y de Durán, cuando quizás hubiera bastado con citarles a declarar. En el caso Gürtel, por ejemplo, no ha habido detención de políticos.

Sin poner en duda que haya materia suficiente como para que la Justicia tome cartas en el asunto, llama la atención el doble rasero que el Ministerio Público está teniendo en Baleares según los implicados en asuntos turbios sean del PP, de Unión Mallorquina -socio de los socialistas en el Govern- o del propio PSOE. Y si bien es cierto que algunas investigaciones sobre casos de corrupción vinculadas al PP han estado justificadas -como el caso Turismo Joven o el caso Ordinas-, y han puesto de manifiesto que el último Gobierno de Matas fue, como mínimo, un nido de abusos e irregularidades, otras operaciones a las que se dio gran trascendencia mediática han resultado ser absolutos fiascos, como el caso licencias o el caso Caballistas.

El uso de las instituciones como arma arrojadiza contra el adversario político no es exclusivo de Baleares. Resulta escandalosa la posición de la Fiscalía General del Estado en el caso Gürtel. No sólo es que la vicepresidenta De la Vega se apresurara a anunciar desde Costa Rica que habría recurso contra el sobreseimiento del asunto de los trajes antes de que lo hiciera saber el Ministerio Público, es que además esta institución entra de oficio en asuntos menores cuando hay políticos del PP de por medio y se inhibe absolutamente cuando es el PSOE el que puede salir perjudicado, como en la cacería de Bermejo o en la dilapidación de fondos públicos en el Centro Nacional de Inteligencia.

Lo que a estas alturas es un hecho es que los partidos han entrado en la dinámica perversa de usar las instituciones que gobiernan o controlan para tratar de desgastar al adversario. Ayer conocíamos otro ejemplo que prueba que no estamos ante un problema de territorios ni de siglas. En una iniciativa sin precedentes, el grupo popular en las Cortes Valencianas pretende someter a Leire Pajín a un examen de valencianidad antes de aceptarla como senadora. El fin de esta insólita medida es dilatar el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, que debe cubrir una vacante en la Cámara Alta. Dado que Pajín será senadora por el cupo territorial, y depende por tanto de un trámite del Parlamento autonómico, el PP está haciendo valer torticeramente su mayoría absoluta para demorar la situación.

Si estas actitudes partidistas son siempre repudiables, cuando el país afronta una situación límite en lo económico y tiene sobre la mesa problemas como el del terrorismo, todavía hacen más patente la pequeñez y la mezquindad de la clase política.