Un gravísimo suceso que pasó casi inadvertido para los ciudadanos fue el percance ocurrido el pasado 26 de junio en el campo petrolero estatal Libertador, en Sucumbíos, mientras una torre de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) perforaba el pozo Shuara 24D.

En el incidente, que Petroproducción informó de manera oficial al Ministerio del  Ambiente casi un mes después, el 24 de julio, se produjo el derrame de 110 000 metros cúbicos de agua tóxica (cerca de 700 mil barriles). Para entender la magnitud de la tragedia, ese número de barriles es superior al volumen de petróleo que diariamente produce el país (496 000 barriles de crudo).

Según reportó este Diario, solamente en los primeros cuatro días del derrame, que duró unas dos semanas, se vertieron 144 000 barriles. Las llamadas aguas tóxicas son sustancias que se hallan sobre los yacimientos petrolíferos y que tienen un altísimo contenido de metales pesados como plomo, níquel, vanadio, entre otros. Estas aguas son tan contaminantes para los ríos y la vida vegetal como el mismo petróleo, pero un derrame de ellas es mucho más difícil de limpiar pues rápidamente se filtra en los terrenos.

Según el informe, las sustancias llegaron hasta esteros que conducen al río Pacayacu y luego al Aguarico. El documento oficial dice que el área total afectada es de unas 27 hectáreas, en una zona donde habitan 465 habitantes de comunidades, pero los pobladores aseguran que el daño llega al menos a 100 hectáreas.

Las autoridades judiciales y de Ambiente ya están tomando las medidas pertinentes, pero lo que más extraña, y hasta ahora no tiene explicación, es el bajo perfil que esta noticia ha tenido desde  las entidades oficiales.