Un exceso reflejado en las impactantes imágenes televisadas en directo, en las cuales el hombre que hasta el pasado 11 de febrero renunció a un cargo que había mantenido durante 30 años, pero que perdió en sólo 18 días de protestas populares, aparecía en el interior de una jaula, tendido sobre una camilla de enfermo (tiene 83 años y padece cáncer) con el uniforme blanco de los presidiarios, que lucían también sus dos hijos y los demás acusados.

Eran imágenes de un juicio preparado con singular rapidez, en poco más de cinco meses, que interesaba ofrecer al pueblo egipcio, que, con sus manifestaciones en la plaza Tahir de El Cairo, puso un abrupto punto final a la carrera política del hombre que gobernaba Egipto como un moderno faraón, contando, por supuesto, con el explícito apoyo y hasta el beneplácito de las grandes potencias occidentales, con EE.UU. e Israel liderando el pelotón de apoyo. Elevado a la máxima magistratura egipcia tras la muerte por asesinato de su antecesor, Anuar el Sadat, Mubarak ha gobernado con puño de hierro bajo el manto protector de una democracia formal, con elecciones frecuentemente amañadas y reforzadas con un estado de excepción vigente desde el mismo año, 1981, en que tomó el poder.

Mubarak es acusado ahora de haber dado órdenes para dispersar a tiros a los manifestantes que en enero y febrero pasados exigían su destitución y de haber causado cientos de muertos y heridos, así como de diversos delitos de corrupción. Él y sus hijos negaron todos los cargos en su contra, mientras decenas de abogados de las víctimas pugnaban para incorporarse activamente al proceso reclamando justicia y compensaciones económicas. Las penas contempladas a priori pueden suponer decenas de años de cárcel e incluso la ejecución para los que sean declarados culpables. Mientras, los militares, que estaban a las órdenes de Mubarak, mantienen el control del país. Lo importante, en estos momentos, es seguir adelante con un proceso insólito –ningún dictador depuesto en los países árabes había sido juzgado antes por su propio pueblo–, con el que es de temer que el régimen intente lavar sus propias culpas derramando, siquiera sea simbólicamente, la sangre de unos cuantos chivos expiatorios.