A lo lejos, desde la lenta, sucia y ruidosa carretera de salida de Bogotá en dirección sur, las chabolas de los Altos de la Florida no se distinguen mucho de las que trepan por las colinas de la gigantesca Ciudad Bolívar, uno de los suburbios más pobres de la capital. Una vez en los Altos, se ve que en la miseria hay grados. A esta montaña pelada, que es toda ella una cuesta arriba, no llega el agua, ni el asfalto, ni la electricidad. Pertenece a Soacha, una de las ciudades que más desplazados por la violencia recibe de toda Colombia, donde se calcula que casi seis millones de personas —5,7 según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, en inglés), 5,5 según el Gobierno— han tenido que huir de su casa para salvar la vida. Solo Siria supera esa cifra en el mundo.

M. F. salió hace 20 años de su aldea, Guamalito, en el departamento de Norte de Santander, junto a la frontera venezolana. La última vez que estuvo cerca de allí fue hace ocho años, para ver a sus padres. Recorrer los 536 kilómetros hasta la capital, Cúcuta, lleva unas 16 horas en autobús. “Mi padre vendía el pescado, por eso se levantaba muy pronto, a las cinco”, cuenta mirando al suelo. “Una mañana abrió la puerta y vio un poco de ejército. Le preguntaron, ‘¿Qué, mucha guerrilla por aquí? Somos las Autodefensas Unidas de Colombia y venimos a limpiar el pueblo”, relata. “Entonces nos metimos en la casa y degollaron a dos muchachas enfrente. Yo las conocía. Ese día mataron a 20 personas, los tenían amarrados. Había mujeres embarazadas y les sacaron los bebés. Luego vino el Ejército, los balearon y se fueron. A los 15 días regresaron y siguieron matando gente, pero poco a poco”, explica. “Mi padre no pudo hablar en dos días”, añade.

M. F. tiene 32 años y cuatro hijos. Ella y su familia viven desde hace cuatro años en este lugar. Se dedica a la chatarra, y antes cultivaba uno de los pequeños huertos que la agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ayudó a crear en los Altos de la Florida para que las familias, muchas campesinas y sin empleo, pudieran subsistir. La propia organización tardó dos años y medio en lograr que creciera algo en un lugar tan árido, a 2.746 metros de altitud.

Después de la llegada de los paramilitares, los paracos como los llama la gente, M. F. se fue a trabajar de empleada de hogar a una ciudad cercana y luego a Bogotá. Se frota las manos sin parar, con los codos apoyados en las piernas cuando recuerda su primera huida: “Uno ya no regresa. Tenía mucho miedo, no podía dormir. Hay demasiados recuerdos horribles. Obligaban a ver cómo mataban a la gente que señalaban los sapos [informantes del pueblo]. No puedo volver”, explica. Años después, conoció a su marido en la capital, y juntos se fueron a una finca que él había heredado en Florida, en el Valle del Cauca, cerca de Cali. “Aquello era horrible, otra vez la misma vaina”, cuenta. “Ahí estaban los guerrillos [la guerrilla de las FARC]. Se oían de lejos las balaceras. Venían y si no les dabas un cerdo o colaborabas con información, ya tenías un problema”, explica muy deprisa, vigilando que nadie escuche la conversación. “Como nosotros no decíamos nada, vinieron una noche y dijeron: O se van o los acabamos”.

Aunque esté a una hora de Bogotá, esta montaña es un lugar remoto habitado por gente huida de lugares remotos que querría olvidar. Alrededor del 40% de las 1.720 familias asentadas en los Altos son desplazadas. Muchas vienen del campo, pobre y violento, donde el Estado ha cedido terreno a la guerrilla, las bandas criminales o los paramilitares. Pero esta montaña también tiene sus leyes, y la más importante es la del silencio. El mes pasado, según activistas que trabajan con la comunidad, hubo 20 asesinatos entre miembros de bandas. También hay paramilitares que controlan el acceso a la montaña, por eso M. F. habla en voz baja, en posición de alerta. En el barrio no habla con nadie de su pasado. Es un tema tabú. “Nadie lo sabe. ¡Después de todo lo que he pasado, no me van a matar aquí!”, cuenta en la caseta de un vecino porque teme que alguien sepa que ha hablado. “No sé cómo no me volví loca. Tengo muchos recuerdos horribles. Cómo gritaban esas muchachas. Me pongo muy nerviosa y se me enfrían las manos”, relata, mirándose las palmas.

M. F. está registrada como desplazada y recibe una ayuda anual de unos 461 euros. Siente que la paz que se está negociando en La Habana con las FARC no tiene nada que ver con ella, y cree que sus hijos seguirán viviendo en un país en guerra. “No creo en las palabras. En cualquier momento vuelven otra vez, y hagan lo que hagan, ellos [los guerrilleros] no tienen lástima con nadie. Es lo que he visto, las FARC no tienen alma”, dice enérgica y hace pausa. “Se puede perdonar, pero yo no olvido”.