Liu Xia no ha sido acusada de ningún delito, pero vive desde hace tres años confinada en su apartamento de Pekín. Su marido, el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, cumple una condena de 11 años de prisión por pedir reformas democráticas. El cuñado del disidente ha recibido una sentencia similar por 'fraude'. Los intentos del régimen por destruir a toda una familia para castigar a uno de sus miembros dicen mucho de las contradicciones que vive China. Más allá de los rascacielos, el creciente poderío económico o las ambiciones militares, la nueva potencia se muestra frágil e insegura. Un artículo basta para que se sienta amenazada.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) revelaba el miércoles que miles de millonarios chinos mantienen fortunas en paraísos fiscales. Entre los nombres figuran familiares de líderes de un Partido Comunista Chino (PCCh) que llegó al poder en 1949 prometiendo crear la sociedad más igualitaria del mundo. Los nietos de aquel sueño viajan estos días en Ferrari, cierran negocios con tan solo presentar su tarjeta de visita y esquivan el esfuerzo que millones de chinos tienen que realizar para mejorar sus vidas. Deng Xiaoping difícilmente estaría pensando en esta nobleza roja que disfruta de champán e impunidad cuando lanzó su apertura económica y anunció que hacerse rico era 'glorioso'.

La reacción del régimen ante la información del ICIJ fue bloquear inmediatamente las páginas web de los medios internacionales que la publicaron, incluido el diario español El País. Con más de 600 millones de personas conectadas a Internet y una creciente clase media hambrienta de información, Pekín hace tiempo que dejó de conformarse con censurar o enviar a prisión a sus propios periodistas. El gobierno bloquea la señal de las televisiones internacionales, censura los sitios web de periódicos e intimida a los corresponsales extranjeros con la detención de sus traductores, la no renovación de sus visados o vetos de entrada al país como el que impone desde hace dos años a este corresponsal.

Nada, sin embargo, ha impedido que millones de chinos perciban que sus líderes forman una elite privilegiada y corrupta que justifica su monopolio del poder con retórica comunista, mientras se beneficia de las trampas de un capitalismo disfuncional. El régimen y la población llegaron hace tiempo a un acuerdo no escrito por el que el Partido dejaba de entrometerse en la vida de sus ciudadanos -Mao decidía dónde debían vivir, en qué trabajar e incluso con quién casarse- y les permitía prosperar. La dictadura demandaba a cambio que una quinta parte de la población del mundo renunciara a cuestionar su control absoluto del poder político. Ahora sabemos que ese acuerdo contenía una letra pequeña: en el apartado 'prosperar', los dirigentes se reservaron una posición dominante. Y no solo para ellos: sus familiares estudiarían en el extranjero, tendrían trabajos asegurados en las mejores empresas del país y podrían utilizar sus conexiones para crear imperios económicos.

Pekín teme que las últimas informaciones sobre la riqueza en la cúpula del régimen mancillen su campaña de imagen, destinada a hacer creer que sus líderes quieren atajar la corrupción. Es una misión imposible, porque la corrupción es parte inseparable de un sistema basado en las prebendas, donde los funcionarios solo tienen que responder a otros funcionarios y estos a otros, en una pirámide que se sostiene a base de lealtades compradas, conspiraciones internas y el patrocinio de una oligarquía económica interesada en que nada cambie.

No puede sorprender pues que las grandes medidas anticorrupción del presidente Xi Jinping sean sobre todo cosméticas. Tienen como principal objetivo ocultar bajo la alfombra la riqueza de los funcionarios comunistas, no disminuirla. El régimen ha dado orden para que se suspendan las comilonas en restaurantes conocidos. Nada de descorchar el mejor champán en público. Que los coches de lujo no lleven matrículas oficiales. Pero en lugar de pedir explicaciones a los funcionarios afectados, se detiene a sus críticos. En lugar de preguntar a los hijos de los dirigentes cómo lograron sus fortunas, se les protege. Y en lugar de investigar las cuentas de los paraísos fiscales, se opta una vez más por censurar la información con la esperanza de que no llegue a sus ciudadanos.

La corrupción en la clase dirigente china ha llegado a un punto de no retorno: es imposible que sea erradicada por quienes más se benefician de ella. Tampoco es ya posible ocultarla con censura y repression.