Sin embargo, para efectos políticos, la cantidad de probables y posibles, es decir, aquellas que se sabe que están bajo tierra pero no están siendo exploradas ni explotadas, precisamente por falta de "condiciones económicas y operativas", es también importante, porque permite calcular cuánta demanda sería posible satisfacer en el futuro.

Los cálculos oficiales señalan que el mercado interno, incluyendo gas domiciliario y gas natural vehicular, demandará 3,1 TCF hasta el 2026; la industrialización requerirá 0,4 TCF; la transformación de gas en diésel, 0,6 TCF y el proyecto siderúrgico del Mutún, idéntica cantidad. Además, hasta entonces está previsto destinar 5,9 TCF para el contrato de venta al Brasil y 4,1 para Argentina.

La simple aritmética de esas cifras revela que hasta el 2026, y sin contar ningún nuevo contrato de exportación, está prevista una demanda total de 14,7 TCF, es decir, casi un tercio más de lo que actualmente se considera 'reservas probadas'. El problema está en que el paso de reservas 'probables' a 'probadas' no es tan simple, pues demanda capacidad no sólo para perforar, extraer y transportar el gas natural, sino sobre todo para comercializarlo en condiciones de mercado global.

Éste es el reto que afronta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pues la Ley 3058, de Hidrocarburos, y el decreto de nacionalización de mayo del 2006, han cambiado radicalmente las condiciones económicas y operativas para explorar y desarrollar las reservas, tareas de muy alto costo que ahora deben ser encaradas por la estatal casi sin contar con la inversión privada, poco interesada en el mercado nacional.

En ese contexto, mantener las actividades corporativas de YPFB en un bajo perfil parecido al secreto no ayuda a posicionar una imagen confiable de la empresa más importante del país, sobre todo considerando las frecuentes críticas que se le hacen en vista de los todavía magros resultados de gestión.