El líder boliviano anunció ayer la expropiación de las acciones de Iberdrola en dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, de una empresa de servicios y de una gestora de inversiones. Como motivo, Morales ha esgrimido la necesidad "de que las tarifas sean equitativas en los dos departamentos y que la calidad del servicio sea uniforme en el área rural y urbana".

 

Morales ya expropió en mayo las acciones de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica. Además de las eléctricas, Morales ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en el 2006.

 

El Gobierno boliviano tiene un grave problema de déficit de generación de energía visto el alto índice de apagones y cortes de suministro eléctrico que se producen en el país, y decisiones como esta son una vía de escape para ocultar problemas internos. El Ejecutivo de Morales anunció ayer una "justa remuneración" a Iberdrola, pero al no tratarse de un contencioso entre naciones sino de decisiones de un Gobierno contra empresas extranjeras, legalmente es muy difícil llegar a una solución eficaz.

 

La economía y la credibilidad de España no viven su mejor momento, pero no es motivo para que dirigentes latinoamericanos en arranques de populismo quiten a las empresas españolas de forma arbitraria el control de filiales compradas en su día y que, como la compañía de José Ignacio Sánchez Galán, están ejerciendo su actividad con todas las garantías. Así, sólo se crea inseguridad jurídica entre las compañías extranjeras y se alejan futuras inversiones.