"El fuego del fanatismo religioso pone en peligro a Egipto", tituló el diario Al Ahram. "Egipto en peligro", escribió Al Akhbar, mientras el periódico independiente Al Masri Al Yom estimaba "que el extremismo está quemando a la revolución".

Los periódicos y el gobierno acusaron a "contrarrevolucionarios" y "extremistas" de ser responsables de estos enfrentamientos, a los que consideran instrumentalizados por partidarios de Mubarak, depuesto el pasado 11 de febrero, tras semanas de movilización popular contra su régimen.

Para Al Ahram, hay "grupos antirrevolucionarios que procuran atizar el conflicto interreligioso, ya que consideran que cualquier éxito de la Revolución constituye una amenaza para sus intereses".

En declaraciones a Al Masri Al Yom, el muftí Ali Gomaa, una de las principales autoridades musulmanas de Egipto, consideró posible "una guerra civil, dados los intentos de gente fuera de la ley de desacatar la autoridad del Estado".

En Twitter, el premio Nobel de la Paz y dirigente opositor Mohamed ElBaradei, instó a actuar rápidamente contra "el extremismo religioso y las prácticas medievales".

La ineficacia de la policía durante los enfrentamientos también dio lugar a críticas.

Al Ahram lamentó su "ausencia" ante "la amenaza que constituyen tendencias religiosas que ponen en peligro la seguridad".

Para la Coalición de Jóvenes de la Revolución, compuesta por movimientos que iniciaron la movilización contra Mubarak, "los tristes acontecimientos de Imbaba son una prueba fehaciente del desastre en materia de seguridad", en momentos en que, según la Coalición, el poder militar no hizo nada para compensar la ausencia de la policía.

Por su parte, unos mil coptos proseguían una sentada delante de la sede de la televisión estatal en El Cairo para protestar contra el "laxismo" de las autoridades ante los ataques contra los cristianos.

El domingo, el ministro de Justicia, Abdel Aziz Al Guindi, afirmó que se aplicarán inmediatamente "las leyes que criminalizan a los ataques contra los lugares y la libertad de culto" y prevén, en algunos casos, "la pena de muerte".

Desde hace meses, las polémicas sobre las supuestas conversiones de mujeres cristianas al islam que habrían sido secuestradas y estarían encerradas en iglesias o monasterios provocan tensiones entre ambas comunidades.