Pero ha sido precisamente la lucha contra la delincuencia organizada la que mayores desafíos ha generado para las Fuerzas Armadas. Desafíos operativos, porque ha tenido que adecuarse a labores que no son naturalmente las suyas y también porque implica una relación más directa y compleja con distintos sectores de la sociedad, en un combate que no sólo es atípico sino también con muchos actores e intereses que giran en torno al mismo.

Dos han sido los desafíos más complejos en este sentido, en el terreno público. Primero, la insistencia de que las Fuerzas Armadas no debían participar en esa lucha porque no tenían atribuciones constitucionales para ello. Evidentemente, esas atribuciones existen y están claramente delimitadas por las leyes, y el debate político en ese sentido se ha ido agotando en la misma medida que las distintas autoridades, de diferentes partidos, en los ámbitos municipal, estatal y federal, han tomado conciencia de la necesidad de esa participación. Pero también, porque, con mayor dificultad, se ha fortalecido la necesidad de que esa participación esté acotada en el tiempo y en directa relación con el crecimiento y la consolidación de una Policía Federal que pueda tener el despliegue territorial adecuado como para cumplir esas funciones en plenitud. El tema allí está en la indefinición de los legisladores con respecto al modelo policial que se requiere y que por razones obvias ya no puede basarse en un esquema descentralizado, que se apoye en fuerzas municipales que están continuamente rebasadas por la delincuencia. Mientras no contemos con una policía relativamente centralizada (el modelo de 32 policías estatales, con un mecanismo estricto de coordinación con las fuerzas federales, parece ser el más viable en nuestra circunstancia), retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado se seguirá retrasando.

El otro capítulo, relacionado con esa batalla, en ocasiones objeto de una sana preocupación social, en otras, de las estrategias de los grupos criminales, es de derechos humanos. Existe una insistencia mediática y política de ciertos sectores que hablan de una “sistemática violación de los derechos humanos” en esa lucha. Es imposible que en una operación que implica un despliegue territorial de miles de elementos en varios estados del país y en un contexto de enfrentamientos muy violentos con la delincuencia, no existan en ocasiones abusos, pero el hecho es que las denuncias públicas de ciertos grupos no tienen demasiada relación con las datos reales.

Desde junio de 90, cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta ahora, la CNDH ha recibido 116 mil 363 quejas. De ese total, sólo cinco mil 954 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, poco más de cinco por ciento. De todas esas quejas, la CNDH ha emitido dos mil 22 recomendaciones y a la Sedena le fueron dirigidas, desde 1990 hasta la fecha, solamente 68, 3.36% del total. Y de esas 68 recomendaciones, 38 corresponden a la actual administración.

Todas las recomendaciones han sido atendidas: de las 38 emitidas, hay 23 que se encuentran en proceso de integración de averiguaciones previas; cuatro averiguaciones previas fueron determinadas para su archivo; dos están en proceso penal con sentencia condenatoria; tres en proceso penal de instrucción; cinco han provocado procedimientos administrativos de investigación y una está en estudio para determinar su aceptación. Pero incluso en esos 36 casos la Secretaría de la Defensa había iniciado, antes de la presentación de la queja de la CNDH, acciones jurídicas o administrativas contra los presuntos responsables. Y de los 36 casos denunciados, en 18 la Sedena ha reparado el daño mediante apoyos económicos o de otro tipo a los agraviados.

¿Quién puede, con base en esos datos, hablar de una “violación sistemática de los derechos humanos”? Evidentemente ha habido abusos en casos específicos y han sido y deben ser sancionados cuando ocurran, pero esa delimitación de responsabilidades tiene que ser muy precisa para no vulnerar a la institución que constituye la principal línea de resistencia del Estado mexicano ante los embates de la delincuencia organizada.

Toda esta historia se relaciona también con otro tema: el fuero de guerra. La justicia militar existe en toda institución de esas características y no implica privilegios para sus miembros y en ocasiones es incluso mucho más estricta que la civil. Es parte sustancial de los mecanismos de disciplina castrense.

Pero incluso si esas normas se considerara que debieran ser reformuladas, eso no lo pueden hacer las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo, sino el Congreso. Desde el 19 de febrero del año pasado, el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, pidió al Congreso que revisara, ratificara o modificara el tema de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico e incluso del fuero de guerra. Hasta ahora, no ha habido respuesta del Legislativo y, tanto en la Defensa como en el Poder Judicial, cuando se ha abordado el tema, se ha concluido con que, simplemente, se debe respetar y aplicar la ley en vigor.

No son temas menores: si se le exige a las Fuerzas Armadas un esfuerzo en todos los sentidos mucho mayor, se les debe dotar no de privilegios, sino del apoyo y de los instrumentos legales, de la certidumbre jurídica y política que se requiere para ello.