El Tribunal Supremo de Australia ha fallado que, con respecto a una demanda por difamación, la publicación Barron's del Dow Jones está sujeta a la jurisdicción australiana—a pesar de que la página en Internet está localizada en Nueva Jersey—simplemente porque los australianos pueden acceder a ésta. Las implicaciones para los escritores podrían ser tremendas ya que el fallo significa que el material publicado en la red puede ser juzgado por gobiernos y cortes donde la información sea accedida, en lugar de regirse por las leyes del país en donde es publicada originalmente. (Simplemente, bajo la lógica de esta decisión de la corte, un artículo de Internet es considerado como "publicado" en donde últimamente sea leído, en lugar de donde fue escrito o donde en realidad esté localizado físicamente el editor).

Muchos periodistas y editores están preocupados sobre las implicaciones para la libertad de expresión en este caso. Si otras cortes alrededor del mundo adoptaran el principio australiano de "destino-localización", el resultado podría ser una maraña de estándares sobre difamación en línea. Si dicho estándar se hiciese cumplir de manera estricta significaría que los editores necesitarían monitorear las diferentes legislaciones sobre difamación de cada uno de los casi 190 países que existen en el planeta Tierra para asegurarse que cumplen con cada una de ellas. De manera alternativa, muchos editores adoptarían en su lugar un enfoque de "denominador común más bajo" al limpiar sus contenidos en Internet para cumplir con los estándares de difamación más restrictivos. Así que si Zimbabwe dice que uno no puede decir nada negativo sobre su dictador, entonces uno tendría que tener cuidado con publicar algún criticismo sobre él.

Se espera que no se llegue a eso. Probablemente el fallo tiene implicaciones más limitadas. En este caso, la página en Internet de Barron's es un servicio al cual hay que suscribirse y tarjetas de crédito australianas fueron usadas por algunos de los suscriptores para registrarse. Por lo tanto, los jueces australianos razonaron que el Dow Jones tuvo alguna "presencia" en su país y dirigió resueltamente su contenido a los ciudadanos australianos. Es un vínculo tenue, pero aparentemente es suficiente para establecer algunas bases de responsabilidad.

Al final del día, por supuesto, el asunto es cómo hacer cumplir los fallos. Los tribunales de Australia están en la libertad de condenar por cargos de difamación todo lo que quieran. Pero, ¿serán respetados en Estados Unidos donde viven el 98% de los lectores de Barron's? ¿Aplicarán y harán cumplir los jueces estadounidenses los estándares de difamación australianos o tomarán en cuenta los menos restrictivos estándares norteamericanos?

Sin importar cómo sean contestadas estas interrogantes, tal y como The Economist lo señaló recientemente, este caso destaca el hecho de que "las leyes nacionales en una gran variedad de áreas, no solo difamación, hoy en día parecen no mantenerles el paso a las realidades del Internet."

Los vendedores y editores en Internet podrían evitar dichas confrontaciones en el futuro usando nuevas tecnologías de localización geográfica para fijar de mejor manera sus servicios en lugar de solamente disparar sus materiales a todo el planeta. Por un lado, dicha auto-censura y tecnología de bloqueo divide al Internet y conlleva a erigir "fronteras" en lo que muchos asumieron sería un medio sin fronteras. Por el otro, les da a los países—o al menos a aquellos con ciudadanías votantes—un incentivo para repensar sus leyes restrictivas si quieren participar en un ambiente fluido de Internet. Las naciones altamente restrictivas podrían enfrentar el retiro de trabajos e inversión estadounidenses.

Y la represalia podría ser un factor. Estados Unidos seguramente no tiene interés en buscar sitios de Internet australianos para demandarlos. Pero si el alcance de allende se pone de moda, más de un país estará jugando el mismo juego.

El resultado es que leyes innecesariamente restrictivas pueden terminar lastimando al país que las conserva más de lo que pueden afectar a Estados Unidos. Pero dichas legislaciones pueden causar mucho más caos en el corto plazo.

Adam Thierer es Director de Telecomunicaciones y Clyde Wayne Crews Jr.es Director de Política Tecnológica del Cato Institute.