A esta situación se añaden problemas internos que aquejan, especialmente, al área de Gobierno encargada de velar por la seguridad ciudadana, una cuenta pendiente de las autoridades en los últimos años. Dos casos graves han concitado la atención en el país: el de la muerte del sospechoso de atracar la oficina de Vías Bolivia, David Olorio, y el del alemán Dirk Schmidt, personaje oscuro que aparentemente trabajaba para Régimen Interior en temas de seguridad.

Las contradicciones han sido la tónica en este último escándalo, que todavía está en curso. No es la primera vez que la población atestigua cómo se pasan la pelotita en un asunto complicado; para el embrollo del súbdito alemán, la palabra “terrorismo” resurgió de entre las cenizas del hotel Las Américas, aunque el involucrado no tuviera relación alguna con la banda de Eduardo Rózsa.

La cuestión es que el ministerio a cargo de Sacha Llorenti no sólo debe atender y resolver este nuevo entuerto, sino también tiene la misión encomendada por el mismísimo Presidente y que trata de llegar al fondo del problema que tiene a la Policía sumida en un pozo, para muchos, sin salida.

La corrupción enquistada en las bases de los uniformados se ha vuelto insostenible y, a partir de la exhortación presidencial, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, presentó el plan denominado Punto Final. En el discurso, por lo menos, se lo ve decidido, firme. Y, es cierto, en las últimas semanas se ha advertido un inusual movimiento de efectivos en las calles de las ciudades capitales, donde los controles de tránsito son una constante.

Pero el problema abarca a casi todas las reparticiones policiales. El compromiso de Nina, por lo pronto, es bastante ambicioso y, siendo realistas, improbable: llegó a decir que erradicaría la corrupción en un 99 por ciento.

El Comandante tiene razón en pedir la colaboración de todos, desde el Gobierno hasta la ciudadanía en general. Ahora, falta poner en práctica el plan y esperar resultados. Con la intención, solamente, no se logra mucho.