La primera legislatura de Rodríguez Zapatero transcurrió en un dolce far niente, con el déficit de tarifa creciendo a velocidad de vértigo, algunos vanos intentos de reparar los daños corporativos causados en la etapa anterior -que sólo tuvieron éxito en el caso de Repsol- y algunos remiendos de menor cuantía.

A efectos corporativos, la realidad ha sido inmisericorde con quienes entre 1996 y 2004 diseñaron una torpe privatización de las empresas energéticas, a contracorriente de lo que entonces hacían Francia, Alemania o Italia.

El resultado de tanta obcecación y de la incapacidad de los tres últimos ministros de Industria para pilotar cualquier proyecto de fuste es que Endesa está en manos de Enel, los intentos de crear un gigante energético español apenas están alumbrando un ratón -Gas Natural más Unión Fenosa-, Iberdrola no sale del laberinto construido por la hostilidad entre Sánchez Galán y ACS, Repsol está desfilando en la pasarela delante de la oligarquía petrolera rusa y la participación del Santander en Cepsa puede caer en manos extranjeras en cualquier momento.

Nada más inexacto que suponer un plan en los relevos del capital de las grandes empresas españolas. En el mejor de los casos son segundas o terceras opciones provocadas por el fracaso de las primeras -Gas Natural apeteció primero de Iberdrola, luego de Endesa y ha de conformarse con Unión Fenosa- y en el peor se trata de decisiones atropelladas que pasan factura al cabo de poco tiempo.

Véase el caso de Endesa, cuyo núcleo accionarial se hilvanó en el último minuto con una empresa pública italiana y una constructora porque era preferible un remiendo que ceder ante los directivos de Endesa, nombrados a instancias del Gobierno del PP, declarados en abierta rebelión contra el Gobierno y Gas Natural.

Las empresas energéticas españolas parten de un accionariado débil e inestable, insólito en otros países europeos. Alemania, Francia e Italia tienen sus empresas cerradas a cal y canto, sea con participaciones públicas, sea con un poder implícito del Gobierno, pero bien visible, como sería el caso de E.ON o RWE. Nada de esto es nuevo; flota en el debate público desde 2005, pero en España no se han encontrado respuestas.

El Gobierno carece de convicción e iniciativa para promover accionariados estables, no hay empresas ni entidades financieras capaces de ocupar el vacío y la oposición, es decir, el PP, sigue presumiendo de un liberalismo de pitiminí, que sólo debe existir en el reino de Nunca Jamás, que traiciona donde gobierna y cuando gobierna con un intervencionismo propio de las economías de dirección centralizada.

Así que mal puede hablarse de nuevo mapa energético o locuciones sedantes similares. Más que un mapa, la ordenación empresarial de la energía es un chafarrinón que puede ensuciarse todavía más si no se encuentra una solución razonable para Iberdrola y Cepsa. -