El proyecto de construcción de una carretera que en uno de sus tramos atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha desatado una disputa política sin precedentes en Bolivia, logrando poner en cuestión a varias de las instituciones de la democracia y planteando un nuevo escenario para la relación entre Gobierno y pueblos indígenas.

Para comenzar, el conflicto, iniciado hace casi un año, ha puesto en cuestión las certezas que se tenían en torno a los pueblos indígenas de tierras bajas, así como sobre sus organizaciones y dirigencias. En efecto, mientras el Gobierno hizo grandes esfuerzos por afirmar el derecho de los habitantes del TIPNIS al desarrollo, entendido fundamentalmente como acceso a la salud y la educación, la dirigencia de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), secundada por ONG ambientalistas y algunos políticos opositores, posicionaron la idea que estos pueblos merecen conservar su modo de vida, en armonía con una naturaleza virgen que sería irremediablemente afectada por el tramo carretero.

Lo cierto es que en medio de este debate, son numerosas las pruebas que señalan la pobreza de las y los habitantes del Parque Nacional y, sobre todo, su deseo de acceder a mejores condiciones de vida, incluso si eso implica comerciar con las especies maderables de la selva.

Asimismo, el conflicto ha mostrado actitudes y comportamientos extremos, propios de las crisis políticas, no exentos de rasgos racistas y discriminadores, de parte de todos los agentes involucrados en el conflicto, desde aquellos esencialismos que defienden la idea del “buen salvaje”, hasta los de quienes creen que las ideas contemporáneas de desarrollo son la respuesta al “atraso” de estos pueblos indígenas, pasando por una amplia gama de expresiones de “sentido común” que se repiten en la esfera pública. En el ámbito de los medios, la pugna, que ha sido fuente de polarización no sólo en la sociedad sino también entre las y los profesionales de la información, ha provocado una ola de desinformación, voluntaria o no, que impide al común de la gente tener alguna certeza en torno al tema de la carretera y la defensa del TIPNIS.

Finalmente, en medio de todo el maremágnum desatado en torno a la IX marcha indígena, el martes por la noche se arribó a un acuerdo con los corregidores de 45 de las 63 comunidades del TIPNIS de aceptar la consulta que los marchistas pretendían evitar con su sacrificada caminata de dos meses.

La parte inmediata del conflicto parece haberse resuelto con el acuerdo del martes; sin embargo, hay mucho que debe ser reconstruido, comenzando por la relación entre la dirigencia de la Cidob y sus bases, y terminando por el modo en que el Estado mira a esta población, que tiene tanto necesidades urgentes como dignidad; y ambas deben ser satisfechas y respetadas.