No se trata de un tema fácil y parece necesario indagar sin presiones ni condicionamientos una etapa nacional marcada por los trágicos atentados en los que murieron los principales jueces antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Se debe descubrir si hay prueba que el Estado pidió a la organización criminal el fin de los atentados a cambio de aplicar unas medidas restrictivas menos rígidas para sus principales “capos” en prisión (hecho que luego sucedió: 800 de los 1200 mafiosos condenados al 41 bis entre 1992-1994 —el régimen carcelario más duro- vieron conmutada su pena).

Las imágenes de aquellos atentados permanecen grabadas en la memoria colectiva del país y resulta absurdo que, dos décadas después, aún no se haya aclarado por completo lo que ocurrió. Mientras la sombra de una posible complicidad del poder se agranda, quienes trabajan para averiguar lo que sucedió deberían contar con el apoyo de las instituciones, de la sociedad civil y de la clase política. Por su parte, los medios de comunicación deberían sensibilizar a la opinión pública nacional, invitarla a reflexionar y a pedir la verdad. No obstante Italia tiende al olvido, a parece preferir mantener encerrados los esqueletos en el armario que descubrir verdades consideradas como incómodas. No debe extrañar la actitud de muchos políticos nacionales ya que ellos mismos resultan investigados por concurso externo en asociación mafiosa: ¿cómo pedirles que digan la verdad? Su actitud esconde un velo de hipocresía y sus esfuerzos por descubrir la verdad sobre esos atentados resulta poco creíble. Por muy paradójico que resulte, en los bancos del Parlamento italiano y en las administraciones públicas abundan los políticos investigados por concurso externo, favorecimiento y colusión de la Mafia, personas cercanas o “a disposición” de las organizaciones criminales.

La misma actitud del actual Presidente del Gobierno genera perplejidad: ¿cómo interpretar las últimas actuaciones de Napolitano acerca de estas investigaciones? ¿Por qué el ex Ministro de Interior de entonces, Mancino, le pide ayuda y le llama? ¿Por qué el Presidente quiere que se destruyan las conversaciones interceptadas? Esa actitud mina la credibilidad del jefe del Estado, perjudica la imagen ética de la política y fomenta la impresión de que la Casta sigue protegiéndose para ocultar la verdad. Al contrario, no se debe caer en la tentación de “encubrir” la investigación en nombre de una presunta razón de Estado, ni estancar la labor de los Magistrados. El “amor a la patria” se demuestra apostando por la verdad, por apuntar directamente al corazón de las relaciones entre la mafia y los políticos de entonces. Deben arrinconarse los intereses parciales, ya que lo que importa es obtener la verdad. Además, de esa manera, se ofrecería una señal contundente al país sobre la lucha contra la criminalidad organizada y se aclararía un turbio asunto que mancha el nombre del Estado. Las instituciones deben apoyar a los magistrados que investigan sobre este hecho, deseando que se descubra la oscura trama de contactos entre Cosa Nostra y el Estado italiano y que esa historia nunca se repita.

La ruptura de la “pax mafiosa” no justifica una posible actitud discutible del Estado: los años 1992-1994 representan un período oscuro en la historia de Italia (atentados en varias ciudades de Italia, la operación Manos Limpias, la crisis de los partidos tradicionales…) y por eso, cualquier tipo de investigación orientada a aclarar esos años debe ser apoyada. No se debe olvidar que unos de los pilares del Estado de derecho es la independencia de la Magistratura, por lo tanto los demás poderes —e instituciones- deben evitar interferir en sus labores. No se puede permitir que los magistrados que investigan las negociaciones padezcan fuertes presiones ni tolerar que, cada vez que se alza el nivel de las indagaciones, su trabajo se entorpezca. Las omisiones por parte de los políticos, los vacíos de memoria de algunos protagonistas de la época, evitar ser citado como testigo —tal y como ha hecho hace pocos días el ex primer ministro, Silvio Berlusconi- alimentan las dudas y manchan la credibilidad del país. La política también debe cumplir su parte, responsabilizarse y entender que a veces se debe correr el riesgo de descubrir verdades, aunque estas puedan ser desagradables. Italia debe seguir su apuesta por la legalidad, su lucha contra la criminalidad organizada, recordando siempre las palabras de Borsellino: “Quien tiene miedo muere todos los días, quien no tiene miedo sólo muere una vez”.

**Andrea Donofrio es politólogo, experto en Relaciones Internacionales e investigador del Instituto Ortega y Gasset

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