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14/11/2002 | México: Campaña imperialista anti-estados nacionales

Lilia Cisneros Luján

Desde que el mundo globalizado empezó a privilegiar la economía por encima del derecho, los pueblos han tenido que soportar cualquier cantidad de aberraciones que a final de cuentas vulneran, sus más elementales prerrogativas.

 

Pongamos como ejemplo inicial, las cláusulas contenidas en todas las bases de licitación de obra, servicios o adquisiciones, que manejan las dependencias y entidades de la administración pública en México, en las que a partir de un Convenio de Colaboración con el propósito de realizar pactos de integridad, se impone a todos los licitantes la obligación de otorgar un donativo voluntario a la asociación civil denominada Transparencia Mexicana (TM.A.C.), con lo cual un acuerdo entre dos partes pretende tener más fuerza que la Ley. En términos estrictamente jurídicos y antes de esta aberración conceptual que contiene en sí misma otras muchas desviaciones, el ciudadano que concursaba en estos procesos, podía inconformarse contra el fallo de la licitación ante las instancias legítimamente establecidas para –entre otras cosas- pedir la devolución del monto erogado por las bases o incluso solicitar la reposición del proceso de lictación; hoy con esta invención meta jurídica, ¿ante quien se puede solicitar la devolución de un donativo entregado voluntariamente a una instancia privada?

Con el mágico nombre de transparencia, se ha generado un monstruo pleno de impunidad ¿Sobre la base de que leyes se le puede exigir a esta asociación civil, el cumplimiento de cuales responsabilidades? ¿En donde está la legitimación de sus facultades? ¿Puede un convenio de colaboración, con una instancia privada, estar por encima de la ley orgánica de la administración pública federal? ¿Qué razón de ser, tiene la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo si sus funciones sustantivas de control las realiza TM.A.C.? ¿Porqué se rompe el principio de igualdad ante la ley privilegiando a esa asociación por encima de otras?

Aun en el supuesto de que todos los integrantes de esta organización ciudadana mexicana -a quien se dio la posibilidad monopólica de recibir dinero para calificar a sus iguales- actúen de buena fe, al margen de la arbitrariedad y sin lesionar los derechos del pueblo, que debe a pie juntillas creer que México nació como un bebé sin macha a partir del 2 de julio del 2000; con esquemas como el que nos sirve de ejemplo, formalmente se está socavando el Estado de Derecho, concepto por cierto también muy manoseado y no comprendido por quienes ahora detentan el poder, al incurrir en una confusión terrible pues se refieren al gobierno como Estado; y peor aun al considerar que la administración es el gobierno en su totalidad.

El Estado mexicano, al igual que la mayoría de los estados occidentales, está conformado por Territorio, Pueblo y Gobierno con una esencia demo-liberal, burguesa y garante de las libertades individuales. Sin embargo el afán imperialista primero de los países europeos y luego de los descendientes de la pérfida Albión [1] en América, ha socavado este concepto en aras de los intereses transnacionales en todo el mundo, de manera muy específica en la región latinoamericana, en donde los mecanismos intervencionistas han cambiado de sello como de moda, disfrazándose de lucha anticomunista, anti drogas, anti totalitarismo, anti explotación infantil y hoy anti corrupción.

En una seria revisión histórica, es imposible tapar realidades ingratas que han vivido los pueblos eternamente sometidos al imperio. Los disidentes de la posguerra fueron encarcelados y asesinados durante la guerra fría con la complicidad de gobernantes que siempre tuvieron línea directa con Washington. La coca o la marihuana, dejaron de ser plantas asociadas a la cultura ancestral, cuando el imperio las convirtió, primero en paliativo de jóvenes enloquecidos por las consecuencias bélicas, luego en instrumento de descrédito de las luchas reivindicatorias de la igualdad de minorías étnicas, para terminar en jugoso negocio de las élites castrenses. Cuando en los 70, películas al estilo del padrino o JFK muestran al mundo esta realidad de decadencia en la sociedad norte americana, el intervencionismo cambia de ropaje en un intento de distribución de la culpa transfiriendo ésta a Colombia, Perú, y luego México [2].

¿Cómo este tipo de acciones socavan la soberanía y la libre determinación de las naciones? Para responder es pertinente retomar los conceptos básicos de la ciencia jurídica. Con el mayor simplismo semántico podemos definir al Estado de Derecho como una organización política que rige su existencia y su actuar, mediante un orden jurídico apoyado en: la división de poderes, la soberanía popular ejercida a través de mecanismos de representación -la democracia- la libertad y el control jurídico de los actos de los gobernantes.

Durante los 90´s y con la necesaria complicidad de los medios de comunicación, se inicia una campaña de descalificación a prácticamente todos los gobiernos de Latinoamérica como preámbulo a la imposición de una serie de condiciones económicas que han permitido al sometedor avanzar en la disposición de los recursos locales con la utilización incluso de los pueblos sometidos. Sin deparar en costos, la mercadotecnia le concedió primero a los electores supuestas facultades de control en mecanismos de observación, que han resultado en la fragmentación del electorado, el arribo a los gobiernos de individuos con dudosa calificación para la conducción de sus países y el evidente descrédito de los partidos políticos. La mayoría de los ejecutivos que así arribaron a las sillas presidenciales en América Latina se han tragado la píldora, pues está en la naturaleza humana la búsqueda de la legitimación, aun cuando en casi todos existen condiciones de deshonestidad, toda vez que sus intereses responden más al llamado de los consorcios financieros que a los reclamos de sus pueblos.

En su ignorancia política, social y jurídica, la mayoría de los presidentes latinoamericanos hablan de reformar el Estado de Derecho, cuando pretenden modificar cualquier ley -incluso la constitución- y lo que es peor, creen estar optimizando el estado de derecho con la intromisión de engendros como el erigir a una instancia privada [3] en autoridad, sin que haya sustento legítimo ni mucho menos jurídico para ello. Vayamos a los ejemplos simples, en México se modificó el estado de Derecho cuando perdimos en 1847 más de la mitad del territorio. También hubo modificación del Estado de Derecho cuando la soberanía popular decidió que dejaríamos de ser un Estado Centralista para convertirnos en Estado Federal, ¿Qué modificación se pretende con las constantes descalificaciones a lo que el pueblo soberanamente decidió en la constitución de 1917 reconocida internacionalmente como la de mayor avance del siglo? ¿Se tratará de cambiar nuestra esencia para convertimos en un Estado libre asociado? ¿Se pretende volver a esquemas monárquicos que otorgaban verdaderas patentes de corso a las oligarquías del momento?

El esquema mencionado en este ejemplo se está utilizando sin recato en casi todo el ámbito de actuación del gobierno Si la sociedad civil de élite, pagada con fondos de fundaciones creadas para que las grandes transnacionales puedan desviar recursos de naturaleza eminentemente fiscal, se arroga la posibilidad de operar programas cuya programación, presupuestación y conducción corresponde al gobierno ¿lo hace por cuestiones de transparencia o como resultado del abandono de una función expresamente encomendada a los Ejecutivos por el sistema jurídico vigente? ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los beneficiarios frente a instancias cuya actuación se constriñe a lo declarado en sus estatutos? ¿No fue la exagerada injerencia de poderes ajenos a la res publica lo que dio lugar en México a las decisiones de los gobernantes de la Reforma, para limitar los excesos cometidos con el ropaje de obras pías? Unicamente la ley, es la que puede determinar la pertinencia o no, de usar los fondos públicos de manera engañosa y poco equitativa. No bastan las buenas intenciones de los Perfect@s [4] Actuar al margen de la ley resulta en un burdo robo de recursos y cancelación de oportunidades para quien es soberano en un Estado de Derecho, me refiero al pueblo, que tiene ya bastante con el FOBAPROA [Fondo Bancario de Protección al Ahorro], la venta de las empresas públicas que le pertenecían y la entrega incondicional de los recursos nacionales que no pueden usarse al estilo de los señores feudales.

Resulta sospechoso, que el informe de Transparencia Internacional, calificando a América Latina como la Región más corrupta del mundo, se dé justamente después de que salen a la luz pública cosas que se antojaba imposible ocurrieran en una nación que ha tenido el cuidado de recabar todos los tintes de legitimación de su honradez. Asuntos como el de ENRON, la vinculación de altos funcionarios del gobierno de Bush Jr. en acciones fraudulentas de empresas privadas y la eufórica pretensión de anatemisar a los gobernantes que no se han sometido al imperio, para justificar la intervención abierta en la vida interna de un país, tenían que tamizarse; y que mejor que descalificando los procesos societarios de otros para que pase a segundo término la escasa transparencia –que raya en podredumbre- de los motivos para la masacre en Afganistán y los augurios de guerra contra el pueblo Iraquí. Todo apunta a diseñar un esquema de convencimiento de que la única instancia capaz de lidiar con el mal, es el imperio, para ello se necesita reformar a los estados nacionales latinoamericanos. Sus mejores instrumentos son los gobernantes que responden a sus intereses –de forma consciente o por simple estupidez- ansiosos unos y otros, de jugar en determinadas áreas y no necesariamente con vidas transparentes

Mucho bien le haría a las naciones latinoamericanas, el que sus pueblos entendieran la escasa preparación de sus funcionarios en ciencia jurídica, pues si pudiéramos validar que adolecen de confusión entre Estado y gobierno, al menos -defendiendo la vigencia de la ley- disminuiríamos el riesgo de desaparecer como países, pues hasta hoy, lo que ellos han intentado reformar no es el Estado, sino la administración pública -apenas una parte del gobierno- y ni eso lograrán dando facultades plenipotenciarias a grupos de ciudadanos que no tienen con qué legitimar su injerencia en asuntos que no les competen y a como están las cosas pueden convertirse en verdaderos corsarios que, sin límite alguno, seguirán saqueando todo lo que encuentran después de esta lucha inconcebible entre gobernantes y gobernados, en la que pocos opinan pues al parecer a muchos de los privilegiados no les conviene aclarar a que estamos jugando.

Notas:

1. Dado por lo Griegos a Inglaterra

2. Fuera de la región latinoamericana Turquía es un buen ejemplo de cómo la droga funciona como arma de desestabilización y control.

3. Transparencia Mexicana A.C. es filial de Trasparencia Internacional y en realidad funciona como una consultora que cobra 300 dólares la hora por su opinión “legitimadora”

4. En México, la esposa del Presidente ha creado una estructura paralela también como asociación civil que se arroga las funciones constitucionalmente encomendadas al gobierno para la solución de los problemas sociales entre otros los de alimentación, salud, educación y vivienda.

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Lilia Cisneros Luján. Abogada, escritora, periodista y locutora, publicó por vez primera en el periódico Nuestra Generación que ella misma dirigía en 1964. Actualmente publica semanalmente en el espacio editorial del Diario de México y eventualmente en el Economista y El Uno más Uno. En 1987, ocupó la Dirección de Prensa de la UNAM, siendo relevante destacar que además de ella sólo otra mujer –Rosario Castellanos- ha estado a cargo de la difusión del que-hacer universitario en los 450 años de historia de esta institución. Ha dedicado los últimos 25 años al trabajo de consultoría para organismos internacionales y asociaciones no gubernamentales con enfoque de protección a los derechos de la infancia. Habiendo conducido diversos programas radiofónicos y obras impresas, tanto de este tema como de política.

Probidad (Organismo Internacional)

 


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fecha titulo
14/11/2002 De México para el mundo: Conferencia México contra la Corrupción


 
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