Si bien desde el Gobierno dicen que esta ley es para defender al consumidor, la realidad es que el consumidor terminará siendo perjudicado y la población en general retrocederá varios escalones en su nivel de vida, salvo, claro está, los burócratas que tienen el poder.

Bastaría con recomendarle a Axel Kicillof que leyera el libro de Robert Lindsay Schuettinger y Eamonn Butler titulado 4000 años de control de precios y salarios: cómo no combatir la inflación, para que adviertan por qué van a fracasar. Pero la realidad es que ni en el Gobierno van a leer este libro y si lo leyeran y comprendieran, tampoco es su objetivo resolver el problema de fondo. Su objetivo es consumir el capital de trabajo de las empresas para sostener artificialmente el consumo que viene en caída libre.

¿Por qué el Gobierno quiere una ley inconstitucional que le otorgue poderes similares a los de sistemas totalitarios? Porque por groseros errores de política económica se han metido en la tormenta perfecta y la solución que encontraron es financiarse con el capital de trabajo de las empresas.

Se metieron en la tormenta perfecta porque cada vez se producen menos bienes como consecuencia del intervencionismo y la falta de seguridad jurídica que va destruyendo inversiones. Esta menor producción de bienes se combina con una mayor cantidad de pesos en circulación que, a su vez, la gente quiere quitárselos de encima lo antes posible porque sabe que mañana podrá comprar menos bienes con un billete de $ 100. Es decir, cada vez hay menos bienes ofrecidos, más moneda circulando y encima la gente huye del peso. La tormenta perfecta. La gente tiene cada vez más pesos en sus bolsillos que valen cada vez menos y se abalanzan con esos pesos sobre una cantidad menor de bienes.

Bajo este contexto, por ejemplo, la ley le permitiría al Gobierno confiscar los granos que tienen los productores en los silos bolsa en caso de necesitar dólares. Es decir, ante la escasez de dólares: ¡confísquese! Dados los problemas de inflación y falta de productos, forzar a las empresas a vender a pérdida puede darles algo de aire para llegar a 2015. ¿Por qué? Porque pueden forzar a las empresas a perder su capital de trabajo para frenar algo la caída del consumo. Lo explico de otra forma. El empresario tiene vasos en su estantería que el Gobierno le obliga a vender a $ 10 o se los confisca. Pero resulta que cuando el empresario quiere reponer ese vaso, por efecto de la inflación, el precio es de $ 15, el resultado es que perdió su parte de su capital de trabajo. Ahora tiene un vaso menos en la estantería porque con los $ 10 no puede reponerlos. Esto no es otra cosa que financiar el consumo, consumiendo el stock de mercaderías existente. Así de sencillo.

Vayamos ahora al fondo del tema para ver por qué ni Kicillof, ni Augusto Costa, ni todas las planillas Excel pueden tener éxito con esta ley autoritaria. Para que Kicillof pudiera saber qué hay que producir, en qué cantidades y calidades producir y a qué precios vender, deberían conocer cómo valora cada uno de los 40 millones de argentinos cada bien y servicio que se ofrece en el mercado. Dicho de otra manera, cada persona está dispuesta a entregar su dinero a cambio de una mercadería si valora más la mercadería que recibe, que el dinero que entrega a cambio.

En segundo lugar debería saber cómo van cambiando las valoraciones de la gente respecto a cada bien y servicio que se produce en el mercado. Si hoy comí pizza no quiere decir que mañana tenga ganas de volver a comer pizza. Tal vez quiera comer pastas, o carne vacuna, o de pollo o porcina o verduras. ¿Cómo saben Kicillof y el resto de sus funcionarios qué voy a querer comer mañana yo y el resto de los habitantes? ¿Si hoy comí pizza y Kicillof no sabe qué voy a querer comer mañana, dónde le dice al molino harinero que lleve la harina, a la casa de pastas o a la pizzería? No puede saberlo. Sus decisiones son arbitrarias. Es más, ¿y si no quiero ni pizza ni pastas y prefiero un sándwich de mortadela con lo cual la harina hay que llevarla a la panadería para hacer el pan del sandwich? El dilema de Kicillof es tratar de saber qué voy a querer comer mañana (pizza, ravioles o sándwich). Y eso es imposible, salvo que él me imponga qué tengo que comer.

Como no lo puede saber, no puede definir qué hay que producir mañana. Ahora, si ya con el tema de la comida Kicillof no tiene la suficiente información como para saber qué quiere cada argentino y cómo cambia de gustos (cómo valora cada bien), menos puede tener idea sobre todos los bienes de la economía para los 40 millones de consumidores. Y aquí viene el problema de fondo: lejos de defender a los consumidores, en el largo plazo el Gobierno va a perjudicarlos. Es decir, no solo destruirán el capital de trabajo de las empresas, reducirán la productividad de la economía, los puestos de trabajo y los ingresos reales, sino que, además, es falso que sea una ley para proteger a los consumidores, por la sencilla razón que ni la computadora más avanzada del planeta puede llegar a procesar en una planilla Excel las valoraciones de cada uno de los consumidores y cómo cambian esas valoraciones sobre cada uno de los bienes, que son las que le indican a los empresarios, vía los precios, qué hay que producir, cuánto, de qué calidad y a qué precio vender. Los precios no son otra cosa que la expresión numérica de las valoraciones de cada consumidor. Y las valoraciones de cada uno de los 40 millones de argentinos son variables y no pueden ser metidas en ninguna celda de una planilla Excel. Por eso la economía no es una ciencia exacta y las ecuaciones no sirven para nada.

Como la llamó Hayek a este tipo de políticas económicas: la fatal arrogancia de los burócratas. Se ponen por encima de la sociedad y no solo destruirán las empresas, sino que están decidiendo por cada uno de nosotros qué tenemos que consumir, en qué cantidades, en qué calidades y a qué precios. Por lo tanto el título perfecto de esta ley debería ser: ley para perjudicar a los consumidores.

En síntesis, si Kicillof, su gabinete y todas las computadoras del Ministerio de Economía no pueden resolver este problema económico porque las valoraciones de los consumidores no son constantes, sino que son variables, lejos pueden afirmar que es una ley para defender a los consumidores.