En vez de procurar solucionarlos, trata de politizarlos. Era por lo tanto previsible que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y otros funcionarios reaccionaran frente al informe del Departamento de Estado norteamericano según el que la Argentina exporta 70 toneladas de cocaína a Europa anualmente y, lo que es más alarmante aún, se ha convertido en el segundo mercado de consumo de América del Sur detrás de Brasil, insinuando que sólo es cuestión de un intento de desprestigiar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según Fernández, "nos quieren hacer ver como si fuéramos la oveja negra de la situación y somos lo último del tarro, el resto lo consumen ellos", o sea, los norteamericanos y los europeos, puesto que aquí consumimos sólo el 10% del total, una cantidad a su juicio módica de 60 toneladas.

En cierto sentido, tiene razón el principal vocero del gobierno kirchnerista, ya que no cabe duda de que entre los más de 700 millones de europeos, 300 millones de estadounidenses y casi 200 millones de brasileños hay más cocainómanos de lo que hay que entre los 40 millones de argentinos, pero la diferencia así supuesta dista de constituir un consuelo. Es de dominio público que, como señala el informe que acaba de difundirse en Washington, la Argentina dejó hace tiempo de ser un "país de tránsito" que cumplía el papel del narcotraficante que no pensaría en permitirse envenenar por las drogas que repartía. En las zonas urbanas más necesitadas del país, sobre todo las del conurbano bonaerense, el paco derivado de la cocaína es un flagelo cruel que, además de tener consecuencias muy negativas en los jóvenes que suelen consumirlo, ha contribuido mucho a aumentar el delito callejero. Mal que le pese al gobierno, se trata de una amenaza que seguirá creciendo a menos que la enfrente con medidas más eficaces que las ensayadas hasta ahora.

No es que la Argentina haya dejado de ser un "país de tránsito". Como nos recordó hace poco el caso del tristemente célebre "narcojet" de los hermanos Juliá, la Argentina cumple una función muy importante en el tráfico internacional de drogas debido a la falta de controles. Parecería que aviones y avionetas pueden entrar y salir del espacio aéreo nacional con facilidad sin ser detectados. Por lo demás, integrantes de cárteles colombianos y mexicanos han podido instalar sucursales en nuestro país vinculándose con empresarios farmacéuticos locales, como aquellos que murieron asesinados en el "triple crimen" de General Rodríguez. Es de presumir que aquí, como en otras partes de América Latina, los narcotraficantes se las han arreglado para asociarse con políticos, jefes policiales y jueces corruptos sobornándolos y, desde luego, haciendo aportes a campañas electorales por suponer que a cambio se verán beneficiados. Después de todo, por ser la Argentina uno de los países más corruptos de la región, sería perfectamente lógico que los mercaderes de la muerte que son los narcotraficantes procuraran aprovechar sus deficiencias institucionales para hacerlo un centro de operaciones. Puede que no sea demasiado tarde para impedir que la Argentina comparta el destino aciago de México, donde la lucha entre las fuerzas de seguridad, con la participación del ejército, contra los cárteles ha dado pie a una virtual guerra civil en que el año pasado murieron más de 15.000 personas, la mayoría de ellas delincuentes, pero no convendría en absoluto que el gobierno siguiera minimizando el peligro, tratando las advertencias planteadas por el informe basado en datos aportados por la DEA como un episodio más del conflicto diplomático entre nuestro país y Estados Unidos. Aunque los norteamericanos, en cuyo país el consumo de drogas y la lucha por combatirlo han causado muchos estragos, tienen sus propios motivos para sentirse preocupados por la escasa eficiencia de nuestras autoridades, deberíamos estar aún más preocupados que ellos porque lo que está en juego es el futuro nacional.