i las huelgas generales, ni mucho menos la prepotencia y las actitudes intimidatorias, pueden ser el camino para expresar en democracia demandas sobre rectificaciones en las políticas de gobierno, por legítimas que resulten. El paro realizado ayer , con la convocatoria de tres centrales sindicales, y los diversos piquetes y cortes de calles registrados, constituyen un retroceso en nuestra vida institucional.

Cabe preguntarse, sin embargo, cuánta responsabilidad hay de parte de un gobierno nacional que se ha empeñado durante demasiado tiempo en no escuchar muchos de los reclamos que expresó esta medida fuerza. Distintos funcionarios del Gobierno se preocuparon por calificarla como un "acto de chantaje" y puede que no les falte algo de razón. No obstante, esos mismos hombres de la Presidenta deberían recordar que, desde 2003, las sucesivas administraciones nacionales del kirchnerismo se valieron en reiteradas ocasiones de la perversa metodología de los piquetes y de los escraches con fines políticos, que ahora cuestionan. Podrían recordar los piquetes para presionar o extorsionar a empresas como Shell e incluso para impedir la circulación de diarios como Perfil, Clarín y LA NACION.

Eran otros tiempos, claro está. Tiempos en que el gobierno kirchnerista vivía preocupado por el control de la calle y en que su alianza con Hugo Moyano funcionaba a pleno. Las circunstancias han querido que esos antiguos aliados, con concepciones del poder y estilos tan parecidos, hoy protagonicen una feroz disputa de la que la sociedad argentina no podrá esperar progresos reales sustantivos.

El daño que una seguidilla de huelgas puede causar al país, en el supuesto caso de que se profundice el enfrentamiento, no será menor que el derivado de los conocidos errores de gestión. Hay una diferencia, empero, entre ambas cuestiones. Mientras las equivocaciones de un gobierno pueden tener remedio en las urnas, el recrudecimiento de la violencia puede generar perjuicios irreparables.

Sería deseable que los dirigentes de las organizaciones gremiales y sociales que activaron la protesta de ayer pensaran en la conveniencia de buscar otros métodos, quizá más afines a la movilización tan pacífica como multitudinaria del 8 de noviembre, a la hora de profundizar su plan de lucha.

Del lado del gobierno de Cristina Kirchner será necesario que, lejos de su habitual soberbia, escuche la demanda planteada. Podrá discutirse largamente cuántos argentinos se quedaron en sus casas en señal de hartazgo frente a un gobierno que no atiende sus reclamos y cuántos lo hicieron por la imposibilidad real de trasladarse a su trabajo o por el miedo a quedar atrapados en medio de alguno de los 150 cortes de rutas y calles que tuvieron lugar. Lo que no puede discutirse es que la totalidad de las centrales sindicales, incluidas las dos que no adhirieron al paro general, comparten un pedido de rectificación al Gobierno que éste viene desatendiendo injustificadamente.

La suba del mínimo no imponible de ganancias es, sin dudas, un reclamo con fundamento, ya que por efecto de la continua inflación, una proporción cada vez mayor de asalariados ha quedado sujeta a sufrir una retención sobre los sueldos para cumplir con ese impuesto. Ya no se trata de ingresos altos ni de ganancias propiamente dichas, sino de remuneraciones que apenas alcanzan para una vida relativamente austera de un trabajador y su familia. Esta situación escapa del concepto filosófico que dio origen a ese impuesto, hoy pagado por un trabajador soltero que apenas recibe algo más de dos salarios mínimos y por uno casado, con dos hijos, cuya remuneración no llega a los tres sueldos mínimos.

Tal deformación, además de una caída en el poder adquisitivo del trabajador, está provocando toda clase de asimetrías en el mercado laboral y situaciones inimaginables tiempo atrás, por las cuales existen trabajadores a los que ya no les conviene hacer horas extras porque el tributo a las ganancias absorbe la mayor parte de la mejora o que deben considerar detenidamente el impacto en su bolsillo de un aumento salarial, como consecuencia de un sistema de escalas que no se ha modificado desde la presidencia de Fernando de la Rúa.

La falta de ajuste del mínimo no imponible no es obviamente una actitud empeñosa del gobierno por perjudicar a los asalariados. No sería esto concebible en un gobierno populista y ocupado en preservar su base electoral. Lo hace porque ya no puede prescindir de esos recursos. Los intentos de reducir el gasto vienen fracasando, como ocurrió con la "sintonía fina" para reducir los subsidios. Los atrasos con los proveedores y los contratistas ya son insostenibles y los gobernadores reclaman sin éxito lo que les corresponde.

Menos recaudación es más déficit. Agotándose las cajas de la Anses y del PAMI y no habiendo crédito externo, más déficit es inevitablemente más emisión y mayor expansión monetaria. Con ello aparece la sombra de un descontrol de la inflación.

Frente a este contexto, el Congreso de la Nación, donde deberían estar los genuinos representantes del pueblo, brilla por su ausencia, totalmente anulado por un Poder Ejecutivo que no duda en seguir avanzando sobre el principio republicano de división de poderes.

Por todo esto, se impone un sereno análisis de lo ocurrido por los distintos sectores en pugna. Tanto del sindicalismo opositor, para medir las consecuencias de una metodología que generará más perjuicios que beneficios, como de las autoridades de un gobierno que, además de evaluar las justas demandas planteadas, deberían preguntarse cuánta responsabilidad en lo sucedido ayer tiene la cultura del apriete y la violencia verbal impuesta desde el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos.