La justicia de Nueva York, a través del juez Thomas Griesa, ha resuelto exigirle a la Argentina que cancele sus deudas con grupos inversores y bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Tal decisión se basa en otro fallo de ese juez, emitido en febrero último y ratificado por la Cámara de Apelaciones a fines de octubre.

Si bien el gobierno argentino apelará el fallo ante la Cámara y, eventualmente, ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el juez Griesa ha levantado las medidas cautelares que suspenden la aplicación de la sentencia y le ha exigido a nuestro país que deposite antes del 15 de diciembre el monto solicitado por los acreedores, de alrededor de 1330 millones de dólares, en una cuenta de custodia para garantizar el pago que eventualmente se deberá realizar.

Un dato particularmente grave para el prestigio de la Argentina es que el magistrado norteamericano ha justificado estas medidas en declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quienes manifestaron que "a los buitres no se les pagaría ni un dólar". En la interpretación del juez, esas palabras equivalieron a declarar que la Argentina no respetaría un fallo adverso y constituyeron "una actitud desafiante".

Cuando la Argentina reestructuró su deuda en 2005, con un nivel de aceptación del 76% -llegó al 93% con el segundo canje, efectuado en 2010-, lo hizo en una situación de extrema dificultad. Sin embargo, en lugar de actuar con pragmatismo y humildad, convirtió la reestructuración de su deuda, que en gran parte era con los propios argentinos, en una suerte de campeonato en el que cuanto mayor fuera la quita más éxito habría tenido el Gobierno en contra de supuestos intereses foráneos que representarían lo peor del capitalismo internacional. Mientras la Argentina sometía con soberbia a sus deudores a enormes pérdidas patrimoniales, Uruguay, con una deuda en relación con su economía similar a la argentina, solicitaba con humildad a sus acreedores que le permitieran extender los plazos de los vencimientos y reducir ligeramente las tasas de interés. Uruguay logró una aceptación cercana al 99% y evitó ingresar en default.

Los festejos de la Argentina y la negación de las críticas en 2005 fueron consistentes con un Gobierno que por pensar únicamente en elegir enemigos se olvidó de construir el futuro y se fue aislando cada vez más del mundo.

Quienes no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 lo hicieron por diversos motivos. Porque pensaron que el trato que ofrecía la Argentina era injusto. O porque intuyeron que podían utilizar la ventaja que ofrecía el hecho de que tanto en los años 90 como en los propios bonos emitidos en el canje de 2005 la Argentina resignaba la jurisdicción legal local a favor de la norteamericana. Y ha quedado claro ahora que dejar tantas acreencias fuera de los canjes, simplemente por maximizar la quita y la sensación de victoria política que ello generaba, ha sido un error. Si tenemos en cuenta que la Argentina ha podido mantenerse fuera de los mercados de deuda por tantos años y al mismo tiempo mantener una política fiscal ultraexpansiva, claro está que el trato que recibieron los acreedores podría haber sido otro que el que eligieron las autoridades. Y ahora hay que pagar los costos.

De confirmarse los fallos vigentes, los acreedores litigantes cobrarán no sólo la totalidad del capital más los intereses adeudados, sino además penalidades y costas. Es decir que por cada dólar original de deuda, la Argentina deberá pagar algo más de dos dólares. Si sumamos entonces toda la deuda emitida bajo ley extranjera que se mantiene impaga, que suma unos 6000 millones de dólares, se generará una acreencia de unos 12.000 millones. Este monto, más los costos impuestos a todos los argentinos que no han podido financiarse en estos años, debería llevar a las autoridades a reflexionar acerca de si las victorias pasadas no fueron, en realidad, tristes derrotas que hoy debemos asumir. Actitudes tan lamentables como la celebración de la declaración del default en el Congreso, en 2001.

La realidad de estos días indica que mientras Uruguay o Chile pueden acceder al crédito internacional a plazos de hasta treinta años y tasas inferiores al 4 por ciento anual, la Argentina tiene vedado el financiamiento externo y, teóricamente, sólo podría endeudarse a tasas cuatro o cinco veces mayores que sus vecinos.

Toda decisión del gobierno argentino que no reconozca lo dispuesto en este caso por la justicia estadounidense provocará peores consecuencias para el país, que se añadirán a los efectos negativos que ya generaron el cepo cambiario y la pesificación compulsiva de algunas deudas provinciales originalmente expresadas en moneda extranjera.

En cualquier caso, debería aprenderse que las intransigentes actitudes de enfrentamiento deberían ser reemplazadas por gestos de apertura a la negociación. Y recordar que el mejor mensaje que puede transmitir un país al resto del mundo es honrar los compromisos asumidos..