A lo largo de toda su historia, nuestro país ha tenido ministros de Justicia que ennoblecieron sus cargos y defendieron la vigencia de la Constitución y de las leyes, sin por eso traicionar al gobierno al que pertenecían. Porque hace a su función, siempre fueron los interlocutores del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y nunca se dedicaron a menoscabar la independencia de la Justicia.

El ministro Julio Alak cambió esa larga tradición, que era cumplir con el deber de un verdadero ministro de Justicia .

EI Congreso dirá si Alak ha incurrido en mal desempeño de sus funciones o ha cometido delitos en los términos de los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, para lo cual resulta indispensable que se les dé curso favorable a varios pedidos de juicio político presentados por distintos diputados de la oposición en los últimos días.

Pero más allá de lo que decida el Poder Legislativo, en los hechos dominado por el mismo grupo de poder que ha colocado al ministro Alak en su cargo y que, según se sabe, le impone las pautas de su gestión, lo concreto es que ya no puede dudarse de que su cargo debiera llamarse "ministerio de la injusticia".

De manera abierta y explícita ha interferido con el Poder Judicial, abusando de su autoridad, pretendiendo imponer decisiones que sólo caben a los jueces y al Consejo de la Magistratura.

Violó la división de poderes al provocar la paralización del proceso de selección de jueces, porque el Gobierno no logró imponer su voluntad en el Consejo de la Magistratura, que desde hace dos largos meses no logra quórum por la ausencia del oficialismo.

Ha concretado presiones directas contra jueces y hasta contra la Corte Suprema, con declaraciones que eran virtuales órdenes que ni él ni la Presidenta de la Nación pueden darle al Poder Judicial.

No ha propuesto la lista de conjueces que obliga la ley 26.376, y cuando la elaboró tras cuatro años de demora, lo hizo sólo para un fuero donde litiga el Gobierno contra Clarín, al que antes atacó con presiones de toda índole, provocando renuncias y recusaciones.

Integró la lista de conjueces con personas que por sus antecedentes o la falta de éstos, nunca podrían haber sido siquiera competidores serios en un concurso judicial, con lo cual viola frontalmente el sentido de la reforma de 1994 y la existencia misma del Consejo de la Magistratura.

La ley de ética pública y el Código Internacional de Conducta para Cargos Públicos, ratificado por ley, fijan la obligación de todo funcionario de actuar en pro del interés público, eficaz y eficientemente, de acuerdo con las leyes vigentes. Todos los funcionarios, y sobre todo los ministros, deben ser diligentes, justos e imparciales, no abusando de su poder y autoridad.

Las conductas del ministro Alak nada tienen que ver con esas reglas, que son obligatorias para él y para todos los funcionarios públicos porque lo mandan la Constitución y las leyes por las que juró al asumir su cargo.

Sus advertencias y admoniciones contra jueces y consejeros de la Magistratura tienen una gravedad institucional que sólo ha podido quedar relativamente disimulada por los aciagos momentos que vive el país por efecto exclusivo de una política de dominación que ha descerrajado el Gobierno contra todos los que se atreven a no sometérsele.

Candidatos a jueces sin antecedentes o peor, con notorios antecedentes de parcialidad cristinista; jueces forzados a renunciar; denuncias penales maliciosamente entabladas contra quienes no se han doblegado ante los dictados del Poder Ejecutivo; acusaciones falaces de irregularidades y vicios en la selección de jueces subrogantes; amenazas contra familiares de jueces; recusaciones infundadas, en estos meses el país entero ha visto azorado cómo un gobierno elegido de acuerdo con los mecanismos constitucionales y las leyes ha decidido pisotear esa misma Constitución y esas leyes.

A estas alturas de nuestra historia y de la parte que le toca en ella al actual gobierno, es lamentable que el cargo de Julio Alak deba ser rebautizado como "ministerio de la injusticia", porque al violar en tantas oportunidades la división de poderes e intentar colonizar a todo el sistema judicial, sólo puede haber buscado precisamente imponer la injusticia como forma de gobierno.