En efecto, el Indec toma una canasta de alimentos que sólo vale la mitad de la canasta real, que, por ejemplo, mide la Dirección de Estadísticas y Censos de Chubut, uno de los cada vez más escasos organismos provinciales que aún evalúa los precios y la canasta con independencia del Indec.

La canasta de alimentos correspondiente a una familia tipo compuesta por un matrimonio y dos hijos es la que permite establecer el índice de pobreza e indigencia, pero la oficial ha demostrado ser tan ficticia, por no decir absurda, que en octubre del año pasado quedó al descubierto cuando a alguien se le ocurrió dividir los 713 pesos mensuales de esa canasta por los cuatro familiares, y surgió entonces que cada uno de ellos podía comer con sólo seis pesos diarios. Obviamente, con estos pases mágicos es como el Indec logra establecer que la pobreza en zonas urbanas sólo alcanza al 6,5 por ciento de la población.

Desde que a fines de 2006 el Gobierno intervino el área de precios del Indec, sus estadísticas en lo que hace a la inflación fueron alejándose cada vez más de la realidad hasta terminar midiendo menos de la mitad del alza de precios que arrojan las consultoras privadas. Así, para el año pasado, el organismo sólo registró una inflación del 10,8 por ciento, cuando las mediciones independientes arrojaron alrededor del 25 por ciento, y Omar Viviani, líder del gremio de los taxistas y dirigente de la CGT oficialista, la ubicó días atrás entre el 20 y el 22 por ciento y agregó que "lo que mide el Indec puede ser un dibujo".

De esta perversa manera, el organismo termina midiendo, sin proponérselo, la creciente distancia entre la realidad y el delirante relato oficial, una distancia tan marcada que equivale a un franco divorcio. Son tan burdos sus procedimientos que requirieron, además, el desplazamiento de personal profesional altamente capacitado del organismo. Sin embargo, la realidad se colaba en las mediciones de las consultoras privadas y de los organismos provinciales. En una respuesta de franco cuño estalinista, el Gobierno recurrió entonces a la persecución y la amenaza para intentar silenciar esas voces. Por desgracia, en lo que hace a los organismos provinciales, los de Chubut y Tierra del Fuego se encuentran entre los muy pocos que han resistido las presiones para que dejaran de difundir sus datos, como ocurrió, en cambio, con los de Río Negro, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Catamarca, Chaco y Salta.

El año pasado, el gobierno nacional llegó a suspender preventivamente a la ONG Consumidores Libres, fundada y dirigida por el dirigente socialista Héctor Polino. El motivo: la difusión de la inflación real. Otro tanto ocurrió cuando la subsecretaria de Comercio Interior, María Lucila Colombo, pidió a la Asociación del Consumidor (Adelco) dejar de publicar los precios tal cual lo venía haciendo esa entidad desde hacía 20 años, por entender que violaba el deber de informar al consumidor, es decir, porque sus datos extraídos de la realidad contradecían la cifra oficial.

Mientras tanto, en pocos días el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debe decidir si nuestro país cumplió con los avances prometidos en materia de calidad en el campo de las estadísticas. Su titular, Christine Lagarde, había dicho en septiembre del año pasado que nuestro gobierno lograría que el organismo le sacara la tarjeta roja por la escasa confiabilidad de sus estadísticas, particularmente las de inflación y evolución de la economía. "Ya tiene una tarjeta amarilla. Ahora le toca elegir si también quiere la roja", dijo en aquella oportunidad. La Argentina es, después de Venezuela, el país latinoamericano con mayor inflación.

Sin voluntad alguna de combatir la pobreza ni la inflación -un mal que castiga particularmente a los pobres-, el kirchnerismo prefiere ocultar la realidad y mentir para tratar de seguir viviendo en un país de fantasía que, en verdad, sólo habitan los vergonzosos números del Indec.