Esta política tiene como componente fundamental el rechazo al ejercicio de la prensa independiente y también a cualquier funcionario que, por honestidad o cansancio, revela hechos que el Gobierno pretende mantener a distancia de la vista de la ciudadanía, del Congreso o la Justicia.

Uno de los primeros eslabones de esta política la protagonizó el secretario de Comercio Interior con sus presiones sobre sectores empresarios, instaurando un control de precios informal y tan lesivo para las firmas como inefectivo para los consumidores. Un grave paso adelante en este sentido fue la intervención en el INDEC y la manipulación de las estadísticas de precios, destinadas a ocultar la inflación y de la pobreza que produce.

En el ámbito de las relaciones externas, la política de la informalidad y el ocultamiento se aplicó en gran escala en el vínculo con Venezuela. El Gobierno argentino firmó con el venezolano acuerdos que no fueron manejados directamente por la Cancillería, como correspondería, sino por el Ministerio de Planificación. Las relaciones paralelas con Venezuela funcionaron durante años sin otras intercepciones de Cancillería que algunas observaciones elevadas privadamente al Ejecutivo. El cuadro de secreto cambió a partir de una comunicación interna, en la que el entonces embajador en Venezuela Eduardo Sadous, dio cuenta de quejas empresarias por el pago de elevadas y sospechosas comisiones a intermediarios designados por el Gobierno así como de maniobras irregulares en el fideicomiso armado para financiar compras venezolanas a empresas locales. La existencia de las comisiones fue oficialmente negada pero, como informó este diario el viernes pasado, un comunicado de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) advirtió a sus asociados sobre la necesidad de pagar esas comisiones.

En relación a la existencia de una diplomacia paralela los funcionarios oficiales tuvieron posturas opuestas y cambiantes, denotando al mismo tiempo la voluntad de ocultamiento y el clima de confusión creado por las revelaciones. El Gobierno negó incluso el fideicomiso, creado por él mismo. Cuando el embajador Sadous fue citado por el Comité de Relaciones Exteriores de Diputados para testimoniar sobre las relaciones con Venezuela, el Gobierno evaluó la posibilidad de prohibirle la asistencia, lo cual hubiera sido tan inusual como sospechoso. Luego pretendió que su testimonio, brindado bajo condiciones de reserva, fuera hecho público, lo cual hubiera desalentado a futuros eventuales testigos del caso.

Más recientemente, el subsecretario de Integración Económica de Cancillería, Eduardo Sigal, realizó una comunicación interna donde consignaba las quejas de dos empresas que habrían sido discriminadas en los contratos por Planificación.

El informe llegó a la prensa, ante lo cual el canciller Héctor Timerman reprochó públicamente a Sigal haber realizado su presentación por escrito, argumentando que hay cuestiones sobre las cuales no hay que dejar testimonio. La defensa oral y pública del secreto y el ocultamiento por parte del canciller es una prueba explícita de la política seguida.

La política de informalidad institucional y secretismo del Gobierno tiene el propósito de ocultar a la vista de la ciudadanía, el Congreso o la Justicia, decisiones o procedimientos que pueden resultar cuestionados. Esto explica el rechazo a la prensa independiente. La política del ocultamiento tiene su expresión en la diplomacia paralela que se desarrolla en los tratados económicos con Venezuela.