La presidenta argentina, Cristina Fernández, debe entender que el escándalo originado en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman —que acusaba al Gobierno de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado antisemita contra la AMIA en 1994— no es un evento más en la política interna argentina: tiene gran profundidad y cada vez más derivadas internacionales. Y es urgente que la Administración que ella dirige muestre una línea clara para arrojar luz tanto sobre el caso Nisman como sobre la peor acción terrorista en suelo argentino, registrada hace ya 20 años.

No ayuda en nada a crear un clima de serenidad el que, pocos días después de que Fernández se desdijera de la teoría del suicidio, denunciara una conspiración contra ella y disolviera los servicios secretos, su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompa con rabia en público las páginas del diario Clarín y le acuse de mentir por informar de que el fiscal fallecido iba a pedir al Congreso argentino la detención de Fernández y varios de sus más próximos colaboradores. Sobre todo cuando, apenas horas después, aparece un borrador elaborado por el fiscal que confirma la versión del periódico argentino.

Ni tampoco ayuda el que la propia presidenta se enzarce en una absurda, estéril e inexplicable batalla en las redes sociales con una actriz, Mia Farrow, y una extenista, Martina Navratilova, sobre la autoría de la muerte.

Fernández tiene que ser consciente de que el problema no estriba en un intercambio de opiniones vía Twitter sino en un hecho gravísimo —Nisman apareció muerto en su casa, horas antes de acudir al Congreso, con un disparo en la cabeza, en un ángulo que prácticamente descarta el suicidio y sin rastros de pólvora en las manos— que arroja grandes sombras en cuanto a la relación de su Gobierno con Irán.

La relevancia de la muerte de Nisman ya ha trascendido las fronteras argentinas. El Congreso de Estados Unidos ha tratado en un comité el asunto y el periodista que primero informó del hecho se ha refugiado en Israel. Los llamamientos oficialistas a la soberanía nacional pueden ser fundamentados, pero deben ir acompañados de una actitud incuestionable al lado de las víctimas que son Nisman y las 85 personas que murieron en la AMIA.

La sociedad argentina sigue, con toda la razón, convulsionada por la muerte y sus implicaciones. El caso Nisman es mucho más que un escándalo.