Que ciertos miembros de grupos oficialistas procuren "restarles credibilidad" a los críticos del gobierno, como acaba de lamentar la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es normal en una sociedad democrática, pero no lo es que lo hagan mediante un "acoso permanente y amedrentamiento a periodistas independientes". Tampoco es normal en una democracia "el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a periodistas a través de dádivas y de la publicidad oficial de acuerdo con su línea nacional", una práctica denunciada por la SIP que se hizo rutinaria no bien Néstor Kirchner se trasladó a la Casa Rosada en mayo del 2003. Por el contrario, es típico de autoritarios decididos a privar a los demás del acceso a información u opiniones que podrían resultar incompatibles con la "verdad" oficial.

Huelga decir que el gobierno actual no es una dictadura. Sin embargo, anidan en el oficialismo muchos personajes que con toda seguridad se sentirían a sus anchas en un régimen muy autoritario que estuviera dispuesto a amordazar a quienes lo criticaran so pretexto de que están al servicio del "imperialismo", "intereses foráneos" o "monopolios" periodísticos de trayectoria a su entender inadmisible. Fue contra tales individuos que dirigió sus dardos la SIP, que acaba de enviar una misión a nuestro país a fin de averiguar lo que está pasando en el ámbito mediático. Los integrantes de la misión llegaron a la conclusión de que la libertad de expresión, y por lo tanto la democracia, corre peligro porque está en marcha "una estrategia integral para el control de medios". Asimismo, opinaron que "la profundidad del problema es bastante mayor a lo que considerábamos que existía" antes de consultar con representantes de los distintos medios del país.

A pesar de sus esfuerzos denodados y de las ventajas que les han supuesto los subsidios multimillonarios costeados por la ciudadanía, los guerreros mediáticos del kirchnerismo aún no han logrado que la mayoría haga suyo el "relato" que están intentando vender. La tirada de los medios gráficos creados por empresarios cortesanos sigue siendo escasa y los programas televisivos que apadrinan sólo interesan a los ya convencidos. Por este motivo, se han hecho cada vez más virulentos los ataques contra la prensa no oficialista y los intentos no sólo de descalificarla sino también, en ocasiones, de impedir con bloqueos sindicales la circulación de dos matutinos porteños, "La Nación" y "Clarín", que desde luego han reaccionado intensificando sus críticas ya habituales a la gestión del gobierno nacional. Aunque no es demasiado probable que quienes se ufanan de su "militancia" mediática modifiquen su conducta a raíz del informe que está redactando la SIP, sería del interés de la presidenta Cristina que les advirtiera que no le haría ninguna gracia que en el resto del mundo su imagen fuera la de una mandataria que, a diferencia de sus homólogos de los países desarrollados y de vecinos como Uruguay, Chile y Brasil, es incapaz de permitir que se critique su gestión. Asimismo, es de esperar que tanto ella como otros miembros del gobierno que encabeza entiendan que el pluralismo intelectual es de por sí bueno y que cualquier intento de limitarlo depauperaría culturalmente al país.