Las cifras referidas al resultado fiscal de julio no hacen sino confirmar la tendencia de deterioro y descontrol en las cuentas del Estado argentino. Durante ese mes, el déficit financiero totalizó 2884 millones de pesos, cifra que multiplica por quince veces el déficit de 196 millones registrado en el mismo mes del año anterior. A su vez, en el acumulado de los primeros siete meses de 2012, el déficit se situó en 13.518 millones de pesos, multiplicando por casi seis veces el déficit de 2366 millones de pesos registrado entre enero y julio del pasado año.

Los datos referidos al último mes llaman también la atención por la suba exponencial que registra el déficit de las empresas públicas: por primera vez desde que se iniciara este nuevo ciclo de Estado empresario el déficit de las empresas públicas superó los 1000 millones de pesos mensuales y totalizó la increíble cifra de 1033 millones. En la primera mitad del año, el déficit de las empresas públicas promedió 400 millones de pesos mensuales cuando en 2003 ese déficit era de apenas 52 millones anuales.

Para llegar al déficit financiero nacional de 13.518 millones de los primeros siete meses del año, el Gobierno computó además como ingresos unos 12.000 millones provenientes de ganancias devengadas y no realizadas del Banco Central y rentas del portafolio de la Anses que al ser transferidas y no reinvertidas generan un déficit futuro en la capacidad del organismo de la seguridad social de solventar los pagos a sus beneficiarios sin el auxilio del Tesoro.

Si la situación actual es preocupante, más lo son las perspectivas. El deterioro de las cuentas públicas es un fenómeno que se inició hace ya varios años, llevando a que ya en 2009 las cuentas públicas entraran en rojo. Y a pesar de que tanto 2010 como 2011 fueron años de fuerte crecimiento económico, el déficit nunca paró de crecer. Cuando la economía crece, el Gobierno actúa como si el crecimiento fuera a durar por siempre y cuando entra en recesión, fuerza el aumento del gasto para intentar actuar de forma contracíclica. La consecuencia es que el resultado fiscal del Estado nacional ha pasado de un superávit del 1,4% del PBI en 2008 a un déficit del 2,5% en 2011. Ese déficit superaría el 3% del PBI si se le restaran al Tesoro las transferencias extraordinarias recibidas de la Anses y el Banco Central.

Puede sonar alarmista para algunos prender las luces de alerta con un déficit de 3% del PBI cuando éste llega al 5% del PBI en Europa y al 8% en Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina se halla en una fase de su ciclo económico en la que luego de casi una década de expansión y con términos de intercambio récord debería haber exhibido una conducta mucho más prudente que la dejase mejor preparada para una eventual época de vacas más flacas. Nuestro país exhibe hoy un récord de presión tributaria sobre el sector privado formal, que no será sostenible en el tiempo si la inflación en dólares continúa erosionando la capacidad de las empresas de invertir y generar empleo. Moderar el ritmo de aumento del gasto es entonces vital para recuperar margen de maniobra del Estado y para poder actuar con mayor flexibilidad en caso de ser necesario.

El tamaño del déficit de la Argentina es preocupante por otros motivos. Uno de ellos es que el Gobierno ha decidido financiarlo enteramente con emisión monetaria. Con un nivel de monetización de la economía del 16% del PBI medido por la relación entre el agregado monetario M2 y el PBI, un déficit del 3,5% sólo es consistente en el mediano plazo con una tasa de inflación cercana al 20% anual, independientemente de lo que pudiera sumarse a esa cifra por shocks externos u otros motivos. Es por ello que los países más prudentes optan por mantener sus resultados fiscales bajo control, y en caso de aumentar transitoriamente sus déficits los financian mediante la emisión de deuda pública, evitándoles así a la sociedad en su conjunto y especialmente a los más pobres el flagelo de la inflación.

También es preocupante el déficit fiscal de la Argentina debido a que el incremento del gasto observado en los últimos años no guarda relación alguna con la calidad en la provisión de los servicios a cargo del Estado. La educación involuciona año tras año, como lo muestran los cada vez peores resultados que exhiben nuestros alumnos en las pruebas internacionales PISA y el permanente traspaso de alumnos del sistema público al privado. La seguridad brilla por su ausencia y los hospitales públicos ofrecen un servicio que dista de ser de excelencia. Basta recordar dónde se atendieron los miembros de la familia presidencial cuando necesitaron atención médica.

Cuidar las finanzas públicas evita crisis y aumenta la productividad del Estado. Pero si los objetivos no son ésos, sino el copamiento del Estado al servicio de la fracción gobernante y los amigos del poder, la Argentina y los sectores que más necesitan de la protección estatal quedarán a merced de la suerte y de sus propios recursos.