En sucesivas ediciones de días pasados, Clarín ha informado que los dos grupos oferentes en los que participan en lugar destacado empresarios que tienen fuertes vínculos con el matrimonio Kirchner, que el precio original del proyecto aumentó 150% en sólo tres años, que empresarios vinculados a los Kirchner compraron tierras que serán inundadas por las represas y que el esquema original de financiamiento fue cambiando, aumentando la participación del Estado en el mismo.

Haciendo referencia a estas informaciones, el aparato oficialista de propaganda inició otra campaña en la que sostiene que este diario cambió su mirada en relación a dos emprendimientos energéticos en la Patagonia. Sin embargo, como puede comprobarse en las notas publicadas desde 2007, sobre el tema, Clarín sólo informó sobre el tema y, en notas recientes, no ha cuestionado la realización de la obra hidroeléctrica, sino que ha informado sobre aspectos que pueden ser irregulares o problemáticos del mismo.

Este diario ha mantenido, desde su fundación, una posición de defensa de la producción y el desarrollo energético y, en esa línea, ponderado las iniciativas destinadas a incrementar la extracción de gas y petróleo y la generación de energía en sus diferentes fuentes. También en esta línea, ha realizado reiteradas críticas a la política energética del pasado y el actual Gobierno, por la debilidad de las inversiones en el sector energético.

Esta política ha generado momentos de escasez que debieron superarse con la importación de combustible a precios elevados, recursos que, con una política adecuada podrían disponerse localmente.

El proyecto Condor Cliff-La Barrancosa, que atiende a incrementar la oferta energética viene envuelto, no obstante, en graves sospechas. En primer lugar, como informara el ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, el presupuesto evaluado originalmente para las obras era de 6.000 millones de pesos y en el formato actual se elevó a 15.400 millones, sin que medien explicaciones sobre tamaño cambio.

En segundo término, en un principio se solicitaba a los contratistas que aportaran el 51% del financiamiento, pero en el proyecto final, el Estado cargará con el 70% del financiamiento, que en su mayor parte deberán afrontar futuros gobiernos.

En tercer término, en los grupos oferentes figuran empresarios cercanos al matrimonio Kirchner que experimentaron un fuerte progreso como contratistas del Estado durante la gobernación Néstor Kirchner en Santa Cruz, tendencia que se mantuvo durante la presidencia de Kirchner y la actual gestión. Esto ha generado el temor de que empresarios amigos hayan sido beneficiados con favoritismos ilegales.

También salió a la luz que algunos de esos empresarios cercanos al poder, compraron tierras que serán inundadas, por las que cobrarán una indemnización, operaciones para las que podrían haber dispuesto de información privilegiada.

Dada la importancia institucional del tema y, en particular, el elevado costo de las obras previstas, es necesario que los organismos de control realicen un estudio detenido del proyecto para disipar dudas sobre el mismo y, eventualmente, evitar distorsiones o ilícitos.