La respuesta es obvia. Sin un marco legal confiable, el desarrollo es improbable. El Tío Sam estaría simplemente desperdiciando recursos de los contribuyentes.

Sin embargo, si el gobierno estadounidense decidiera eliminar la ayuda que El Salvador espera de la Corporación del Reto del Mileno (MCC, por sus siglas en inglés), haría más que simplemente reducir el malgasto de los fondos federales. Enviaría el mensaje de que un presidente estadounidense de centroizquierda —que es admirado por socialistas latinoamericanos— desaprueba el acaparamiento del poder incluso cuando sus simpatías ideológicas coinciden con las de los acaparadores.

Esto colocaría a Obama del lado de muchos salvadoreños de izquierda que también se oponen a las maquinaciones antidemocráticas del gobierno, incluido un número de ex guerrilleros que firmaron acuerdos de paz en 1992. Podría incluso hasta salvar la democracia.

Puede que Hugo Chávez sufra de una enfermedad terminal y que la Cuba de Castro no tenga salida económicamente. Pero eso no significa que la libertad de América Latina está a salvo de los acosadores bolivarianos que en la última década han estado coleccionando países antes libres.

Hoy, El Salvador es la zona cero de la revolución chavista. El presidente Mauricio Funes y su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pensaron que se habían hecho con el control del poder judicial independiente del país cuando hace unos meses utilizaron su pluralidad —junto con algunos partidos pequeños— en el Congreso para nombrar de manera ilegal cinco jueces a la Corte Suprema de Justicia. También designaron de manera irregular un fiscal general, que será responsable de investigar casos de corrupción en el gobierno.

Cuando estas medidas audaces y ampliamente rechazadas por la opinión pública fueron confrontadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, el FMLN perdió. Pero el partido y el presidente se negaron a dar marcha atrás. El primero de julio el gobierno empleó cerrajeros para irrumpir en el edificio de la Corte Suprema y permitirles a los jueces inconstitucionales instalarse en sus puestos. El fiscal general no asumiría hasta septiembre.

En un esfuerzo por darle legitimidad a sus acciones, el gobierno ha remitido el asunto a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Pero los opositores de Funes en El Salvador argumentan que un fallo de la CCJ no tendrá importancia. La Constitución del país estipula claramente que la Corte Suprema tiene la última palabra.

Lo que debería interesarle al gobierno de Obama es el número de figuras prestigiosas de la izquierda salvadoreña que están intentando detener esta destrucción de los sistemas de control de la república.

Entre los efemelenistas que se resisten a Funes está Facundo Guardado, uno de los firmantes de los acuerdos de paz de 1992. En una entrevista televisada la semana pasada con el periodista salvadoreño Nacho Castillo, dijo que el partido está "tratando de imponer su voluntad a toda costa". En el periódico La Página, el periodista Israel Serrano escribió sobre Guardado: "El ex coordinador del partido de gobierno afirmó que en el fondo del conflicto institucional subyace el temor que tienen las élites de poder político y económico a la independencia judicial".

Guardado no está solo. Otros líderes que han empleado décadas para luchar legalmente desde la izquierda por las libertades civiles y la equidad, incluido Roberto Rubio, Dagoberto Gutiérrez y Salvador Samayoa, comparten sus sentimientos, como también el prominente constitucionalista Fabio Castillo. La principal universidad jesuita del país, conocida con sus iniciales UCA, y la Iglesia Católica también se oponen a la interferencia del gobierno en el poder judicial.

Guardado ha señalado que la ayuda estadounidense provista bajo la MCC corre peligro si no se respeta la Constitución y dicen los rumores que Funes entiende eso muy bien. Es por ello que el FMLN se encuentra en "negociaciones" con la oposición para poner fin a la crisis.

Aun así, como ha indicado Facundo, hay sospechas también sobre el compromiso que tiene Arena con el Estado de Derecho. Un acuerdo con su liderazgo que no haga más que dividir el botín entre las clases políticas difícilmente será considerado como una conformidad a los estándares bastante específicos del estado de derecho bajo la MCC.

Para preservar el orden democrático, como Facundo ha señalado, el gobierno debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Uno esperaría que Arena también insista en declarar como no negociables las decisiones de la Sala de lo Constitucional y exija el retiro del fiscal general nombrado ilegalmente.

Cualquier cosa menos significaría el fin de la ayuda de la MCC, si EE.UU. exige que se cumplan los contratos. Hasta el momento, Washington ha emitido sólo comunicados débiles, pidiéndoles a las autoridades que resuelvan el asunto. La embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte, ha sido más directa. El viernes advirtió a los negociadores que se apeguen a la Constitución y subrayó que EE.UU. no ha tomado ninguna decisión respecto a futuros fondos de la MCC para El Salvador.

No se trata de una batalla entre la izquierda y la derecha. Es una batalla entre aquellos que quieren preservar las instituciones y los que han hecho del poder su principal prioridad. Esperemos que Obama se ponga del lado correcto.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 30 de julio de 2012.