La provincia elegida por Humala para publicar la norma, Bagua, en la región de Amazonas, sufrió hace dos años violentos choques entre la policía y sus ciudadanos que causaron la muerte de 34 personas. Los indígenas protestaban por el descontrol de la inversión privada en sus comunidades.

Humala afirmó a su llegada a la localidad de Imacita que con esta ley se está dando "un paso importante en la construcción de una nación", pues se trata de una norma "largamente esperada y postergada desde el Congreso anterior, por intereses económicos o por miedo a consultar al pueblo".

La nueva ley prevé, en primer lugar, que se identifiquen los proyectos de desarrollo y los pueblos indígenas que deben ser consultados. Posteriormente, se establece un diálogo entre el Estado y estas comunidades, y se adoptan las decisiones acordadas. En caso de fracasar, dice la norma, será el Ejecutivo el que tome las medidas necesarias "de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo" de los nativos.

Desarrollo de la norma

Hasta aquí la norma de carácter genérico. Falta ahora su desarrollo, como ha solicitado el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien ha pedido que el Gobierno dicte los reglamentos para su aplicación. Estos deberán concretar, entre otras cosas, el grado de obligatoriedad de la consulta, que en principio no debe ser vinculante, pero que exige a las autoridades que agoten las vías para respetar la voz de las comunidades.

Pedro Martínez, presidente de una gran asociación empresarial minera y energética, quien no considera vinculante la consulta, manifestó su apoyo a la nueva norma al afirmar que "muchas inversiones se han enfrentado a conflictos sociales por desinformación".

Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana celebró la aprobación de la ley, pero solicitó que la consulta sea vinculante. Perú prevé emprender proyectos mineros por un monto de 36.000 millones de euros durante los próximos 10 años.