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11/06/2010 | Joint Force Quarterly 58 - (3er Trimestre, Julio 2010) Políticas Étnicas, Defensa y Seguridad en América 'Latina' - (Ethnic Politics, Defense and Security in “Latin” America)

Martin Edwin Andersen

En América "Latina", una nueva dinámica ha emergido la relación entre las comunidades indígenas, representando al menos 40 millones de personas, y los gobiernos nacionales, particularmente en términos de la tardía incorporación de los pueblos indigenas a las democracias putativas como ciudadanos, y su integración.

 

Desde los tiempos de la Conquista Española, esta relación se ha llevado acabo principalmente a través de la milicia debido a la lejanía física y cultural de las ciudades capitales del Estado con respecto a las comunidades indigenas y la falta de real presencia del estado, con excepción de la milicia y otras fuerzas de seguridad (aunque históricamente el eje de la comunicación con la sociedad No-Indígena incluía además a la Iglesia Católica y más recientemente al sistema escolar). Comúnmente utilizado como conducto para la integración de los pueblos originarios (ya enfrentándose tanto a la promesa como a la amenaza de la movilidad social y el consumismo en áreas urbanas) a la estructura política nacional, la relación con las fuerzas armadas se presentó con un alto costo para los indígenas.  El liderazgo militar, como el resto de las élites de las naciones, con pocas excepciones ha sido blanco o mestizo con orientación o visión urbana, y tenía como resultado una integración de una sola dirección: Los indígenas fueron incorporados a la milicia, forzados o persuadidos a renunciar a sus culturas e idioma y así se convirtieron en ciudadanos mestizos.

Actualmente, está dinámica se encuentra en rápido flujo, conforme las demandas de los indígenas por una representación política largamente postergada, así como la protección activa de la nación-estado para sus culturas y acceso a tierras y otros recursos, aumentan hacia una visibilidad importancia. Aquellos en el poder - observando grandes divisiones culturales, de lenguaje, geográficas e históricas - se sienten amenazados por la asertividad indígena que en el mejor de los casos busca desestabilizar el status quo tradicional. Con la profundización de la democracia se ha incluido a las comunidades indígenas más activamente haciendo valer sus demandas, los roles tradicionales de la milicia con respecto a las comunidades indígenas deben ser reexaminadas cuidadosamente, ya que el resultado posee implicaciones de gran alcance para la resolución positiva de asuntos que van desde seguridad interna y defensa nacional hasta hegemonía regional.

Antecedentes

Los retos indígenas contemporáneos alcanzan el corazón de la democracia misma. Unos pocos protagonistas se manifiestan visiblemente como aliados de líderes populistas que amenazan a instituciones democráticas o quienes cuentan con la admiración y soporte de extremistas extra-continentales, tales como Irán y grupos Islámicos radicalizados. A mediados del 2009, los científicos políticos Mitchell Seligson y John Booth examinaron un año de encuestas en la región y encontraron que, tras Honduras y Haití - siendo el último el perpetuo "hombre enfermo" del hemisferio - los próximos países cuya estabilidad político-democrática se encontraba amenazada por la baja percepción de legitimidad política eran Guatemala, Perú y el Ecuador. Señalaron que cada uno, con grandes poblaciones indígenas, se caracterizaba por "la baja consolidación de normas democráticas y alta insatisfacción con el desempeño del gobierno e instituciones". Los datos de encuestas revelaron que cada uno contaba con "mayores proporciones de poblaciones anti-democráticas, institucionalmente desleales y frustradas con el desempeño económico". Las grandes poblaciones de ciudadanos disgustados pueden alentar a las élites a arriesgarse a empresas anti-democráticos, señalaron Seligson y Booth, lo cual es el reto más común para la gobernabilidad democrática. Sólo Bolivia, la históricamente propensa a golpes de estado y país con el porcentaje más alto de poblaciones indígenas en las Américas, parecía tener probabilidades de escapar tal destino (la de una intentona de golpe), en parte debido a las razones mencionadas a continuación.

En un libro publicado 4 años atrás, Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America, profesores de la Universidad de Utrecht Dirk Kruijt and Kees Kooning señalaron que la proliferación de los "actores armados" de la región se debe en parte a tensiones étnicas en varios países, particularmente aquellos de la región andina: Ecuador, Perú y Bolivia. Es en ese contexto en que las advertencias de los científicos políticos Joshua Goldstein y Jon Pevehouse se tornan cada vez más urgentes; cuando los conflictos abordan un caracter étnico, se tornan más difíciles de resolver "porque no se trata de 'quién obtiene qué' sino de 'no me agradas’... Casi todos los medios de buscar ventaja estratégica utilizados en tales conflictos son negativos y las negociaciones son muy difíciles de alcanzar. Así que los conflictos étnicos tienden a prolongarse sin solución durante generaciones."

Las formas en que las políticas del estado ponen la fuerza en las manos de los custodios de seguridad son la clave de tanto democracia y seguridad, e incluyen preguntas sobre la confiabilidad, firmeza y definiciones de ciudadanía de aquellos guardianes uniformados.  Los asuntos respecto a etnicidad, fuerzas armadas y la policía han estallado en ocasiones, particularmente a lo largo de la Cordillera de los Andes, en donde los indígenas reúnen ya sea la mayoría o una minoría significativa en tierras en donde sus ancestros vivían antes de la Conquista Española. El asunto en cuestión allí y en otras partes no es solamente si las élites nacionales a cargo de las políticas seguridad y defensa confían en sus compatriotas indígenas lo suficiente para incluirlos en el círculo del gobierno, sino además si los indígenas confían en su policía y ejército para servir, proteger y defender sus propios intereses. Los choques actuales y pendientes son más inextricables ya que están basados no solo en intereses materiales, sino además, como señalan Goldstein y Pevehouse, en factores psicológicos y emotivos.

Por ejemplo, las organizaciones militantes chilenas Mapuche han sido agregadas a la lista de terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mientras ese país se encuentra una policía militarizada notoriamente y no indigena que actúa como punta de lanza para las políticas del Estado que permiten que las corporaciones nacionales no-indigenas y foráneas se desarrollen en las tierras ancestrales de la gente nativa. Para algunos, la creciente confrontación parece presagiar las serias amenazas a la nación-estado misma postuladas hace una década por los teóricos militares chilenos. En Octubre del 2008, incluso antes de la última ronda de violencia y organización de comunidades indígenas, el presidente de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio llamó al gobierno a emplear una mano dura en el trato de la violencia al asunto  Mapuche: "Los actos de violencia no son 'incidentes aislados'. La ciudadanía ha sido testigo del nivel de complejidad, organización e incremento en la escala que ha empeorado recientemente. Esto es parte de un plan a largo plazo con connotaciones ideológicas de tipo terrorista".

Bolivia es un país que desde su independencia ha sido sinónimo de golpes de estado armados y en donde los indigenas hasta hace unas décadas atrás han sido privados del derecho al voto aunque constituyen una sólida mayoría. Allí  el Presidente indígena Evo Morales, quien se declaró a sí misma Marxista-Leninista, ha remodelado a las fuerzas armadas (exitosamente por cierto) bajo su control en la misma línea de su re-fundación étnica de la república. La clave de su atractivo es su llamado por un nuevo pacto militar-campesino, esta vez no conducido por un general o coronel fraccionario, sino por los propios indígenas.

Mientras tanto, el presidente izquierdista y populista Rafael Correa, consciente del derrocamiento de dos de sus predecesores por parte de mobilizaciones indígenas (en una ocasión en tándem con ambiciosos altos mandos militares) puede ser visto constantemente mirando sus espaldas para evitar un triste destino parecido. Tan recientemente como octubre del 2009, el gobierno, reelegido en una avalancha, no obstante tuvo que dar marcha atrás tras la confrontación nacional con los grupos indígenas ecuatorianos. Como ha señalado el antropólogo Brian Selmeski, el derrocamiento del presidente electo Jamil Mahuad en el 2000 por una coalición militar-indígena marcó el debut de una nueva combinación de poder en la turbulenta escena ecuatoriana, ya que fue la primera vez que las facciones clave de las fuerzas armadas - las cuales durante la década precedente habían abandonado la promoción del mestizaje, o integración a través de la aculturación, en favor del "nacionalismo pluricultural" - e importante grupos indígenas se aliaron tan abiertamente y colaboraron tan estrechamente. Hoy en día, incluso Correa debe contenerse en bravura política mientras se pregunta si el pasado es también prólogo.

Y en Perú, fuerzas nacionales contendientes conducen sus pulseadas en el arena de la política étnica, un suceso que ya ha costado las vidas de decenas de pobres indigenas y policías de escasos recursos, dos comunidades que comparten una brecha común de estatus con la élite gobernante en su país.  El caso de Perú es significativamente diferente que el de sus vecinos Bolivia y Ecuador, ya que las fuerzas armadas del anterior se han embarcado en el hercúleo pero finalmente vano intento de radicalmente reestructurar el país para prevenir una violenta revolución desde abajo.  Ahí, un regimen y movimientos militares, no una democracia electa, históricamente se han conducido en progreso medible para la gente originario, aunque con variaciones en grados de respeto hacia su indigeneidad.

En Centro América, la totalidad de la región del este de Nicaragua ha sido declarada un estado independiente por una mayoría de la gente indígena de ese país, muchos veteranos de las luchas anti-Sandinistas de los 80s, y piden nuevas fuerzas armadas étnicas.

Etnias y Militares

La etnicidad y roles desempeñados por las fuerzas militares y de seguridad han obtenido relevancia que pone en vilo la penuria de la investigación contemporánea sobre ellos. Hace tres décadas, antes de la caída del Muro de Berlín y el resurgimiento de las nacionalidades en el antiguo imperio soviético, antes de la aparición de los indígenas como una fuerza política en un amplio grupo de países de América Latina, y antes del avivamiento etnia extra-hemisférico que van desde Groenlandia hasta el oeste de China, un cuerpo pequeño pero importante de la literatura académica surgió en la intersección entre la etnicidad y los militares en el mundo en vías de desarrollo. La politóloga norteamericana Cynthia Enloe ha producido dos de los más indispensables de esto estudios pioneros, Ethnic Soldiers: State Security in Divided Societies y Police, Military, Ethnicity: Foundations of State Power. En conjunto, estos trabajos definieron y destacaron la importancia de una política militar en determinar fronteras étnicas y se prominencia en el gobierno de sociedades pluriétnicas inestables.

Enloe examinó la extensión en la que las políticas militares y de seguridad representaron la manipulación de la etnicidad por parte de la élite. Ensayó sobre el impacto de las estrategias étnicas que formaron parte de las políticas de personal de establecimientos de seguridad nacional, incluyendo la manera en que fueron organizadas para asegurar la lealtad de grupos étnicos y servicio nacional. Observó los resultados históricos y contemporáneos que poseen influencia sobre clase, religión y etnicidad y su efecto sobre la lealtad de la milicia y la policía. Mostrando el grado en que la identificación étnica sirvió para limitar la planeación de la seguridad nacional, Enloe presentó un modelo del trabajo para el análisis sobre el papel de los militares en la operación del núcleo de seguridad del estado con respecto a los asuntos étnicos. La diferenciación entre el ejército por un lado y la marina y fuerza aérea por el otro, formaron parte de su análisis, así como el papel jugado por la policía y el impacto que la brecha relativa en el estatus de uniforme sufrido por los que son guardianes de la ley tuvo sobre los cálculos en establecimientos de seguridad.

Enloe ofreció lo que llamó un "mapa étnico de seguridad del estado" de las expectativas de varios grupos étnicos así como su fiabilidad política percibida. Esto, descubrió, ofreció la oportunidad de predecir posturas políticas con respecto al estado, "frecuentemente un diseño ideal emparejando expectativas con fórmulas estratégicas". Observó que el mapeo es el cálculo mental por el cual las élites del estado-nación encuentran una manera óptima de asegurar al estado por medio de una arquitectura inter-étnica. Los factores más importantes fueron:

        • grupos étnicos residiendo a lo largo de fronteras sensibles
        • grupos étnicos cumpliendo papeles económicos estratégicos (explotados o privilegiados)
        • grupos étnicos con suficientes recursos políticos para desafiar al orden político existente
        • grupos étnicos con vínculos a potenciales rivales foráneos del estado
        • grupos étnicos con el mayor acceso a la estructura del estado como se encuentra organizado actualmente

En América Latina, un número de naciones-estado cumplen dos o más de estos criterios con respecto a los pueblos indígenas, con las combinaciones sugiriendo en varios casos el potencial para una hecatombe geo-estratégica. Ninguna, sin embargo, excepto por Bolivia, están representados en la última categoría.

La relevancia del trabajo de Enloe y algunos otros investigadores más recientes tales como la difunta politóloga Donna Lee Van Cott al comienzo de su carrera, la historiadora Cecilia Méndez G., y Selmeski toman nuevo brío dado que los  razonamientos convencionales de la élite sobre las funciones integrativas y arquetípicas nacionales de las fuerzas armadas son desafiadas por los hechos concretos al sur del Río Grande. En América Latina, la milicia aún juega un rol integral en defender institucionalmente al estado contra rivales externos mientras aseguran la dominación de este sobre la población nacional. Y como Méndez señala, las fuerzas armadas no solo juegan un rol político, sino que también tienen un impacto en la vida diaria que ayuda en la definición del carácter nacional.  En muchos países de la región, el ejército y policía permanecen como un punto de contacto primario entre gente indígena rural y el estado-nación, con su interfaz extendiendo preguntas sobre educación y movilidad social.

Conforme continúa incrementándose el descontento étnico en estados democráticos en crisis, los temas clave son la composición social y la dirección de la élite de las fuerzas legales formadas para reprimir el descontento entre aquellos grupos en donde tal inestabilidad tiene mayor probabilidad. Además, contra los dogmas sobre la milicia como el catalizador para la modernización y la creación de identidades grupales primarias alrededor del estado-nación, esta literatura emergente puede llenar los blancos sobre el duradero atractivo y relevancia de la etnicidad.  Las percepciones sobre la élite del estado-nación, y quienes son, pueden ser la clave para determinar las relaciones étnico-militares.  Tal como muestra Enloe, la ecuación incluye preguntas tales como si un grupo en particular es confiable basándose en su posición sobre un continuo de identificación étnico/nacional, si el consenso o fragmentación política es una mejor estrategia política a seguir, y el grado en que el estado puede renunciar a mano de obra militar adicional de la conscripción de grupos étnicos "de poca confianza".

En países en donde la etnicidad no es necesariamente determinativo por si solo en la creación de retos de seguridad dentro de las filas de las fuerzas armadas y la policía, no obstante se manifiesta cuando es emparejado con las fallas sociales, económicas y políticas que la modernización y economías de mercado significan para las sociedades comunales. Tal vez por esa razón, cuando estalla la violencia, como lo hizo en las Amazonas peruanas en junio del 2009 sobre la falta del gobierno nacional en consultar a la gente nativa antes de asignar una vasta extensión de la tierra natal de sus ancestros a compañías nacionales y foráneas, la élite no-indigena en Lima necesitaba cuestionar si podía contar con la lealtad del ejército, cuyos rangos menores se componían en gran parte de personas de la región rebelde, para restablecer el orden. En el mes anterior a la violencia, los oficiales de policía en repetidas ocasiones advertían sobre los crecientes números de indígenas ingresando al área, sus reportes incluyendo la cantidad y tipo de armamentos que los manifestantes portaban y el hecho de que muchos eran veteranos del breve enfrentamiento fronterizo de Perú contra el Ecuador en 1995. La Dirección General de Inteligencia del Perú presuntamente informó al ministerio nacional de defensa 2 semanas antes que los esfuerzos policíacos para retirar las barricadas erigidas por los manifestantes causarían una violenta confrontación.  Más tarde, los oficiales gubernamentales públicamente se contradijeron entre sí sobre su conocimiento anterior al estallido de sus adversarios indígenas, mientras en privado sugerían que las comunidades indígenas en efecto poseían inteligencia útil sobre los propios planes del gobierno - por medio de los militares y policía de menor nivel simpatizantes del encarcelado ex-militar el oficial Antauro Humala, vocero de una ideología indigena ultra-nacionalista.

El caso de Perú, en donde más del 45 por ciento de la población es originaria y un 37 por ciento es mestizo, es particularmente merecedor a ser examinado con mayor profundidad, en parte debido al inhóspito contraste entre los eventos allí y aquellos en los vecinos Bolivia y Ecuador. Los mestizos radicales, o de raza mixta, los ex-oficiales militares Antauro Humala y su hermano Ollanta (el último siendo ganador de alrededor 45 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del 2006) son el producto de exclusivas escuelas privadas.  A pesar de ser líderes de dos partidos políticos ultra-nacionalistas distintos, el objetivo final de su movimiento etnocacerista es reunir a "las tres repúblicas Incas, Bolivia, Ecuador y Perú", sin buscar "un cambio de gobierno, de gente o de rostro, sino de estado"- en otras palabras, la base misma sobre la cual se sostiene el gobierno de Perú. La manera en la cual estos y otros etnocaceristas se embarcan en histografía nacionalista evoca a la máxima del historiador nacionalista Elie Kedourie – en el sentido de que "los nacionalistas hacen uso del pasado para trastornar el presente".

De cierta forma semejante al régimen del nacionalista de izquierda el General Juan Velazco Alvarado (1968 - 1975), etnocacerismo, como señaló Cecilia Méndez G., se proyectó como:

el embanderado del campesinado y los indígenas peruanos y especialmente de los miles de reservistas [militares] de origen abrumadoramente andino que combatieron contra Sendero Luminoso, y en menor proporción contra el Ecuador [durante un conflicto fronterizo en 1995], y a quienes tanto el Estado como los partidos políticos parecían haber abandonado. . . . En efecto, del primer movimiento político en el Perú post-velasquista en asumir una postura abiertamente crítica frente al racismo antiindígena y frente a las políticas neoliberales, que en otras partes del continente ya habían empezado a ser cuestionadas.

A diferencia del ejemplo de Ecuador, Bolivia y otros países en donde los activismos indigenas surgieron de movimientos populares civiles y sindicalistas, “en el Perú el movimiento proindígena que alcanzaría el mayor impacto tenía raíces, bases e ideología militares.” Que ese etnocacerismo fue muy atractivo para el personal de bajo nivel en el ejército y policía sugería que no solo el cielo de cristal el cual es una regla no escrita en esas instituciones, sino además la inhabilidad de las instituciones de Perú de la defensa nacional y de seguridad pública servían como un canal para la creación una clase media indígena.

El caso de Bolivia representa otro, diametralmente diferente ejemplo del fenómeno ofrecido por Enloe. Ahí, en medio de gran tensión social, Morales parece ser capaz de contar con el continuo soporte militar en lo que aún se recuerda como la nación más propensa a golpes de estado en América Latina. Al aceptar gente indígena en sus altos mandos militares, el ejército y estado se han ayudado a ser percibidos con mayor legitimidad por la mayoría de la población indígena. Tras asumir la presidencia, Morales - un importante antagonista de las fuerzas de seguridad desde sus tiempos como líder de los cultivadores de coca en el semi-tropical Chapare - trabajó arduamente para recrear al ejército de acuerdo a sus propias necesidades. La membresía de los cuerpos oficiales fue remodelada drásticamente, con varias tandas de altos mandos forzadas a abandonar sus puestos - particularmente aquellos a quienes Morales consideraba desleales o críticos de sus aliados internacionales. Al mismo tiempo, Morales creó una atmósfera en la cual los oficiales podían, y eran alentados a, servir como personas de origen indígena.

Los esfuerzos de Morales tuvieron efectos que se extendieron más allá de las líneas militares. Como ha observado Selmeski, al día siguiente Morales visitó a la guarnición de la Guardia Presidencial para almorzar, declarándose a sí mismo como "aún 'un soldado de reserva' a pesar de poseer la posición de 'Capitán General' cientos de jóvenes indígenas se presentaron voluntariamente para el servicio", en el proceso de superando un "desdén general hacia la conscripción [que] es particularmente sentido para los indígenas". El servicio militar, señaló Selmeski, puede ser visto como una situación ganar-ganar, ya que "brinda oportunidades para que los indígenas  acepten o desafiar la idea-estado (y las nociones concomitantes de nación y ciudadanía), y el Ejército para resistirse o acomodarse al proceso contencioso de auto-identificación, organización y acción indígena. Con un comandante en jefe originario, también ofreció a las fuerzas armadas la oportunidad para redefinir (y redimir) su relación con el ejecutivo en jefe del país. Morales, además, fue más allá en ganar los corazones y mentes de los uniformados, adoptando un modelo de "construcción nacional" (nation building) para los militares promovido por su mentor, el hombre fuerte venezolano Hugo Chávez, el cual involucró a las fuerzas armadas en el desarrollo de proyectos - construcción de carreteras y otros desarrollos de infraestructura, programas de la salud y educación - que alguna vez fueron los feudos de los ministerios civiles del gabinete. Cuando la Asamblea Constitutiva ser reunió en Agosto del 2006, 32 naciones indígenas que habían sido previamente entrenadas por las fuerzas armadas desfilaron ante el presidente bajo su solicitud.

Con el tiempo, las acciones de Morales sugirieron que entendía, en palabras de Cecilia Méndez G., la continua importancia cardinal de los militares en la sociedad latinoamericana - no sólo en términos de su muy comentado impacto político, sino en la vida diaria y socialización, en donde el ritmo de la identidad nacional misma es fijada por desfiles marciales durante fiestas patrias, himnos nacionales y ceremonias de abanderamiento, y monumentos públicos son dedicados a guerras y héroes militares en ocasiones con mayor frecuencia que aquellos que recuerdan a civiles.  En un llamado por una re-fundación fundamental de la sociedad Boliviana, Morales emitió su propio llamado por un nuevo pacto militar-campesino, una que esta vez sería liderado por indígenas y no caudillos uniformados populistas. Pocos apuestan, al menos a corto plazo, que no continuará siendo exitoso.

El potencial para un conflicto ético en América "Latina" tiene probabilidades de permanecer como una significativa cuestión en la región por generaciones, tanto más dado a la creciente expresión de demandas indígenas a través del prisma de nacionalismo étnico.  La clave de la resolución exitosa de estos conflictos reales y potenciales es el rol de la policía y los militares - los últimos en particular como un potente símbolo colectivo de nacionalismo.

Las cuestiones planteadas por Enloe hace tres décadas y solo parcialmente abordadas en investigaciones recientes permanecen centrales a desvelar el nudo gordiano de cómo hacer la democracia real para millones de personas en América Latina aún fuera del arco de sus beneficios y quienes miran ideas no-“occidentales” buscando ideas para respuestas a asuntos como tenencia de tierras, administración de justicia y relaciones inter-étnicos. Las respuestas a estas preguntas también lograrán resolver a los asuntos hemisféricos inconclusos de  descolonización - incluyendo aquellos que necesariamente necesiten ser desempeñados dentro de las burocracias de nación-estado, particularmente dentro de sus establecimientos de seguridad y defensa. Solo de este modo será ofrecida una amplia garantía de que el reloj no retrocederá en el progreso de indígenas buscando recuperar la completa ciudadanía en tierras una vez gobernadas por sus ancestros. JFQ

NDU (Estados Unidos)

 


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