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01/08/2011 | México - Militares al servicio de la democracia

Leo Zuckermann

Durante las épocas del México autoritario se generó un equilibrio que sirvió de mucho para el régimen político: las autoridades civiles no se metían con las Fuerzas Armadas y éstas no se involucraban en la política. Los gobiernos priistas permitieron que el Ejército y la Marina Armada fueran dos feudos intocables. Dentro de su ámbito, los militares podían hacer y deshacer a su antojo. Manejaban sus presupuestos como les diera la gana y tenían sus propios códigos de conducta y justicia. Muy poco sabíamos los civiles de lo que pasaba dentro de los cuarteles.

 

Esta independencia y autonomía tenía una condición: los soldados no debían participar en la política y tenían que ser leales a su comandante en jefe: el Presidente de la República. La regla, en suma, era “yo te dejo hacer mientras tú no te metas en la política”. Y sirvió. Lo cual no fue poca cosa. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, el Ejército no fue un factor fundamental en la política. Aquí, por fortuna, no hubo cuartelazos o golpes de Estado.

Esto no quiere decir que los políticos civiles en ocasiones utilizaran a las Fuerzas Armadas para tratar de resolver conflictos sociales. Fue un error. Tanto la represión de estudiantes en 1968 como la guerra en contra de las guerrillas rurales y urbanas de los años setenta. Ambas acciones, a la postre, tuvieron consecuencias negativas tanto para los civiles que ordenaron los operativos como para los militares que los ejecutaron.

En cuanto al movimiento estudiantil de 1968, el régimen autoritario no quiso abrirse ni un milímetro para negociar con estudiantes que tenían un pliego petitorio razonable. Díaz Ordaz y Echeverría se equivocaron. Les dio miedo verse débiles, creyeron que el comunismo estaba a la vuelta de la esquina y, presionados por las Olimpiadas que venían, les echaron bala a los estudiantes. Esta acción significó el principio del fin del régimen autoritario.

En el caso de las guerrillas de los setenta, el Estado no tenía otra institución para enfrentar este problema más que el Ejército. No había cuerpos policiacos que enfrentaran a revolucionarios respetando sus derechos humanos. Poco sabemos, en realidad, de lo ocurrido esos años. Lo que conocemos es que hubo muertos y heridos de ambos lados y muchos desaparecidos.

Uno de ellos fue Rosendo Radilla quien, muchos años después, ha tenido un impacto importante en la relación de los civiles con los militares en México. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a un ordenamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, resolvió que los militares deben ser juzgados por tribunales civiles en el caso que hayan violado los derechos humanos de la víctima. Se trata de una decisión muy relevante que limita, por vez primera, el fuero militar.

Qué bueno que así sea. Porque en México necesitamos una relación más intensa y transparente entre civiles y militares. Tenemos que trascender esta idea de que el Ejército es una institución independiente y autónoma. Una corporación intocable con sus propias reglas y fueros. Tenemos, en suma, que adecuar las instituciones militares a la nueva realidad democrática.

Hay que reconocer que las Fuerzas Armadas fueron un factor fundamental para que este país pudiera democratizarse. Los militares no estorbaron, como sí sucedió en otros países, en la transición a la democracia. Aquí fueron respetuosos de los acuerdos entre civiles que, a la postre, llevaron a la apertura y la democratización del país. En 2000, cuando ganó un candidato no priista la Presidencia, las Fuerzas Armadas aceptaron el resultado y se pusieron a las órdenes del nuevo comandante en jefe surgido de la oposición. Esto, que se dice rapidito, tampoco es poca cosa. A los militares hay que reconocerles la inteligencia de haberse mantenido al margen de la política civil en aquellos momentos de la transición.

Pero, con la llegada de la democracia, ha llegado el momento en que las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles se adapten a la nueva realidad democrática. Resulta insostenible la independencia y autonomía que tenían los militares en el pasado. Un ejemplo: no me parece sano para la democracia que nuestro país sea uno de los pocos en el mundo donde el ministro de la Defensa es, por ley, un militar. Esta regla debe cambiarse para permitir que un civil pueda ser secretario de la Defensa o de Marina. Esto implica, desde luego, que civiles tengan la posibilidad de conocer más a las instituciones militares. Porque hoy existen muy pocos civiles que conocen de cerca a las Fuerzas Armadas. Es la consecuencia natural de haber mantenido cerradas a las instituciones militares durante tantas décadas.

No estoy hablando de democratizar al Ejército porque las instituciones militares, por definición, no pueden ser democráticas. Lo que tienen que estar es al servicio de un régimen democrático liberal con todo lo que ello implica, por ejemplo, en materia de respeto a los derechos humanos. En eso todavía tenemos mucho camino que recorrer.

Excelsior (Mexico)

 


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