En la 58 legislatura federal, en noviembre de 2001, se reconoció la importancia del asunto, por lo que se facultó al Congreso de la Unión, en la fracción 28 del artículo 73, para legislar en materia de seguridad nacional.

El propósito fue dotar a las instituciones mexicanas de un soporte jurídico suficiente, para que diseñaran y aplicaran una política de seguridad nacional, democrática, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, y capaz de salvaguardar la integridad del país, la estabilidad democrática y la certidumbre entre la sociedad mexicana.

Nuestro país, no obstante su ubicación geopolítica, y quizá por ella, fue omiso o artesanal durante muchos años en cuanto a una visión integral en materia de seguridad nacional. Después de la cruenta revolución de 1910-1917, y de una larga etapa en la que los poderes fácticos regionales “resolvían” de manera directa los “problemas” de inseguridad, y ante el hecho de no intervenir de manera armada en las dos conflagraciones bélicas mundiales, con la excepción del glorioso Escuadrón 201 del siglo XX, los asuntos de inseguridad generalizada, o inseguridad que afectaran la estabilidad del Estado parecían lejanos. El respetable Ejército Mexicano, cuya vocación institucional y pacifista está fuera de toda duda, durante muchas décadas intervino, sólo por excepción en cuestiones de prevención o control de grupos subversivos, atendiendo principalmente acciones de apoyo y rescate ante cataclismos naturales. Hubo, desde luego, formación de instituciones civiles encargadas de la política de seguridad, pero durante mucho tiempo se dependió más de las habilidades personales de funcionarios legendarios, que de una estrategia sistemática y acorde a las nuevas realidades.

Pasamos, en el curso de medio siglo, de ser un país rural a un país preponderantemente urbano, con un cúmulo de ciudades de más de medio millón de habitantes; se asienta en el país una de las concentraciones demográficas mayores del mundo, el continuo Distrito Federal Zona Metropolitana del Valle de México, con alrededor de 20 millones de habitantes; tenemos una frontera de 3 mil kilómetros con la potencia más poderosa del mundo, donde más estupefacientes se consumen; y contamos con aproximadamente 40%, de una población de más de 100 millones de personas, en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Las instalaciones edificadas en el curso del siglo XX, a partir de 1930, para satisfacer las necesidades de agua; energía eléctrica, nuclear o petrolera; telecomunicaciones; comunicaciones terrestres, marítimas o aéreas, se hicieron para atender a un país con un ritmo de crecimiento y urbanización constante, y las consideraciones de seguridad estratégica no fueron las primordiales para la definición de ubicaciones y características constructivas. Así lo evidenció el sismo de 1985 en la ciudad de México, cuando al afectarse las instalaciones telefónicas ubicadas en el centro de la capital, sufrió daños importantes la red telefónica nacional.

La modernización democrática del país; la concentración demográfica desorbitada en grandes megalópolis con los problemas que esto acarrea; la existencia de una frontera “caliente”; usos tecnológicos avanzados y sofisticados para amenazar o desestabilizar; el crecimiento del crimen organizado y el hecho de que el narcotráfico haya hecho de varias regiones de México sitios de ejercicio cotidiano, no sólo para el tránsito de la droga a su más importante centro de consumo, Estados Unidos, sino para la fabricación de droga sintética, son algunas de las variables inevitables a contemplar en un indispensable y urgente diseño de una eficaz política de seguridad nacional.

Resulta evidente que es un asunto que trasciende intereses electorales y posiciones oportunistas, y que una ágil y respetuosa colaboración entre poderes y órdenes de gobierno, es necesaria.

Está encendida la alerta ámbar.

correo@beatrizparedes.org

Presidenta del CEN del PRI