Dicen reportes no confirmados que un comando militar venezolano compuesto por dos helicópteros se encuentra emplazado en la ciudad boliviana de El Alto. Su misión: esperar órdenes para sacar al presidente Evo Morales del país si el escalamiento de la crisis en la que se debate esa nación andina hace temer por la integridad del mandatario.

No importa si esa versión es cierta o es falsa. Porque en cualquier caso indica en qué punto están las cosas en Bolivia, un país en el que la polarización ha llegado a extremos en los cuales el estallido de la violencia generalizada es una posibilidad real.

El domingo Morales sufrió su quinta derrota electoral de los últimos dos meses. Esta vez el descalabro fue aún más doloroso, si se tiene en cuenta que el oficialista MAS (Movimiento al Socialismo) perdió las elecciones por la prefectura (gobernación) de Chuquisaca con una disidente suya, y para más señas, tan indígena como el propio Evo: Davina Cuéllar, cuyas credenciales populares son incuestionables, pues se ganaba la vida como vendedora de ropa usada y no hace mucho que aprendió a leer y escribir en español.

El triunfo de Davina Cuéllar es particularmente significativo, porque implica una ruptura con el marco de la confrontación indígena-oligarquía mestiza que ha sustentado la propuesta política de Evo Morales desde que llegó al poder a finales de 2006. Y ratifica que el país se aleja de la posibilidad de recomponer la gobernabilidad, en momentos en que hasta la propia unidad nacional se encuentra en entredicho.

En efecto, desde mayo pasado los dirigentes regionales convocaron y realizaron referendums autonómicos para cambiar las reglas del juego de las relaciones entre los departamentos y el gobierno central. Sucesivamente la “media luna boliviana”, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, las provincias más ricas del país y en las que se concentran las reservas de gas y petróleo, así como las lucrativas siembras de soya, votaron en forma abrumadora para aflojar los controles centralistas, establecer asambleas departamentales y determinar y cobrar sus propios impuestos.

Para Morales y su vicepresidente Alvaro García Linera, los referendums autonómicos son ilegales, y forman parte de una conspiración de las elites tradicionales que buscan perpetuar sus privilegios frente al proceso de reformas a fondo del país adoptadas por una asamblea constituyente en diciembre pasado. Se trataría amenazar con la desintegración territorial para evitar las reformas constitucionales en curso que incluyen temas como la nacionalización de los recursos naturales, la reforma agraria y la mayor participación politica y económica de las mayorías aborígenes. Reformas que deberán ser aprobadas por plebiscito en el curso de este año

Pero para los líderes autonomistas, como el prefecto de Tarija, Mario Cossio, y del Beni, Ernesto Suárez, el proyecto de nación de Evo es excluyente para la población no indígena. En efecto, en el corazón de la nueva Carta Magna está otro concepto de autonomía, ésta para los llamados “pueblos originarios”, en referencia a las 37 comunidades indígenas del país. Este esquema de división territorial, que corresponde básicamente a la organización prehispánica, entra, por definición, en conflicto con las estructuras existentes desde la creación de la república en 1826.

Los opositores denuncian además que la Asamblea Constituyente aprobó los artículos de la nueva Carta en medio de disturbios, en una sesión cerrada y sin la presencia de la bancada opositora, que vio cómo se abría paso a pupitrazo la aprobación por mayoría simple de reformas de la mayor trascendencia. Todo lo cual habría conducido al liderazgo de la “Media luna”, en la cual la presencia indígena es sensiblemente menor, a proponer, casi en defensa propia, su propio concepto autonómico

Por todo eso, lo que está de por medio en Bolivia es nada menos que dos concepciones radicalmente opuestas del país. La de los líderes departamentales se puede interpretar como una reivindicación del nacionalismo boliviano, que desde sus orígenes en la guerra del Chaco, y tras su triunfo en la revolución de 1952, bajo el comando de Víctor Paz Estenssoro proclamaba al mestizaje como la base de la verdadera nación.

Ese esquema, que se fundamentaba en la alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario y el sindicalismo de la Central Obrera Boliviana, colapsó en los años 80, y fue reemplazado desde 1985 por la ”democracia pactada”, una coalición de partidos tradicionales que también fracasó desde 2000 en medio de una turbulencia creciente: guerra del agua en Cochabamba, guerra del gas en El Alto, decenas de personas muertas a manos de las autoridades en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, quien salió al exilio, gobiernos provisionales de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez…

Fue en esas circunstancias que Bolivia llegó a elegir a Evo Morales a finales de 2005. Su llegada fue recibida con beneplácito por un país cansado de la inestabilidad. Pero aunque es imposible poner en tela de juicio la legitimidad del Presidente, ni la justicia de las reivindicaciones de la población originaria, sus propuestas de radicalismo indígena no podían hacer otra cosa que alienar a los no aborígenes. En este punto, algunos analistas han comparado su papel con el de Nelson Mandela en Suráfrica. Señalan que, a diferencia de éste, que ofreció una visión de país incluyente aún para la minoría blanca, Evo se ha inclinado por una postura vindicativa que nada ofrece a los departamentos no indígenas, sobre todo a la rica e importante Santa Cruz.

Y las turbulencias comienzan a arrastrar nuevas reivindicaciones. Davina Cuéllar es un buen ejemplo, pues para su departamento de Chuquisaca la aspiración es política: quieren recuperar para Sucre la capitalidad plena, que la ciudad perdió en la guerra civil de 1899. Desde entonces los poderes ejecutivo y legislativo funcionan en La Paz, aunque la capital sigue siendo aquella.

Bolivia se debate, pues, entre dos formas de ver el país que parecen irreconciliables. A pesar de todo, la secesión es improbable, no solo porque el ejército se ha declarado defensor de la unidad nacional, sino porque en el contexto regional, un proyecto como ese solamente tendría éxito con el apoyo de Argentina y Brasil, los grandes socios de la media luna boliviana. Y ambos países, que tienen gobiernos socialistas cercanos a Evo, están lejos de querer involucrarse en semejante empresa.

Lo cual deja el tema en manos de la capacidad de llegar a un consenso con la ayuda de los mediadores, la Iglesia, la OEA y los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia. Pero el gobierno ha declarado que solo se sentará a dialogar luego del referéndum revocatorio del 10 de agosto, que convocó para ratificar la legitimidad tanto del Presidente como de los nueve prefectos, en una jugada audaz destinada a sacar del juego a la dirigencia autonomista. Esta rechaza esos comicios, a los que califica de inconstitucionales. Y sostiene que el gobierno juega con ventaja, pues tiene a su favor la norma según la cual la revocatoria debe superar la votación original, lo que juega a favor del presidente y en contra de varios de los prefectos. Agrupados en el Consejo Nacional Democrático, ofrecen un acuerdo de unión y reconciliación nacional que proscriba cualquier posibilidad de secesión a cambio de que el gobierno acepte las medidas unilaterales aprobadas en cada departamento.

Pero Evo y su gobierno están convencidos de que el referendum revocatorio es la salida, aunque, en el fondo, no hará más que ahondar la division. Y congelar el diálogo hasta entonces mientras crecen los sangrientos enfrentamientos entre juventudes derechistas cruceñas y grupos indigenistas, podría ser muy tarde.