Dicen que al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Pues bien, a los críticos del Plan Colombia les acaba de aparecer una nueva versión: la Iniciativa Mérida. Con este nombre menos sonoro, pues antes se llamaba Plan México, la semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobó las apropiaciones presupuestales para entregarle a ese país, y a otros de la región en menor cuantía, hasta 1.600 millones de dólares de apoyo a la lucha contra el narcotráfico a lo largo de los próximos tres años. La ayuda no consistirá en dinero en efectivo, sino en equipos y respaldo logístico.

La idea, en el caso de México, es que este país adquiera aviones de transporte, helicópteros y equipos de alta tecnología para detener tanto el flujo de cocaína hacia Estados Unidos como el de armas que vienen desde allí. El gobierno y muchos mexicanos recibieron con alborozo la noticia, porque se produjo en momentos en que corre como nunca la sangre en ese país por cuenta del narcotráfico. Precisamente el jueves 3 de julio otro alto mando policial fue baleado en Ciudad de México, el cuarto en los últimos dos meses. Se trata de bajas sufridas en la guerra que desde diciembre del año pasado el presidente Felipe Calderón lanzó contra los carteles de la droga. En ese lapso se han presentado más de 4.000 muertos, entre las cuales hay no menos de 400 miembros de la fuerza pública, entre soldados y policías.

Esta explosión de violencia puso al establecimiento político mexicano ante la realidad de que el problema de narcotráfico hace mucho rato que se le salió de las manos. El problema es de tal magnitud, que se convirtió en la justificación para que el gobierno conservador lograra venderles a sus conciudadanos una idea para la cual nunca había existido ambiente en ese orgulloso país: que Estados Unidos interviniera en sus asuntos internos.

No fue una tarea fácil, pues cuando se comenzó a hablar del plan de ayuda, en la visita de George W. Bush a México y Guatemala en marzo de 2007, Washington hizo exigencias que se antojaron demasiado severas. Con su tradicional doble rasero, el gobierno de Estados Unidos exigía cumplir estrictos estándares de respeto a los derechos humanos para entregar su apoyo. Como ello incluía cambiar normas internas, como que los oficiales acusados respondieran ante la jurisdicción ordinaria, a los mexicanos les parecía de una ingerencia exagerada. Como siempre, la solución no hizo felices a todos. Al final se aprobó una versión mucho menos estricta, lo que satisfizo a los políticos pero aterró a los defensores de derechos humanos

Calderón también pudo presentar la aprobación de la Iniciativa como un triunfo de principios, porque con ella la potencia del norte, según el gobierno mexicano, aceptó por fin que el problema del narcotráfico es multinacional y debe ser afrontado con el principio de la corresponsabilidad entre países proveedores y consumidores.

Sin embargo esa visión puede ser, en el fondo, ilusoria. Puede decirse que el plan es un gesto de apoyo a Calderón por su enorme compromiso de acabar con los carteles, que hasta ahora le ha costado a México varios miles de millones de dólares, sin hablar del precio en vidas humanas. Pero también se puede señalar que la ayuda en realidad es una larga lista de compras de productos, tecnologías y servicios a ser proveídas por empresas de Estados Unidos. O sea que en el fondo no hay tanto esfuerzo porque la plata no va a salir de allá. Y, por otro lado, ¿qué tanta solidaridad con la violencia proveniente del narcotráfico puede haber, si el gobierno de Washington no es capaz de controlar y restringir las ventas de la industria de armas cortas, principal proveedor de los carteles mexicanos, gracias a su poderoso lobby, la Asociación Nacional del Rifle?

Porque además la Iniciativa de Mérida, como apoyo clave para la guerra de Calderón, implica que el Ejército permanezca involucrado en la lucha contra las drogas, algo que ya preocupa a muchos por la posibilidad de que la capacidad de corrupción de esa actividad afecte también a las fuerzas armadas, una institución relativamente libre de ese flagelo.

En ese sentido, observadores como Kent Patterson, del Center for International Policy, sostienen que esa presencia militar nada garantiza en términos de supresión del narcotráfico, como quedó demostrado en el plan Colombia, donde a pesar de las cifras de erradicación de sembrados y de destrucción de laboratorios, los resultados nunca han sido proporcionales a la dimensión de los esfuerzos y de los efectos sociales negativos. Patterson señala cómo, por ejemplo, la Operación Conjunta Chihuahua, una de las acciones más importantes, lanzada el 27 de marzo pasado, presentó un balance pobre, unas 70 personas detenidas, 31 toneladas de marihuana confiscadas, unos cuantos kilos de cocaína y heroína, y ni un solo gran capo tras las rejas.

A cambio, la violencia adquirió en varias regiones niveles nunca vistos incluso en localidades tan caracterizadas por ese flagelo como Ciudad Juárez. No solo se dispararon las denuncias por violaciones a los derechos humanos de parte de los soldados, sino que murieron de uno y otro lado 1.751 personas en lo que va corrido del año. Los carteles, lejos de amilanarse por la ofensiva militar, han hecho llamados públicos a enrolarse en sus filas, incluso dirigidos a los soldados, mientras los asesinatos adquieren características horrendas.

Por todo eso, no son pocos los mexicanos preocupados con la caja de Pandora que pudo haber sido abierta al involucrar a Estados Unidos en la represión del narcotráfico. No solo mencionan el simbolismo de que la partida presupuestal haya sido aprobada como parte de un paquete legislativo en el que también se incluyen partidas para Irak y Afganistán. También les preocupa que el plan involucra a México en la guerra contra el terrorismo.

En todo caso no resulta una coincidencia que el gobierno de México sea, con el de Colombia, el major aliado de Estados Unidos en un subcontinente dominado por presidentes poco afectos a Washington. Bush, con su mandato agonizante, habría conseguido con la Iniciativa Mérida algo que ya hizo con Colombia: usar la guerra contra la droga no necesariamente para combatir a una actividad que involucra toda clase de flagelos sociales, sino como una forma de asegurar el apoyo de los Estados que le interesan para sus fines estratégicos. Sin que, en el fondo, le importen mucho los daños que se causen en el país receptor de tan generosa ayuda para una causa muy poco menos que perdida.