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16/05/2005 | En la Argentina, el contrato social se ha quebrado

Carlos Escudé

Una burguesía depredadora y una clase política delictiva, obrando de consuno, han violado reiteradamente los derechos de propiedad de las grandes mayorías argentinas para beneficiar a una minoría muy poderosa, haciendo añicos el contrato social que es la fuente de legitimidad del orden.

 

Esta es la única conclusión que puede extraerse del hecho de que el nuestro es un país que por lo menos desde la primera mitad de la década de los ’70 ha sido sometido a golpes de timón que redistribuyeron el ingreso y la riqueza de una manera súbita e inconstitucional, perpetrándose desde el Estado masivas violaciones del derecho de propiedad de las grandes mayorías.

En tiempos de Isabel Perón recordemos las tasas de interés real negativas, la infame “bicicleta financiera” y finalmente el “Rodrigazo” que arbitrariamente congeló sueldos y aumentó precios. En aquellos tiempos uno podía comprar depreciados bonos argentinos en Nueva York al 5% de su valor facial y darlos en garantía para créditos al Estado argentino, que reconocía el 100% de ese valor. Posteriormente uno incumplía con el pago, perdía los bonos y embolsaba una enorme diferencia que seguramente depositaba en el exterior. Así se transfería riqueza de las mayorías a pequeñas minorías con acceso a información privilegiada. Fueron flagrantes violaciones del derecho de propiedad.

Posteriormente, estas transgresiones inconstitucionales incluyeron las estatizaciones de la deuda privada producidas en 1982, 1985 y 2002, y las confiscaciones de depósitos producidas en 1989 y 2001. Esta macro-corrupción, así llamada porque instantáneamente cambia el perfil macroeconómico del país, estuvo presente en todos los gobiernos, peronistas y radicales, militares y democráticos. Reiteradamente, un Estado colonizado por intereses privados espurios ha trasladado al colectivo nacional las deudas de minorías poderosas.

A la vez, la legislación argentina, que permite la existencia de empresarios ricos con empresas quebradas, facilitó los procesos de vaciamiento que engendraron el contradictorio perfil de esta república. Ciertamente, poseemos un territorio que es casi del tamaño de la India, una población 28 veces menor, pero una deuda más de dos veces mayor. No obstante, si sumamos a nuestras cuentas nacionales los activos en el exterior de una pequeña masa de decenas de miles de ciudadanos particulares, descubrimos el perfil de un acreedor neto. Se trata de una sociedad acreedora cuyo Estado no puede pagar sus deudas, y cuyos niveles de miseria y desempleo han crecido geométricamente en el último medio siglo.

Por sus consecuencias disruptivas de la actividad económica, los ciclos de vaciamiento y las reiteradas violaciones del derecho de propiedad de las mayorías fueron la principal causa de la miseria y el desempleo masivo que hoy conocemos. Junto con estos emergentes, la gobernabilidad disminuyó y surgieron “instituciones subterráneas” que ocupan espacios y funciones que teóricamente corresponden al Estado. Entre éstas se encuentran las organizaciones piqueteras, que nacieron con las violentas usurpaciones de tierras urbanas de mediados de la década del ’80, en pleno gobierno de Alfonsín; que crecieron y comenzaron a usar sus tácticas actuales (el piquete) gracias al sideral aumento del desempleo de tiempos de Menem, y que finalmente fueron convertidas por De la Rúa en respetables ONGs con el derecho de distribuir los planes sociales que extorsivamente obtienen del Estado.

Ésta es apenas la punta del iceberg. El daño ocasionado a las instituciones formales de la república por la acumulación de ciclos de vaciamiento sólo fue claramente visible cuando dos presidentes constitucionales, De la Rúa y Rodríguez Sáa, fueron derrocados por sendos golpes civiles perpetrados por caudillejos políticos con poder de manipulación sobre las instituciones subterráneas.

Para peor, una vez que la pérdida de gobernabilidad se hizo patente, la política exterior sufrió un colapso. Ciertamente, si un gobernante democrático, programado para ganar elecciones, sabe que puede terminar como Fernando de la Rúa, optará siempre por la racionalidad populista de corto plazo que conduce, por ejemplo, a incumplir con los acreedores. Esto a su vez condiciona la búsqueda de aliados externos. Castro y Chávez serán más propensos a apoyar un desafío al orden financiero global que Bush y Blair. Más aún, dada la escasa gobernabilidad, ¿quién es el mejor proveedor de seguridad frente a las expansivas FARC colombianas, que exportan la industria del secuestro? Sin duda que el venezolano Chávez, que es aliado de los narco-insurgentes.

Por lo tanto, para entender las limitaciones que operarán en los próximos años sobre la política argentina es necesario desarrollar una teoría sistémica del ‘Estado parasitario’. Éste es un tipo de Estado hasta ahora no identificado, que representa un peligro simultáneo para sus propios ciudadanos (a los que condena a pobreza creciente) y para el sistema financiero global (que no podría sobrevivir si su ejemplo cundiera).

Estos son los temas que toco en mi reciente libro “El Estado Parasitario: Argentina, ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior”. Creo que es un diagnóstico válido de porqué nos pasa lo que nos pasa.

Fundación Atlas 1853 (Argentina)

 


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07/11/2005|

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